El atentado contra Carrero y sus víctimas olvidadas
«El sumario del caso es un documento clave que, junto a otras fuentes, permite explicar lo que ocurrió sin necesidad de recurrir a teorías de la conspiración»
Imagen de archivo que muestra la destrucción causada por el atentado contra Carrero Blanco. | Europa Press
Sobre las 9.30 horas del 20 de diciembre de 1973 se produjo una potente explosión bajo el vehículo oficial de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno franquista. El Dodge Dart se elevó entre 35 y 40 metros para caer en el interior de un edificio propiedad de la Compañía de Jesús.
Hubo tres muertos: el almirante, su chófer, José Luis Pérez Mogena, y uno de sus escoltas, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández. Estas dos últimas víctimas y los siete heridos (entre ellos dos niñas) fueron y continúan siendo los grandes olvidados. Por eso conviene recordar que Pérez Mogena, madrileño de 33 años, tenía mujer y dos hijos; y que Bueno Fernández, originario de Maranchón (Guadalajara), de 51 años, estaba casado y tenía un hijo. Nacido en Santoña 70 años antes, Carrero tenía mujer y cinco hijos.
El ingeniero jefe de Gas Madrid descartó la posibilidad de una fuga. Tampoco era un accidente. Las Fuerzas de Orden Público (FOP) descubrieron una galería subterránea de seis metros de longitud que iba desde el centro de la vía al sótano del número 104 de la calle Claudio Coello. Había sido un atentado. Ese mismo día ETA lo reivindicó mediante un comunicado. La organización confirmaría su autoría en una rueda de prensa.
Las FOP realizaron una investigación exhaustiva del caso, que permitió identificar a sus autores materiales. Sin embargo, no pudieron arrestarlos: los etarras pasaron un mes escondidos en Madrid y luego, huyeron a Francia. En enero de 1974 el juez envió una orden de detención al país vecino, pero el Ministerio de Exteriores francés se negó. Solo tras la matanza de la cafetería Rolando en septiembre de 1974, se detuvo a los cómplices con los que ETA había contado en la capital de España. Más adelante cayeron algunos de los dirigentes de la banda que habían estado allí.
«El frente militar de ETA decidió secuestrarlo. A cambio de su vida, la banda exigiría la libertad de sus presos»
La acumulación de pruebas, informes y declaraciones dio lugar a una causa judicial de 3.009 folios, más dos piezas separadas, una de 128 folios y otra de siete. El sumario es un documento clave que, junto a otras fuentes, nos permite explicar lo que ocurrió sin necesidad de recurrir a teorías de la conspiración.
ETA llevaba en Madrid al menos desde 1971. Ese año José Miguel Beñarán (Argala) conoció a Eva Forest, una extremista que tejió a su alrededor una red de apoyo al terrorismo. Su labor fue crucial para llevar a cabo tanto el magnicidio como el atentado de Rolando, que costaría la vida a 13 personas. Otros proyectos fueron un fiasco, como el secuestro del presidente de Petronor y el asesinato de un periodista de Abc.
Según algunas versiones, en septiembre de 1972 un misterioso desconocido facilitó a ETA una nota manuscrita: el vicepresidente Carrero Blanco asistía diariamente a la misa de las 9:00 horas de la Iglesia de San Francisco de Borja. No sabemos quién era aquel hombre. No es descartable que no se tratara más que de un truco narrativo para encubrir a Eva Forest. De cualquier manera, como los historiadores Antonio Rivera y José Antonio Castellanos cuentan en el último episodio del pódcast Sierra Delta, aquella información no era precisamente un secreto de Estado. Incluso el domicilio de Carrero aparecía en la guía telefónica.
Tras realizar tareas de vigilancia, los miembros de ETA se dieron cuenta de que el almirante seguía la misma rutina diaria y que tenía poca protección. Se trataba de un blanco fácil. El frente militar decidió secuestrarlo. A cambio de su vida, la banda exigiría la libertad de sus presos, algo a lo que difícilmente accedería Franco. Distintos etarras fueron turnándose en Madrid. Estudiaron el itinerario de Carrero, las salidas de la iglesia y el tráfico. También adquirieron un piso en Alcorcón, en cuyo interior se construyó una cárcel del pueblo.
