La factura real de asaltar Telefónica

La compra del 10% de Telefónica por parte del Estado no sólo resulta absurda a nivel estratégico, dado que el Gobierno puede vetar la posición de dominio del capital saudí en la operadora sin necesidad de gastarse un solo euro, sino que, además, es un despropósito desde el punto de vista económico. Y es que la factura de este nuevo ejemplo de intervencionismo político superará con creces los 2.000 millones de euros que, inicialmente, habrá que desembolsar para hacerse con el anunciado paquete accionarial.

La nacionalización parcial de la operadora es un pésimo negocio para el conjunto de los españoles. La forma de anunciar la decisión difícilmente puede hacerse peor. A diferencia de los árabes, que durante meses estuvieron tomando posiciones de forma discreta en la empresa mediante intermediarios para evitar calentar la acción, Sánchez ha optado por anunciarlo a bombo y platillo mediante un comunicado de la CNMV en el que se avanza que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) comprará gradualmente acciones, «minimizando el impacto en la cotización», hasta completar la adquisición.

Pero, dado que el anuncio se ha producido antes que la compra, va a resultar muy difícil que no influya en el valor de la compañía a corto plazo, presionando al alza el precio, a sabiendas de que el Gobierno comprará, sí o sí, un volumen muy sustancial de acciones. Es decir, en lugar de comprar a valor de mercado una acción que estaba en caída, el Estado pagará un precio mayor por el simple hecho de haber destapado así la operación.

Por si fuera poco, lo hará emitiendo deuda. La SEPI apenas contaba con 455 millones de euros en caja a cierre de 2022, de modo que, ya sea con financiación propia, previa autorización del Ministerio de Hacienda, o mediante una inyección extraordinaria por parte del Gobierno, el Estado tendrá que tirar de deuda para realizar el desembolso. Un crédito de 2.000 millones a un interés próximo al 3%, que es la rentabilidad actual que ofrece el bono español a 10 años, suma un coste adicional de 60 millones al año.

«Nada hace pensar que la entrada del Ejecutivo será neutra ni pasiva a nivel de gestión, sino todo lo contrario»

Lo más grave, sin embargo, es el enorme coste indirecto que tendrá esta decisión, empezando por los accionistas de Telefónica. Nada hace pensar que la entrada del Ejecutivo será neutra ni pasiva a nivel de gestión, sino todo lo contrario. En primer lugar, porque supone un punto de inflexión. Es la primera vez en décadas que el Estado decide entrar en una gran empresa cotizada de forma voluntaria y activa, no sobrevenida por las circunstancias, tal y como ocurrió con las cajas quebradas tras la crisis financiera de 2008. Esta decisión pone fin a la larga y continuada era de privatizaciones empresariales que trajo consigo la democracia, abriendo consigo una nueva etapa de nacionalizaciones.

En segundo término, porque, dado el tamaño de la operación y siendo el Gobierno el primer accionista de Telefónica, resulta poco creíble que tome asiento en el Consejo de Administración para no hacer nada y quedarse impávido como mero espectador en el día a día de la dirección. Y, por último, porque Sánchez ha demostrado que no tiene límites a la hora canibalizar en beneficio propio todo lo que toca, ya sean instituciones, organismos o empresas. El bochornoso asalto a Indra y la colocación de peones afines en todas y cada una de las sociedades participadas por el Estado auguran un negro futuro de graves injerencias políticas en la gestión, sobre todo si se tiene en cuenta que eso es justo lo que tanto ansía su principal socio político, Sumar.

Telefónica es una tentación irresistible en manos de un manipulador y populista de la talla de Sánchez y sus aliados, tanto por el tamaño de la compañía como por su actividad. Además, como grupo, es el mayor anunciante de España, destinando más de 67 millones de euros al año en publicidad, de modo que podría incrementar aún más su influencia mediática. Así pues, visto lo visto, ¿hasta qué punto no presionará el Gobierno para reducir o limitar determinadas tarifas por interés político, al margen de las necesidades de la empresa?; siendo uno de los principales contratistas del Estado, ¿aprovechará el Gobierno su nueva posición en la sociedad para rebajar el precio de sus servicios?; ¿cómo abordará el despido de los 4.000 empleados que pretende ejecutar en sus principales filiales en España, a sabiendas del rechazo frontal que genera en la ministra de Trabajo y sus apéndices sindicales?

