Yolanda Díaz te quiere pobre
«La ministra busca empobrecer a todos los españoles para poder justificar y extender aún más el asistencialismo estatal, con el fin de comprar votos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El buenismo que intenta vender por tierra, mar y aire la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con su creciente y renovado populismo esconde una trágica y cruda realidad: más paro, asistencialismo y pobreza. Yerran quienes, ya sea por simple desconocimiento o mezquina envidia, piensen que la política laboral del Gobierno tan sólo va a perjudicar a los empresarios y a las rentas altas del país. En realidad, todos saldrán trasquilados y, muy especialmente, la clase media y los más vulnerables.
Los comunistas de Sumar no se conforman con disparar el salario mínimo a niveles insostenibles, destruyendo a su paso 160.000 empleos y dificultando aún más la búsqueda de trabajo a jóvenes, parados de larga duración y personas con menor cualificación. Ahora, la ministra y vicepresidenta también pretende reducir por ley la jornada laboral e incluso limitar el sueldo de los directivos, entre otras medidas fracasadas, con el argumento falaz de mejorar la vida de la gente.
Lo primero que llama la atención de la estrategia laboral que desgranó Díaz para la presente legislatura durante su comparecencia el pasado lunes en el Congreso son las formas. La negociación colectiva, entendida como la búsqueda de acuerdo a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos, está muerta y enterrada. Ya no hay nada que negociar, se hace lo que diga el Ejecutivo y punto, con el siempre incondicional y bien subvencionado apoyo sindical. De hecho, si los empresarios osan rechazar la propuesta inicial de Trabajo, serán castigados con un coste aún mayor, de modo que lo que ayer era negociación hoy es chantaje. Plomo o más plomo, al más puro estilo de Pablo Escobar.
Sin embargo, lo más grave, sin duda, es el contenido de dichas políticas, para desgracia de todos los españoles. Por un lado, Díaz quiere reducir gradualmente la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en 2025 para, a partir de entonces, estudiar nuevas rebajas, hasta alcanzar la meta de las 35 horas o la semana laboral de 4 días. ¿Problema? Pues todos y más. Para empezar, cabe señalar que esta reducción afectaría a 12 millones de trabajadores, algo más de la mitad de la fuerza laboral, puesto que muchos convenios ya contemplan la jornada de 37,5 horas, pero perjudicaría a la inmensa mayoría.
Si no aumenta la productividad en igual medida, trabajar menos horas cobrando lo mismo se traduciría, sí o sí, en un aumento de los costes laborales superior al 6%. Y, llegados a este punto, una de dos, o la empresa tiene capacidad suficiente para trasladar ese mayor coste al precio final de sus bienes y servicios, con el consiguiente encarecimiento para los consumidores, o lo asume en sus cuentas, reduciendo así sus beneficios o acrecentando sus pérdidas, según el caso, lo cual se traduce en menos inversión, menos empleo presente y futuro e incluso despidos y recortes salariales para parte de la plantilla.
«Francia implantó la jornada de 35 horas en los años 90 y el fracaso fue de tal calibre que años después tuvieron que dar marcha atrás»
No es una mera hipótesis. Francia implantó la jornada de 35 horas en los años 90 y el fracaso fue de tal calibre que años después tuvieron que dar marcha atrás. El país vecino pasó de 39 a 35 horas entre 1997 y 2009 y el resultado fue, básicamente, estancamiento salarial, menor flexibilidad para escoger libremente horario y una mayor insatisfacción laboral por parte de los trabajadores. Y todo ello sin contar las cuantiosas subvenciones que tuvo que repartir el Estado galo entre las empresas más afectadas para evitar despidos y cierres, con el consiguiente aumento de los impuestos. Es decir, la ocurrencia en cuestión perjudicó a trabajadores, empresas y contribuyentes.
Y lo mismo sucede con el tope salarial. Díaz, en su obsesión por castigar la escasa riqueza que existe en España, también estudia limitar el sueldo de los directivos mediante nuevas subidas fiscales a las rentas más altas para, en teoría, reducir la desigualdad retributiva entre los trabajadores que ganan más y los que ganan menos. Las consecuencias de semejante dislate serían nefastas.
Para empezar, porque descapitalizaría el país. Directivos, sí, pero también muchos científicos, ingenieros, médicos, profesionales cualificados y deportistas de élite optarían por irse de España para evitar el atraco de Hacienda. No en vano, España ya sufre uno de los impuestos sobre la renta más altos de Europa, superior al 50% en algunas regiones. El éxodo que ya han emprendido miles de jóvenes sobradamente preparados en busca de mejores sueldos en el extranjero, como bien ejemplifican los youtubers, sería una broma en comparación con la fuga de talento que desataría esta pretendida limitación salarial.
Además, este injusto y despiadado ataque contra los directivos se traduciría en menos crecimiento, empleo y, en última instancia, recaudación, puesto que la buena o mala marcha de una compañía depende de su dirección. Expulsar a los mejores ejecutivos lastraría la competitividad del país. Y eso, a la postre, también se traduce en menos sueldos para todos, sobre todo entre las rentas más bajas, que tienen menos opciones.
«La productividad en España cae un 4% desde 2019, el mayor retroceso de la OCDE, y más de un 7% en lo que va de siglo»
Una vez más, el error de base de estos postulados neomarxistas consiste en creer, por un lado, que la economía es un juego de suma cero, donde lo que ganan unos lo pierden otros, en lugar de entender mínimamente cómo se crea la riqueza dentro capitalismo. Y, en segundo término, ignorar que el salario, ya sea a nivel de país, empresa o trabajador, no depende de los políticos, sino de la productividad. Y la productividad en España cae un 4% desde 2019, el mayor retroceso de la OCDE, y más de un 7% en lo que va de siglo.
Yolanda Díaz no se conforma con registrar la mayor tasa de paro del mundo rico, con un 11,9%, frente a la media del 4,8% de la OCDE, sino que lo que busca, realmente, es empobrecer a todos los españoles, en mayor o menor medida, para poder justificar y extender aún más el asistencialismo estatal, a base de paguitas, con el fin de comprar votos. La izquierda es maestra en crear pobres para mantenerse en el poder.
