El precio de la inestable legislatura

Inversiones estratégicas en riesgo. Un clima creciente de inseguridad jurídica. La desconfianza del capital internacional. Veamos: más de 35.000 millones de euros de inversión en energía fotovoltaica y eólica estuvieron a punto de malograrse en la agónica sesión plenaria del pasado miércoles en el Senado. Uno de los tres reales decretos leyes que debía aprobarse, el de las medidas anticrisis, incluía una prórroga de seis meses para que varios proyectos de inversión en energías renovables pudieran conseguir la autorización administrativa necesaria. Su plazo vencía el 25 de enero. De no haberse abstenido Junts en el último momento, estas se hubieran perdido para siempre. También la inversión extranjera asociada a su ejecución. Es sólo un ejemplo de la incertidumbre con la que estarán condenados a convivir la mayoría de los agentes económicos en la legislatura que acaba de empezar. 

Lo ocurrido en el Senado es sólo el primer episodio de la inestabilidad que va a marcar esta legislatura. De la claudicación de un Gobierno ante un prófugo de la Justicia interesado en sacar la mejor tajada de sus siete votos. De la humillación a la que se va a ver sometido el Estado. De su paulatino desguace. Y de cómo la agenda económica y social del Gobierno, desde la transición verde a los derechos sociales, puede verse relegada si así lo deciden quienes dieron la investidura a Pedro Sánchez a cambio de su impunidad. Cualquier reforma económica de la que dependa la llegada de miles de millones de euros de los fondos europeos o decisión estratégica de inversión pueden peligrar si el Gobierno no cede a su chantaje. El margen de Junts para extorsionar al Gobierno es amplísimo. Saben que pueden hacer saltar por los aires la legislatura cuando quieran y que cualquiera de sus demandas estrambóticas debe ser atendida.

Si este es el aperitivo, ¿qué pedirán a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales que el Gobierno quiere aprobar antes de abril? Un proyecto que define la acción del Ejecutivo y que es fundamental para establecer el marco en el que operan los agentes económicos. ¿Cuánto tardarán el resto de los socios de Sánchez, algunos rivales entre sí, en darse cuenta de la eficaz herramienta de la extorsión? El precio de sus votos sólo puede aumentar de forma que la subasta del Estado no ha hecho más que empezar. El Gobierno se ha prestado a seguirle el juego el juego a Junts, que en casa y frente a su principal rival ERC puede exhibir su capacidad de desafiar y debilitar el Estado de Derecho. 

«El Gobierno del PSOE y Sumar venía a parar a la extrema derecha pero no paran de hacer concesiones a sus más radicales representantes»

No sólo blindando la Ley de Amnistía, sino consiguiendo ahora la cesión de la política de inmigración. No están en el Gobierno de la Generalitat para gestionar esta competencia, tampoco está claro la compatibilidad de esta cesión con los Tratados europeos. ¿Cuánto está haciendo el paripé? Probablemente mucho, pero les sirve para sacar músculo frente a los republicanos y el nuevo contendiente ultra que les ha surgido en casa y les roba votos: la ultranacionalista y xenófoba Alianza de Cataluña. El Gobierno del PSOE y Sumar venía a parar a la extrema derecha pero no paran de hacer concesiones a sus más radicales representantes.

Por ver algo positivo en todo este lamentable mercadeo de intereses: el real decreto ley, un procedimiento previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, del que este presidente ha abusado más que ninguno de sus antecesores en 45 años de democracia deslegitimando al Parlamento, ya no asegura la imposición de las iniciativas legales del Ejecutivo. El Gobierno tendrá que currárselo más con sus socios o empezar a apreciar que hacer una proposición de ley y someterla al trámite parlamentario, reducir su contenido heterogéneo para evitar poner en juego reformas como la de la Ley de Mecenazgo, con otras que afectan a la Función Pública o la Justicia. Todo mezclado y sin los informes preceptivos para su mejor tramitación. 

Y volviendo a las demandas estrambóticas de Junts. ¿En qué ha quedado su exigencia de que se castigara a las empresas que huyeron de Cataluña durante y después del procés? El acuerdo al que se ha llegado al final no incluye sanciones ni tampoco incentivos. Ambos de dudosa legalidad. A cambio, el Gobierno se ha comprometido a derogar el llamado Decreto Guindos, que modificó la Ley de Sociedades de Capital para facilitar el cambio de sede social de las empresas (y también su regreso, voluntario claro) aprobado en 2017 para ayudar a las grandes corporaciones a hacer frente al desafío que supuso el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia. El decreto sirvió para atajar la fuga de depósitos que sufrieron grandes entidades como CaixaBank o el Banco Sabadell, ahora establecidos en Valencia y Alicante, respectivamente. La deriva nacionalista ha ahuyentado a 7.743 compañías. ¿Por qué van a regresar ahora que Sánchez ha vuelto a dar alas a las reivindicaciones del independentismo? Les ampara además el derecho al libre establecimiento de su sede en cualquier parte del territorio europeo que recogen los Tratados de la Unión. De insistir en el acoso o señalamiento, no hay que descartar que alguna de esas empresas siga el ejemplo de Ferrovial y traslade su sede fuera de España. 

El profesor Luis Garicano recordaba en un reciente artículo una cita de Adam Smith. En 1765 el filósofo y economista proponía una simple fórmula para el crecimiento de los países: «Poco más se requiere para llevar a un estado al más alto grado de opulencia desde la más baja barbarie, excepto paz, impuestos fáciles y una administración de justicia tolerable; todo lo demás se logra mediante el curso natural de las cosas». Un modelo efectivamente sencillo y difícilmente mejorable del que esta legislatura secuestrada parece alejarse.