Si Telefónica, cuyo mercado de telecomunicaciones es altamente competitivo y eficiente a nivel global, ya se mueve en un contexto muy difícil guiándose tan sólo por criterios empresariales, será carne de cañón si el camino a seguir se dicta desde Moncloa. Las pérdidas para los accionistas podrían alcanzar cientos e incluso miles de millones de euros a medio y largo plazo. Y aún más si se tienen en cuenta los pésimos resultados que arrojan por naturaleza las empresas públicas, muy especialmente bajo este Gobierno.

La SEPI cuenta en su haber con 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI (Efe, Correos Navantia, Tragsa, Mercasa, Ensa, Enusa, Cetarsa, Hunosa, Mayasa, Sepides, Saeca, Cofivacasa e Hipódromo de la Zarzuela). Pero también es accionista de la Corporación RTVE, tiene participaciones minoritarias directas en 10 sociedades (Airbus, Ebro Foods, Enagás, IAG, Indra, Red Eléctrica, Alestis, Enresa, Hispasat y Epicom) e indirectas en más de 100. Y la cuestión es que el resultado global es muy negativo para los contribuyentes. La SEPI perdió 65 millones tan sólo el pasado año y, si se analiza empresa por empresa, la imagen es aún peor, con Correos perdiendo más de 200 millones y Navantia otros 100, por ejemplo.

«Una vez abierta la espita con Telefónica, nada impedirá que hagan lo mismo con bancos, eléctricas o incluso farmacéuticas»

Éste, sin duda, es el mayor problema, que Sumar, y ahora también el PSOE de Sánchez, sueñan con volver a nacionalizar grandes compañías privadas. Una vez abierta la espita con Telefónica, nada impedirá que hagan lo mismo o algo similar con bancos, eléctricas, transporte, alimentación o incluso farmacéuticas, sectores todos ellos «estratégicos» para la izquierda, tan amiga de lo ajeno.

Lo que buscan, en última instancia, es resucitar el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) del régimen franquista, precursor de la actual SEPI. Nacido en 1941, bajo la inspiración fascista del Instituto per la Ricostruzione Industriale de Mussolini, el INI creó una gran industria estatal. Hasta su disolución, a mediados de los años 90, participó en cerca de 180 empresas y llegó a emplear a más de 250.000 personas, pero sus resultados fueron ruinosos. Tan sólo sus empresas no financieras perdieron más de 2.000 millones de euros en 1983, cuando arranca la reconversión (privatización) industrial, una cantidad equivalente al 4% del gasto público total de entonces. Llevado a la actualidad, esto mismo supondría un agujero de más de 25.500 millones de euros a nivel presupuestario.

Y todo ello sin contar las alternativas a semejante dispendio. Los 2.000 millones iniciales que el Gobierno gastará en Telefónica es lo que dedica el Estado a Justicia, lo que costaría rebajar el IVA de la luz y los alimentos el próximo año y hasta 53 veces lo que reclaman los enfermos de ELA para sobrellevar mejor su enfermedad.

Así pues, la factura real del asalto a Telefónica por parte de Sánchez es muy superior al desembolso que supondrá adquirir el 10% de su capital. Partiendo de la base de que se trata de una operación innecesaria para frenar a los saudíes, a esos 2.000 millones hay que sumar el coste bursátil del anuncio, los intereses de la financiación, las posibles pérdidas de los futuros accionistas por la injerencia política, la puesta en marcha de nuevas nacionalizaciones y la cantidad incalculable de inversiones que perderá España como consecuencia de esta desnortada deriva populista que ha emprendido el PSOE. Una vez más, gana Sánchez, pero pierden todos los españoles.