Desahuciar es justo y necesario

El buenismo no es bueno per se y, de hecho, puede acabar resultando enormemente nocivo. España lleva ya cuatro años bajo un Gobierno de socialistas y comunistas que han hecho de la política social una de sus grandes banderas con la excusa de proteger a los más desvalidos. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta materia no pueden ser más calamitosos. La pobreza, lejos de reducirse, ha aumentado, puesto que la tasa de carencia material severa ha subido del 5,4% en 2018 al 8,1% de la población en 2022. La tasa de paro, enquistada por encima del 10%, es la más alta de la UE y la OCDE. Y la renta de los hogares ha caído respecto a 2019, una vez descontada la inflación.

Así pues, el famoso «escudo social» de PSOE y Sumar hace aguas, por mucho que se esfuercen en vender lo contrario. Y este rotundo fracaso se extiende, entre otras materias, a la política de vivienda llevada a cabo por Pedro Sánchez y sus socios. El Consejo de Ministros aprobó una nueva prórroga para prohibir los desahucios de personas calificadas como «vulnerables» hasta 2025. La primera vez que se adoptó semejante medida fue en plena pandemia, de modo que la suspensión de desalojos por impago de alquiler se mantuvo vigente durante la pasada legislatura y todo apunta a que se mantendrá intacta por tiempo indefinido durante, al menos, el presente mandato.

Son muchos los que, por ignorancia o pura ingenuidad, piensan que tal prohibición está más que justificada para proteger a los más necesitados, evitando así que puedan ser desahuciados por carecer de ingresos suficientes para hacer frente al alquiler, pero lo cierto es que se equivocan de plano. A quien más perjudica prohibir los desalojos es, precisamente, a las personas y familias con rentas más bajas y precarias.

Desahuciar no sólo es justo, sino necesario, puesto que la morosidad, sea cual sea su causa, supone un incumplimiento flagrante del contrato en una de sus cláusulas más importantes, la relativa a las condiciones de pago. Es justo porque implica la restitución de la propiedad a su legítimo dueño. Si esto no fuera así, basta con pensar qué pasaría si este mismo despropósito se extendiese a todos los alquileres e incluso a otras áreas de actividad, como la provisión de bienes y servicios e incluso las relaciones laborales. 

Si cualquier inquilino pudiese dejar de pagar sin consecuencias, no tendría ningún incentivo para abonar la renta, al igual que los propietarios tampoco tendrían interés alguno en alquilar ante el riesgo de perder el uso y disfrute  de su vivienda. Pero lo mismo pasaría si una empresa o autónomo careciera de protección jurídica ante el impago de sus clientes, de los asalariados frente a su empleador o de los bancos respecto a sus deudores. Si sabes que ni ahora ni nunca vas a cobrar lo acordado por tu servicio, trabajo o préstamo, sería absurdo realizarlos.

«La oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado más de un 30% desde 2019 y el precio ha subido más de un 20%»

Pues bien, esto es justo lo que está sucediendo con los inquilinos «vulnerables», cuya definición engloba a familias con hijos y rentas inferiores a unos 1.600 euros al mes, aunque el umbral varía en función del tamaño del hogar. La dificultad y el excesivo retraso a la hora de recuperar un inmueble en caso de impago está convirtiendo en misión imposible encontrar alquiler a los más necesitados. El riesgo para el propietario es tan grande que o bien no alquila o lo hace a un precio muy superior del que marcaría el mercado en condiciones normales de seguridad jurídica para compensar las posibles pérdidas. El desalojo, por tanto, también es necesario, ya que prohibirlo o más bien dificultarlo -que es lo que sucede en la práctica- perjudica gravemente a las familias de rentas más bajas y con empleos más inestables.

Pero es que, además, afecta a todos los inquilinos, presentes y futuros, en mayor o menor grado. El socialismo inmobiliario no funciona. El mercado de la vivienda lleva intervenido desde 2020 con límites y restricciones de todo tipo, desde la suspensión de desahucios hasta la fijación de precios o la prórroga automática de contratos. Y todo ello sin contar la absoluta impunidad de la que disfrutan los okupas. El resultado salta a la vista: la oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado más de un 30% desde 2019 y, como la demanda sigue alta, el precio de los arrendamientos ha subido más de un 20%.

El principal culpable de esta situación es el aberrante intervencionismo político. La ausencia de seguridad jurídica está destrozando el mercado del alquiler, pero, lejos de corregir, el Gobierno insiste en ahondar aún más en el error, ya sea prorrogando de nuevo la suspensión de los desalojos, limitando aún más los precios o decretando nuevas prohibiciones al alquiler vacacional o de temporada. Nada de esto funcionará. Cada vez será más caro y difícil alquilar a un porcentaje cada vez mayor de la población.

«Lo injusto no son los desahucios, sino cargarse el mercado del alquiler a base de intervenciones populistas»

La solución al acuciante problema del alquiler es justo el contrario, es decir, restablecer las reglas naturales del mercado mediante precios y contratos libremente acordados entre las partes, la restauración de los desahucios y el desarrollo de procesos judiciales rápidos y ágiles para recuperar cuanto antes la propiedad en caso de morosidad y okupación de inmuebles. Estas medidas, junto con la liberalización de suelo para poder construir y la reducción de cargas fiscales, aumentarían de forma sustancial la oferta inmobiliaria y contribuirían eficazmente a la reducción de los alquileres. 

Y en cuanto a las familias más vulnerables, es tarea de la Administración Pública, no de los propietarios privados, cubrir sus necesidades básicas, incluida la habitacional. Para eso, en teoría, pagan impuestos trabajadores y empresas. Lo injusto, por tanto, no son los desahucios, figura clave para garantizar el cumplimiento de los contratos, sino cargarse el mercado del alquiler a base de intervenciones populistas, absurdas y contraproducentes para vender buenismo, al tiempo que el Gobierno delega su responsabilidad asistencial en el sector privado, perjudicando con ello a todos por igual, inquilinos y propietarios.