Pobre soberanía nacional
«La soberanía nacional será secuestrada y vejada por un grupo de independentistas catalanes y de verificadores a sueldo, amigos suyos y secretos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En esta farsa de supuesta reconciliación y vuelta a la convivencia que intenta vendernos Pedro Sánchez con su ley de amnistía y sus pactos con los independentistas catalanes hay varias víctimas heridas de gravedad. La primera, el estado de derecho que va a resultar tan violentamente afectado que tardaremos años, sino lustros, y esperemos que solo sea eso, en volver a recuperar el equilibrio institucional de un país democrático.
El poder judicial venía siendo erosionado de manera constante, y no leve, desde hace años. Recordemos que la parálisis de la renovación del CGPJ con la que juegan PSOE y PP provoca en cascada un vaciamiento de muchas e importantes instancias judiciales. Puestos que quedan vacantes y que no son rellenados. Tenemos el poder judicial como un queso gruyere a punto de descomposición. Y ahora Sánchez lo quiere convertir en queso en polvo a su servicio.
Una ley de amnistía que en el fondo supone una declaración de prevaricación generalizada contra todos los jueces y magistrados que juzgaron en distintos órganos el intento de golpe de estado del procès. Una ley de amnistía que viene a decir que juzgaron algo que no es delito. Lo mismo pasa con los agentes de las distintas fuerzas de seguridad del estado que participaron en la defensa del orden constitucional. La paradoja de que decenas de ellos iban a ser ahora juzgados porque en un estado de derecho la ley permitía que los independentistas los pudieran denunciar por supuestos hechos violentos. Es tan aberrante la ley de amnistía que los quiere incluir entre los afectados y ellos se niegan a ser incluidos. Los agentes prefieren ser juzgados y demostrar en sala judicial, que no violaron la ley, sino al contrario, que la defendieron.
Siendo gravísimo esta voladura del estado de derecho, de la independencia del poder judicial y de la igualdad de los españoles ante la ley, no lo es menos la luz de gas que ha sufrido el poder legislativo en los últimos años con un gobierno que a golpe de decretos leyes ha convertido el Congreso en un mero microondas que recalienta para que el BOE los publique, los proyectos del gobierno. Ya en la anterior legislatura, durante la tramitación de los los indultos, la derogación del delito de sedición o la rebaja del de malversación, el papel del Congreso quedó reducido a la nulidad vergonzante de impedir cualquier tipo de asesoramiento o control.
Y con la ley de amnistía Sánchez sube la apuesta. Si con la anterior presidenta, Meritxell Batet, el Congreso parecía a las órdenes de la Moncloa, ahora con la actual, Francina Armengol, es ya una mera dependencia más de la Presidencia del gobierno. Desaparecida la figura de un presidente de la Cámara Alta que sepa y crea en sus funciones, lo que tenemos es una obediente militante que ya avisa que la tramitación de algo tan crucial y complejo y tan controvertido como la amnistía se va a tramitar sin informes previos del Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Tampoco de la Fiscalía. Debe de ser para compensar porque el informe que podría perpetrar la fiscalía comandada por Álvaro García Ortíz, otro entusiasta que ha olvidado sus deberes como fiscal general del Estado, podría ser un panegírico de adulación a los deseos del César que siempre quedaría en los archivos de la vergüenza.
«La solemne sesión de apertura de las Cortes fue más propia de un mitin socialista de fin de semana que de un acto tan institucional»
Sin informes y sin tiempo. Pronto veremos que en cuanto se tome en consideración la proposición de ley solo habrá 24 horas para presentar enmiendas. Y mucho me temo que el texto presentado en su día a la opinión pública no será el mismo y veremos nuevas aberraciones. Y contra ellas, la oposición solo tendrá un día para analizar y redactar enmiendas. Tarea inútil pero imprescindible para una oposición digna y ética.
Armengol ha vuelto ahora a demostrar su fidelidad a su líder Pedro Sánchez. Si el presidente dijo querer elevar un muro y así ser sólo el presidente de la mitad de los españoles, la presidenta del Congreso ha hecho lo mismo con un discurso ante Felipe VI en la, hasta hoy, solemne sesión de apertura de las Cortes más propio de un mitin socialista de fin de semana que de un acto tan institucional.
Y peor todavía. Esa anestesia del poder legislativo no es nada comparable con el secuestro de la soberanía nacional que vamos a sufrir. Supuestamente, o eso decía la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español, y de ella emanan los poderes del Estado.
Supuestamente. Desde el próximo sábado 2 de diciembre, los poderes del Estado dependerán de una mesa a 1.400 kilómetros de Madrid. A 1.400 kilómetros del poder ejecutivo de Moncloa, del poder legislativo de la Carrera de San Jerónimo o del poder judicial de la calle Marqués de la Ensenada. El 2 de diciembre unos negociadores secretos socialistas intentarán recibir el visto bueno a su política de unos negociadores independentistas bajo la supervisión de un verificador, o cuatro, todos secretos e internacionales, por supuesto.
El control al ejecutivo no lo hará el poder legislativo ni el judicial. Lo va a hacer un grupo de prófugos que quieren la ruptura de España. Y lo va a hacer con la convivencia, a sueldo, de supuestos verificadores internacionales amigos de guerrillas y que ya intentaron ser protagonistas en el fin de ETA.
La soberanía nacional será secuestrada y vejada por un grupo de independentistas catalanes y de verificadores a sueldo, amigos suyos y secretos. Desde el sábado ellos dirán lo que ha hecho bien o mal el sumiso gobierno del sumiso partido socialista. Nos han secuestrado la soberanía nacional y ni siquiera piden rescate. Saben que con sus siete votos la pueden retener todo el tiempo que Sánchez aguante. Pobre soberanía nacional.
