Por la deuda pública hasta el 'default'
«Para pagar los intereses de lo que se debe, el Gobierno de Sánchez opta porque España se endeude aún más, una regla de conducta absurda e irresponsable»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Es frecuente leer y escuchar en los medios de comunicación noticias, crónicas y análisis que describen y estudian los problemas que acucian a aquellos españoles que son deudores hipotecarios como consecuencia de la subida del tipo de interés que se aplica a su deuda. Sucede que, debido al citado aumento, al deudor le resulte imposible hacer frente al pago de la cuota mensual conformada por la suma de los intereses y la amortización del principal. Si tiene suerte y su situación financiera lo permite puede lograr la refinanciación de su deuda. En caso contrario pierde la titularidad del inmueble originario de su endeudamiento.
El panorama es diferente si hablamos de la deuda del Estado. Aunque la subida del tipo de interés también encarece los gastos financieros que ha de asumir, él no tiene en principio un acreedor que le obligue a reducir su nivel de endeudamiento. Amparado en esta circunstancia, el Estado puede pagar los intereses de su deuda asumiendo todavía más deuda. El ejemplo lo tenemos en el caso español, en el que para pagar los aproximadamente 32.000 millones de euros que van a suponer los gastos financieros en 2024, el Estado proyecta aumentar su deuda en 60.000 millones de euros, la diferencia entre ambos responde al resto del déficit público previsto. En resumen, para pagar los intereses de lo que se debe, el Gobierno de Sánchez opta porque España se endeude aún más, hasta el punto de prever que nuestra deuda pública en 2024 llegue al entorno del billón seiscientos cincuenta mil euros, ¡casi nada!
Mediante la absurda e irresponsable regla de conducta que he expuesto, nuestra deuda pública no para de crecer. Basta un solo dato para proporcionar una idea del ritmo de su crecimiento. En 1982, cuando Felipe González alcanza el Gobierno, la deuda pública por español era 834 euros lo que, en función de la evolución del IPC, equivale a 2.810 euros de hoy. Poco más de cuarenta años después, nuestra actual deuda publica per cápita es 32.000 euros, once veces más que entonces. ¿Qué ha sucedido para semejante crecimiento? Que todos los Gobiernos, con la excepción del presidido por Aznar con el que no hubo aumento en términos reales, han repetido la conducta absurda e irresponsable antes descrita. Y así hemos llegado hasta donde estamos.
Sucede que esta dinámica —en la que el déficit hace crecer a la deuda, los intereses de ésta empujan a que aquél crezca, este crecimiento vuelve a aumentar la deuda y así sucesivamente en una suerte de tornillo sin fin—constituye una espiral diabólica que irremediablemente termina mal. Los países que no son capaces de romper este perverso bucle acaban de modo inexorable en default, pregúntenselo a Grecia, con lo que ello supone en forma de intervención externa para reconducir el caos económico interno. Pero a lo que se ve, ni Sánchez ni los que le acompañan consideran posible este riesgo lo anterior. Pareciera que ellos creen que el dinero público, ese que no es de nadie según su antigua vicepresidenta, no se acaba nunca y con creencias como ésa dirigen nuestras finanzas públicas con una irresponsabilidad inenarrable.
Pues aunque Sánchez me incluya en su lista de los que denomina apologetas del apocalipsis, me atrevo a pronosticar que o España cambia el rumbo de su política económica o veremos como la dirección de la economía española vuelve a ser reconducida desde el exterior. Ya sucedió en el año 2010 cuando a fin de evitar el default de España la Unión Europea tomó el timón y obligó a Zapatero a aprobar el famoso Decreto-Ley de mayo de 2010. Y de no cambiar pronto las cosas voluntariamente Sánchez, veremos como las instituciones comunitarias también le obligan a él a rectificar. Será uno más de los famosos cambios de opinión de nuestro presidente.
Es así porque pese a haber aplicado Sánchez desde que es presidente el mayor aumento de la presión fiscal de nuestra historia, el Gobierno que preside incumple las reglas fiscales de la UE. La relativa al déficit de forma significativa, la referente a la deuda de manera sideral. Pretender cumplir la primera y reducir el incumplimiento de la segunda recurriendo a nuevos aumentos de la presión fiscal como parece ser su propósito, resulta abusivo y peligroso. Abusivo pues considerando nuestra renta per cápita el esfuerzo fiscal que se exige a los españoles ya es el mayor entre todos los países de la Unión Europea, y eso son olvidar que, debido al incumplimiento fiscal existente, ese esfuerzo fiscal se reparte solo entre los que cumplimos. Peligroso porque más que probablemente el nivel de la fiscalidad española se encuentra ya en los aledaños del punto de inflexión de la famosa curva de Laffer e incrementarla puede empezar a provocar reducciones de actividad económica y, consecuentemente, de recaudación tributaria.
Por lo expuesto, el único modo razonable, y probablemente el único sin más, de reconducir nuestras finanzas públicas rumbo al cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias sería abordar una reducción significativa del gasto público. Lamentablemente, no parece que esta solución sea compatible con el ADN político de Sánchez. Y tampoco parece serlo con las exigencias de ese cóctel de partidos que conforman la peculiar mayoría parlamentaria que sustenta a su Gobierno. Así lo hemos comprobado tanto con el nuevo límite de gasto como por las primeras medidas económicas que, en la senda de su neoperonismo militante, nuestro engreído presidente ha tenido a bien anunciar con motivo del glorioso balance que ha realizado del año 2023. De manera que también en materia económica Sánchez parece decidido a que la racionalidad sea preterida en aras del oportunismo, ese único faro que ilumina su acción política desde que se hizo célebre su «No es no». ¿Verdad que lo recuerdan?
