Paro: nada que celebrar
«La economía nacional sufre desde hace décadas un auténtico drama en materia de trabajo y, por desgracia, todo apunta a que esta agonía seguirá intacta»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Una vez más, sorprende la innata capacidad del Gobierno para vender como algo positivo lo que, en realidad, es un desastre sin paliativos. Los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al pasado mes de diciembre, han sido aprovechados por PSOE y Sumar para destacar, en teoría, la buena marcha del mercado laboral en España, gracias, cómo no, a sus políticas, pero lo cierto es que, hoy por hoy, no hay motivo alguno de celebración.
La economía nacional sufre desde hace décadas un auténtico drama en materia de trabajo y, por desgracia, todo apunta a que esta particular agonía seguirá intacta hasta que algún líder político, sea del color que sea, acabe de una vez por todas con la nefasta rigidez que caracteriza las relaciones entre trabajador y empresario, al tiempo que se reforman en profundidad las políticas activas de empleo para facilitar la recolocación.
España cerró el pasado año con un total de 2,7 millones de parados, la cifra más baja en un mes de diciembre desde 2007, tras caer en algo más de 130.000 durante el ejercicio (-4,6% interanual). Asimismo, el número de cotizantes a la Seguridad Social superó los 20,8 millones, un nuevo máximo histórico, tras ganar casi 540.000 ocupados en 2023 (+2,7%). El problema de estos datos es que, si bien suponen una mejora, en nada cambian la gravedad de la situación, de modo que no debería haber margen para la complacencia.
En primer lugar, porque España tiene la tasa de paro más alta del mundo desarrollado y duplica la media europea en desempleo general (12%), juvenil (28%) y femenino (13,8%). Uno de cada tres menores de 25 años está en paro, con un total de 194.000 inscritos en el antiguo Inem. El paro juvenil tan sólo se ha reducido en 1.786 personas en el último año. Además, el mercado laboral sigue siendo uno de los más inestables y precarios, con una temporalidad próxima al 14% de la fuerza laboral, a pesar del burdo maquillaje aplicado por el Gobierno, consistente en un mero cambio metodológico para convertir en «fijos discontinuos» lo que antes eran «temporales». Esta particular trampa permite, a su vez, reducir la cifra real de parados, puesto que España cuenta con cerca de medio millón de fijos discontinuos inactivos que deberían constar como desempleados.
En segundo término, porque la creación de empleo se está ralentizando. La afiliación avanza hoy a un ritmo del 2,7% interanual, frente al 5% registrado en abril de 2022, y el paro cierra diciembre con el menor descenso interanual de los últimos 31 meses, junto con la menor caída mensual de la última década, exceptuando 2020, en plena pandemia. Y todo ello en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación, y estancamiento de la renta per cápita, debido al escaso crecimiento registrado desde 2019. La baja calidad del empleo es fruto de una economía poco competitiva, compuesta por autónomos y pymes, donde la gran empresa brilla por su ausencia.
De hecho, España ha perdido cerca de 73.000 empresas desde que gobierna Sánchez y el clima de inseguridad jurídica ya se está traduciendo en menos inversión extranjera, tras caer un 23% interanual entre el pasado enero y septiembre. La combinación de intervencionismo económico, subida de impuestos, aumento de cotizaciones, fijación de precios, ataque a la propiedad privada y amenazas directas a empresas y empresarios minan el emprendimiento y ahuyentan el capital, reduciendo con ello la capacidad del país para generar riqueza y empleo.
«España ha perdido cerca de 73.000 empresas desde que gobierna Sánchez y el clima de inseguridad jurídica ya se está traduciendo en menos inversión extranjera»
Y los más perjudicados, de nuevo, son los más vulnerables. No por casualidad, la fuerte subida del salario mínimo se ha traducido en la destrucción de más de 95.000 puestos en el sector agrario y otros 47.000 empleos del hogar; el aumento del subsidio por desempleo, lejos de beneficiar a los parados de larga duración, cronificará su situación y les hará aún más dependientes; mientras que la obligación de cotizar por los becarios no remunerados pone en riesgo este tipo de prácticas, perjudicando la formación de más de un millón de jóvenes.
Ante tal panorama, no es de extrañar que medio millón de trabajadores, muchos de ellos altamente cualificados, optara por salir del país en 2022 en busca de un futuro mejor. Mientras el Gobierno se vanagloria de registrar el paro más alto de la UE, al tiempo que subsidia a un millón de desempleados crónicos y asiste a otros dos millones con el ingreso mínimo vital, la economía nacional hace aguas. No, el balance laboral de 2023 no es para celebrar. España tiene un grave y profundo problema estructural en materia de empleo y lo único que ha hecho el Gobierno, además de maquillar las cifras, ha sido encarecer la contratación y extender aún más el clientelismo político a base de paguitas públicas.