La fecha límite para el secuestro era el 18 de julio de 1973, pero en junio Franco nombró a Carrero Blanco presidente del Gobierno y el almirante dejó de acudir a la iglesia con la misma asiduidad. En julio los etarras se trasladaron a Francia para participar en una asamblea. A su regreso Carrero había retomado su rutina, pero se habían añadido más agentes y un vehículo a su escolta. Juzgando el secuestro demasiado arriesgado y sin consultar al resto de la dirección de ETA, el frente militar decidió matar al presidente.
En otoño la organización lanzó una ofensiva en el País Vasco para desviar la atención de las FOP. En septiembre una bomba voló la plaza de toros de Villarreal de Urrechua. En octubre se colocaron 75 kilogramos de explosivo bajo un puente a la salida de San Sebastián, pero fueron descubiertos por unos niños. También fracasó el comando que en noviembre intentó secuestrar al embajador de España ante las Comunidades Europeas en su domicilio de Bruselas.
Mientras tanto se trasladaron grandes cantidades de explosivo a la capital de España. A mediados de noviembre ETA adquirió un sótano en la calle Claudio Coello. Los terroristas excavaron una galería que atravesaba la cimentación y los muros de la fachada. Cuando los vecinos se quejaron por el ruido, uno de los etarras alegó que era escultor y que estaban reparando la vivienda. En la tarde del 19 de diciembre un terrorista colocó un cable que salía del sótano. Dijo que estaba preparando una línea de teléfono.
«El comando colocó tres cargas de 25 kilogramos de explosivo cada una bajo el firme de la calle»
El comando Txikia, formado por Argala, Javier Larreategui (Atxulo) y Jesús Zugarramurdi (Kiskur), colocó tres cargas de 25 kilogramos de explosivo cada una bajo el firme de la calle. Además, aparcaron en doble fila un automóvil con una bomba de 9,25 kilos, que no llegaría a detonar. El 20 de diciembre de 1973, cuando el vehículo de Carrero Blanco pasaba por encima del lugar señalado, Argala activó el artefacto.
La sorpresa de las FOP y los servicios secretos fue total. Por un lado, la única amenaza terrorista activa en Madrid era la del FRAP, cuyos integrantes utilizaban armas blancas. ETA era un problema menor y localizado en Euskadi. Por otro, el sistema de seguridad de las élites franquistas era anacrónico y falló. Los servicios de información y las FOP carecían de formación, así como de medios humanos y materiales. Además, su prioridad era vigilar a la Iglesia, el movimiento estudiantil, los sindicatos clandestinos y el comunismo.
El mito del magnicidio le sería muy rentable a ETA. Pero, aunque la propaganda de la izquierda abertzale lo presentó (y todavía lo presenta) como su contribución a impedir un franquismo sin Franco, la organización terrorista no perpetró el atentado por eso, sino que tenía sus propias razones. Una, el nombramiento de Carrero como presidente dificultó su plan original de secuestrarlo. Otra, el puro oportunismo: la banda contaba con información, medios y voluntad para hacerlo. Y la última, la más importante, el asesinato del presidente respondía a la estrategia de acción-reacción-acción que guiaba a ETA: buscaba provocar la máxima represión posible por parte de la dictadura.
Tras el magnicidio, el director de la Guardia Civil dictó una orden autorizando a sus hombres a usar las armas «caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden». Los ministros de Gobernación y del Ejército le ordenaron revocarla, pero en la madrugada del 21 de diciembre, durante el registro de un edificio, un agente disparó a Pedro Barrios González, un madrileño de 19 años que volvía del trabajo. El joven murió como resultado de sus heridas el 5 de enero de 1974. Era un mal augurio para el nuevo Gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, que nació prometiendo reformas (el «Espíritu del 12 de febrero») pero no tardaría en recurrir a la represión más feroz.
