La criminalización de la judicatura

Los jueces juegan un papel fundamental en las sociedades democráticas, ya que su independencia, en tanto que garantía de su imparcialidad, no sólo se circunscribe a su relación con las partes, sino que se configura como una auténtica salvaguarda frente al ejercicio arbitrario del poder. Se garantiza así tanto el respeto a los límites constitucionales como el sometimiento del conjunto de los ciudadanos al ordenamiento jurídico, incluidos los poderes públicos. Por ello nuestra Carta Magna les confiere en exclusiva la potestad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado.

Es cierto que a muchos españoles les cuesta concebir la posibilidad de que por parte de las autoridades se ignoren e incumplan los pronunciamientos judiciales. Nuestra memoria democrática es mediata y parece agotarse en el año 2017, cuando un Gobierno autonómico intentó subvertir la legalidad en Cataluña mediante la celebración de un referéndum independentista y los autores acabaron condenados a penas que oscilaron entre los nueve y los 13 años de prisión. Pero el sanchismo se ha empeñado en reeditar los capítulos más oscuros de la historia del constitucionalismo español, emprendiendo una acometida contra el poder judicial cuyo objetivo no es otro que el de intervenirlo y controlarlo.

Que el independentismo catalán y vasco o la izquierda radical cuestionen la legitimidad de nuestro sistema judicial no es algo nuevo, amén de que su virtualidad como amenaza era ciertamente escasa. Ni tan siquiera la violencia terrorista consiguió doblegar a la judicatura. Pero que el partido socialista haya abrazado aquellos discursos y los haya convertido en uno de los ejes programáticos de esta legislatura sí que conforma un problema democrático de primer orden. La Constitución del 78 no está preparada para resistir y combatir los embates de uno de los principales responsables de su alumbramiento. Es por ello que España vive un momento tan crítico como incierto.

Sánchez ha convencido a una parte sustancial del electorado de que los problemas de Cataluña no han sido provocados por una clase dirigente fanática, irresponsable y corrupta, sino por el cumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales, a las que achaca la fractura de la paz social con el objetivo declarado de hacer pasar la impunidad a los delincuentes independentistas como garantía de concordia. Pocos mensajes más peligrosos que el de disociar la convivencia del respeto a la legalidad, pues tanto la igualdad que consagra el art. 14 de la Constitución, como la propia legitimidad del Estado democrático radican en que todos respondamos ante los tribunales de justicia por nuestros actos.

«Las primeras presas togadas a abatir por las comisiones parlamentarias ya tienen nombre y apellidos»

A Sánchez no le bastó con indultar a los responsables del procés, derogar la sedición o rebajar la malversación: sus pactos con el independentismo persiguen criminalizar a la judicatura española, además de institucionalizar el olvido de los graves delitos cometidos por cientos de personas durante aproximadamente una década y cuestionar las sentencias por las que fueron condenados. Desde la investidura proliferan los discursos políticos y mediáticos que invocan el lawfare con la pretensión indisimulada de desprestigiar al poder judicial, al que representan como una casta reaccionaria y caduca antagónica con la soberanía popular, hasta el punto de que lo acusan de atreverse a revertir algunas de las decisiones adoptadas por los representantes de la gente.

El acuerdo de investidura suscrito por el PSOE con Junts pactando la creación de comisiones parlamentarias –que harán las veces de tribunales populares que enjuicien a los jueces– ha empezado ya a materializarse en acusaciones que anticipan la normalización del incumplimiento de las sentencias y la persecución de los juzgadores díscolos. Las declaraciones gubernamentales cuestionando las sentencias del Tribunal Supremo que anulan los nombramientos arbitrarios de Dolores Delgado como fiscal de Sala y de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado fueron la antesala del señalamiento protagonizado esta semana por Míriam Nogueras desde la tribuna del Congreso.

La portavoz de Junts puso en la diana política a Manuel Marchena, a Pablo Llarena, a Carlos Lesmes o a Carmen Lamela ante la insólita tolerancia de la presidenta del Congreso y el silencio vergonzante de la bancada socialista. Las primeras presas togadas a abatir por las comisiones parlamentarias que están a punto de conformarse ya tienen nombre y apellidos. 

La gravedad de las palabras de la diputada catalana, socia del actual Gobierno de coalición, no puede despacharse únicamente con los comunicados emitidos por el presidente del Tribunal Supremo o la mayoría del CGPJ: la Fiscalía General del Estado, que tan presta se ofrece a estudiar cualquier declaración que el PSOE denuncie como delito de odio, debería haber abierto ya diligencias, sin que la inviolabilidad parlamentaria pueda servir de excusa, pues se trata de una figura que no puede ser utilizada para fines que no le son propios: los fanáticos e intolerantes no pueden explotar a su favor las instituciones democráticas para difundir mensajes que persigan su destrucción (art. 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).