Hacia un clientelismo fiscal en Cataluña
«Ceder la inspección de los impuestos estatales a la Generalitat supone concederle un nuevo y poderoso arma para acallar las voces contrarias a la independencia»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ya sabemos que la amnistía para los políticos que delinquieron gravemente durante los acontecimientos relacionados con el referéndum ilegal de 2017 es una exigencia de Puigdemont a Sánchez que éste se ha tragado según ha reconocido explícitamente. Sabemos asimismo que existen otras exigencias también alarmantes que han podido ser ya aceptadas, aunque no se reconozca así, o que pueden estar en trance de aceptarse con motivo de las sucesivas ocasiones en las que Sánchez necesite los votos de los diputados de Puigdemont o de Junqueras. Entre ellas, la exigencia de que la Generalitat gestione el 100% de los impuestos que se paguen en Cataluña.
Se ha comentado ya en varias ocasiones —yo mismo lo he hecho— que esta cesión pondría en peligro los recursos que nutren el Fondo Autonómico de Garantía de Financiación de los Servicios Públicos Básicos y, consecuentemente, la prestación de éstos en las 12 Comunidades Autónomas que son perceptoras del citado Fondo. Pero existe otro peligro no comentado hasta ahora y que consiste en el clientelismo fiscal que generaría. Como evidencia empírica del riesgo existente basta recordar lo sucedido con las escandalosas vacaciones fiscales que concedían las Diputaciones Forales de las provincias vascas.
Imaginemos ahora que, aceptada la exigencia independentista, fuera la Administración tributaria de la Generalitat la que gestionara, recaudara e inspeccionara el IRPF de todos los contribuyentes residentes en Cataluña. Es fácil imaginar que cada ciudadano que allí viviera y osara manifestarse públicamente en contra de la deriva independentista de su Gobierno regional afrontaría el riesgo de una inspección fiscal patriótica, no demasiado amistosa, por parte de unos funcionarios dependientes del citado Gobierno. Análoga reflexión puede realizarse en relación con las empresas domiciliadas en Cataluña cuya posición ante la presión independentista podría resultar influida por el peligro de enfrentarse a una inspección tributaria del Impuesto sobre Sociedades tan agresiva como la anterior.
Algunos me dirán que una inspección fiscal realizada por la administración tributaria de la Generalitat que no se adecuara a los criterios legales acabaría siendo inevitablemente anulada por los tribunales. Pudiera ser así, pero en el mejor de los casos y merced a la presunción de veracidad que se concede legalmente a las liquidaciones tributarias y a su consecuente ejecutividad —potestades desorbitadas de las que dispone el Fisco— el individuo o la sociedad residentes en Cataluña que sufrieran una inspección patriótica tardarían varios años en lograr la posible anulación judicial de sus efectos con los múltiples e innegables perjuicios subsiguientes. No nos engañemos, ceder la inspección de los impuestos estatales a la Generalitat catalana supone conceder a ésta un nuevo y poderoso instrumento de presión para acallar las voces de la parte de la población catalana contraria a la deriva independentista. Por eso lo exige Puigdemont, además de por quedarse con el importe recaudado.
«Con la cesión, la Generalitat dispondría de un nuevo instrumento para disuadir la salida de empresas de Cataluña»
No termina aquí el posible uso clientelista de la cesión exigida por Junts. Imaginemos ahora que, pasados unos años desde la cesión, cualquiera sociedad catalana decidiera cambiar su domicilio fiscal al otro lado del Ebro. En el momento en el que así lo decidiese, tendría cuatro ejercicios fiscales del Impuesto sobre Sociedades y 15 periodos impositivos del IVA pendientes de prescribir y por lo tanto susceptibles de ser inspeccionados patrióticamente por la administración tributaria catalana. No es difícil imaginar qué tipo de inspección fiscal sufriría por los citados impuestos y periodos y tampoco el efecto disuasorio que ello puede suponer. De modo que, con la cesión exigida por Puigdemont, la Generalitat dispondría de un nuevo instrumento ilegítimo para disuadir la salida de Cataluña de las empresas allí residentes.
En dirección contraria, es evidente que no pocos de los miembros del Consejo de Administración y de los directivos de las sociedades que en los últimos años se han ido de Cataluña son allí residentes por lo que, de consumarse la cesión que exige Junts, ellos serían contribuyentes de la Generalitat. Es fácilmente imaginable que un conjunto de inspecciones patrióticas o no amistosas del IRPF a los citados consejeros y directivos constituiría un arma para presionar la vuelta al redil de la sociedad que lo abandonó.
En definitiva, ceder a la exigencia planteada por Puigdemont en el acuerdo suscrito entre Junts y el PSOE, que éste no ha tenido a bien rechazar categóricamente y por lo tanto podría asumir, supondría una decisión claramente contraria a la solidaridad interregional tal como se ha escrito, pero significaría también entregar un poderoso instrumento al independentismo para que éste, ejerciendo un ilegítimo clientelismo fiscal, pueda seguir restringiendo la libertad de todos aquellos que no comulgan con sus pretensiones.
