Caza de togas
«La incapacidad patológica de Sánchez para asumir críticas ha degenerado en un revanchismo incompatible con la neutralidad institucional y el pluralismo»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ya dijo el filósofo Karl Popper que la democracia consiste en poner bajo control al poder político. Cuando esta máxima se pervierte y son los ciudadanos quienes pasan a estar controlados por los políticos, el ordenamiento democrático garantista se diluye y da paso a sociedades tribales, en las que la ley cede ante el dogma y la razón frente a la idolatría y el miedo. Nadie está más dispuesto a renunciar a sus libertades y arrojarse a los brazos de un líder mesiánico que un fanático.
Desde la política se alimenta el sectarismo y se potencia la polarización, dado que ambas constituyen la antesala de la sumisión: el odio y el temor transforman al adversario en enemigo y habilitan los excesos y arbitrariedades de los gobiernos. Los contrapesos independientes son consustanciales a las sociedades libres y abiertas, porque no sólo fiscalizan las decisiones del poder, sino que también protegen a la democracia de sí misma, evitando que se rinda ante quienes la quieren destruir.
Durante la pasada campaña electoral, el sanchismo abrazó con éxito la retórica del miedo, convirtiendo al socialismo en una tribu militante cuyo único propósito es que no gobierne la derecha, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. La incapacidad patológica de Sánchez para transigir con las críticas a sus decisiones ha degenerado en un revanchismo incompatible con la neutralidad institucional y el pluralismo político. Un veneno que ha logrado inocular a sus votantes, dispuestos a consentir tanto sus innumerables mentiras, como también las escandalosas desviaciones de poder que han apartado a España de la senda democrática del 78.
Que el presidente haya adoptado la narrativa procesista sobre el lawfare no sólo es una cuestión de conveniencia, sino también de convicción: la de quien considera que su voluntad es ley, algo que choca frontalmente con el principio de legalidad y con la separación de poderes. En su fuero interno, Sánchez aspira a controlar a quienes están llamados a controlarlo a él fiscalizando su labor al frente del Ejecutivo. La ley de amnistía es un paso más en ese camino hacia la tiranía, ya que torna al Gobierno en la instancia para decidir quiénes han de responder por sus crímenes ante los tribunales.
«No me cabe duda de que el nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, participará gustoso de esta cacería togada en ciernes»
Por eso no es ninguna sorpresa que haya aprovechado su primera entrevista como presidente del Gobierno en la televisión pública para respaldar las comisiones parlamentarias que investigarán a los jueces, revistiéndolas de una pátina de normalidad democrática. «Me ha sorprendido un poco la reacción política, porque las comisiones de investigación, según nos dice el art. 76 de la Constitución, y el art. 52 del Reglamento del Congreso de los diputados, sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales, no vinculan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración», declaraba Pedro ante la impertérrita Silvia Intxaurrondo. Y lo soltó como si nada.
Ya sabemos que una comisión parlamentaria no puede —todavía— revisar las resoluciones del poder judicial, pero sí que constituye toda una novedad que las vayan a usar para ‘abrir la veda’ contra los togados, a los que el gobierno y sus socios lanzarán a los fiscales cual perros de caza en busca de una presa que agrade a su amo. Un auténtico despliegue de macartismo parlamentario inaudito y antidemocrático, que debería convulsionar a todos los estamentos de la sociedad española comprometidos con la Constitución y hacer saltar las alarmas en la Comisión Europea, si es que de verdad han asumido entre sus cometidos el de velar por el respeto al Estado de Derecho.
En cualquier caso, no me cabe duda de que el nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, participará gustoso de esta cacería togada en ciernes, en especial tras haber sido marcado con la ignominia de ser el primero que accede a tal cargo sin el plácet del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los argumentos esgrimidos por el órgano de gobierno de los jueces es que, según el Supremo, incurrió en desviación de poder al nombrar a su intimísima amiga y antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala. Y todo esto el mismo día en el que ese Tribunal ha anulado también el nombramiento de la exministra socialista Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir con el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio. Qué mejor retrato de la política de colonización institucional del sanchismo que éste, ¿verdad?
Por cierto, ambas sentencias comparten ponente, Pablo Lucas. Y ya les digo yo a los de la conspiración de los fascistas con toga que no se molesten en rebuscar, porque es de los adscritos al denominado ‘sector progresista’. Tendrán que innovar, ya que el comodín del franquismo está muy manoseado, aunque lo sigan esgrimiendo a estas alturas como un as ganador.
