La razón de Sánchez para comprar Telefónica

Todo mal, de principio a fin. Así se podría resumir la decisión de comprar el 10% de Telefónica anunciada por el Gobierno el pasado martes. Y lo es por numerosas razones, empezando por la justificación. En teoría, la operación responde a la inesperada entrada que el capital árabe protagonizó en la compañía hace apenas tres meses, tras la adquisición del 9,9% del accionariado a través de STC Group, el principal operador saudí de telecomunicaciones.

Esta compra en sí no tiene nada de extraño, puesto que los Estados del Golfo llevan años diversificando sus inversiones mediante su participación en empresas extranjeras de toda índole y condición, haciendo uso de los abundantes petrodólares que acumulan en sus fondos soberanos. Sin embargo, la noticia causó una gran polvareda política, especialmente en el seno del Gobierno, hasta el punto de contemplar la posibilidad de vetar la entrada de los árabes o tomar posiciones en Telefónica para garantizar la españolidad de la empresa. Finalmente, esta última ha sido la opción escogida.

La razón, según Sánchez y sus ministros, es que se trata de una compañía «estratégica», cuya actividad resulta «de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos». Es decir, se hace por «interés nacional», para evitar que un país foráneo, como Arabia Saudí, controle la principal empresa de España en materia de telecomunicaciones, especialmente si se tiene en cuenta que presta importantes servicios al Estado en el ámbito de la defensa.

Pero, en realidad, es una mera excusa. En primer lugar, porque bajo la abstracto concepto de «estratégico» cabe absolutamente todo, desde las telecomunicaciones y el transporte, hasta la alimentación, la tecnología, la banca o el servicio postal. Es el comodín que usa el populismo político y el intervencionismo estatal, tanto a izquierda como a derecha, para meter sus zarpas en el mundo de la empresa haciendo uso del dinero del contribuyente. «Estratégico» es todo y nada a la vez, puesto que su alcance y definición depende, en última instancia, de lo que así determine el Gobierno de turno.

«El Gobierno no tenía necesidad de entrar en Telefónica para frenar a los árabes, ya que le bastaba con vetar la operación»

En segundo lugar, poque, en un mundo más o menos globalizado como el actual, son muchas las compañías extranjeras que prestan servicios considerados «básicos» por los amantes de lo público, incluyendo telecomunicaciones y defensa, sin que ello suponga el más mínimo problema. Pero, sobre todo, porque el Gobierno de Sánchez no tenía ninguna necesidad de entrar en el capital de Telefónica para frenar la posición de dominio de los árabes, ya que le bastaría con vetar la operación. 

STC compró el 4,9% de las acciones de forma directa y el 5% restante mediante derivados financieros, pero este segundo paquete, clave para tener una influencia relevante, requiere de autorización expresa para poder ejecutarse, puesto que la normativa vigente en España exige que el Estado otorgue luz verde a las inversiones extranjeras que quieran hacerse con más de un 10% de las cotizadas españolas o con un 5% en el caso de empresas relacionadas con la defensa nacional, como es Telefónica. Dicho de otro modo, al Gobierno le habría bastado con decir «no» a los árabes para que no alcanzaran el 9,9%.

Sánchez, por el contrario, ha preferido desembolsar más de 2.000 millones de euros de dinero público para comprar el 10% de Telefónica y, de este modo, que el Estado se convierta en el principal accionista de la operadora, manteniendo así la españolidad de la misma junto a otros accionistas nacionales de cabecera, como BBVA (4,84%) y CaixaBank (3,5%). La pregunta, entonces, es por qué. Y la respuesta, por desgracia, es muy simple: más poder para el presidente.

La compra de Telefónica es el penúltimo asalto que asesta el Gobierno a todas y cada una de las instituciones del país, solo que ahora también se extiende al ámbito de la gran empresa privada. El único objetivo no es otro que influir en Telefónica, hasta el punto de, llegado el caso, forzar la sustitución de su actual presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, por alguien mucho más cercano y afín a Moncloa, como bien pudiera ser Javier de Paz, consejero de la compañía y con importantes responsabilidades en el seno de la misma, al tiempo que, curiosamente, es exsecretario general de las Juventudes Socialistas y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Existe el riesgo cierto de que, a partir de ahora, los recursos de la compañía se usen también con fines electoralistas»

La jugada es redonda para Sánchez porque, por un lado, con la excusa de la falsa amenaza árabe, se hace con el control de una de las grandes cotizadas del país, siendo, además, una de las contratistas del Estado más importantes, con todo lo que ello significa a nivel de posibles negocios de partido, colocación de amigos, ampliación de puertas giratorias y una sustancial influencia a nivel empresarial, pero también político, puesto que existe el riesgo cierto de que, a partir de ahora, los recursos de la compañía se usen también con fines electoralistas. Y, por otro lado, porque, de este modo, también cumple con una de las exigencias de Sumar, que ya en septiembre, por boca de Yolanda Díaz, defendía abiertamente la nacionalización, total o parcial, de empresas «estratégicas» como Telefónica tras la irrupción saudí.

Nada hace pensar que el nuevo papel del Gobierno en Telefónica se limite al de mero espectador, a imagen y semejanza de la pasividad mostrada hasta ahora en CaixaBank, donde el Estado posee el 17,3% del accionariado como resultado de la fusión con Bankia, antigua caja que tuvo que ser rescatada con dinero público durante la crisis financiera de 2008 para evitar pérdidas masivas a sus depositantes. Más bien al contrario. Sánchez bien podría imitar nuevamente el asalto protagonizado en Indra, tras la toma de control de su consejo de administración, o la colocación de un presidente títere como el que acaba de anunciar al frente de Hispasat, participada en un 7,4% por la SEPI, tras el nombramiento de Pedro Duque, su exministro de Ciencia e Innovación hasta 2021.

No, la entrada en Telefónica nada tiene que ver con los árabes y sí mucho con la irrefrenable politización institucional, intervencionismo estatal y populismo político del que tanto hace gala el Gobierno de PSOE y Sumar. La compra del 10% de la compañía pone fin a décadas de sanas y beneficiosas privatizaciones de empresas públicas, puesto que el Estado volverá a entrar en el accionariado de la operadoras 26 años después de completar su venta al capital privado. Es un nuevo punto de inflexión a peor, a mucho peor, en la reciente historia de España, uno más de tantos en el aciago haber de Sánchez, cuya factura pagarán con creces, una vez más, todos los españoles.