Sanchismo punitivo

En marzo de 2020, a poco más de una semana de declararse el estado de alarma por la pandemia de la covid-19, publiqué mi primer libro: Populismo punitivo. En él anticipaba el resurgir del derecho penal de autor de la mano de la izquierda identitaria anticapitalista, con el objetivo indisimulado de poner en cuestión principios civilizatorios sobre los que se cimentan las democracias liberales, como la presunción de inocencia o la independencia judicial.

Aunque el vaticinio se ceñía inicialmente a la instrumentalización del feminismo y la violencia contra las mujeres, no tardé mucho en extrapolarlo a delitos de otra índole, como la sedición o la malversación, cuya derogación y rebaja respectivamente iban asociadas a los nombres y rostros de los líderes del procés, por más que el Ejecutivo aludiera de forma torticera y vergonzosa a la necesidad de equipararnos con la legislación europea para camuflar su amancebamiento con el secesionismo catalán: los socialistas pasaron de rechazar la posibilidad de indulto a concedérselo y de apreciar rebelión a eliminar el crimen por el que Tribunal Supremo había condenado a la cúpula independentista.

Pero cuando parecía imposible que el manoseo punitivo por parte del sanchismo pudiera alcanzar mayores cotas de degradación, los socialistas han vuelto a demostrarnos hasta dónde son capaces de llegar a cambio de los siete míseros votos de Junts que les permiten aferrarse al cargo: no sólo van a amnistiar todos los crímenes cometidos desde 2013 en el marco del proceso independentista, sino que además han pactado con Junts reinterpretar el delito de terrorismo en un intento burdo de sustraer la causa de Tsunami Democratic del ámbito de aplicación de la normativa europea sobre la materia y de eludir al magistrado que la investiga, García-Castellón. 

El pundonor del togado constituye ahora mismo el principal escollo para el retorno a España del prófugo Puigdemont, en cuyas manos el PSOE ha puesto el destino de nuestro país: en cualquier momento puede pulsar el botón rojo que pondría fin a esta infame legislatura. Así que no han dudado en enmendar la ley para incluir en la amnistía los crímenes terroristas «que no hayan supuesto una vulneración de los derechos humanos».  El pleno del Consejo de Ministros, el periodismo activista y la politología evidence based se han sincronizado en cuestión de horas para rechazar con rotundidad que los actos de Tsunami fuesen constitutivos de terrorismo y para atacar de forma inmisericorde a García-Castellón, al que acusan de torpedear al Legislativo y, con ello, a la «voluntad de la gente».

«Lo que es o deja de ser delito es una decisión que atañe únicamente al Gobierno, convertido en una suerte de última instancia suprajudicial»

Lejos quedan aquellos días en los que Bolaños se estrenaba en el estrado como ministro de Justicia asegurando que defendería la independencia del Poder Judicial y a los magistrados que lo integran de cualquier ataque que cuestione su labor. Si la semana pasada enmudeció ante las acusaciones de prevaricación vertidas contra García-Castellón por algunas de sus compañeras del Consejo de Ministros, en las últimas horas nos ha abochornado con su infame explicación sobre la enmienda pactada con el independentismo que proclama la existencia de un subtipo atenuado de terrorismo.

Incluso se ha sumado a la ministra de Ciencia para afear al instructor del caso en la Audiencia Nacional que investigue como terrorismo algo que, a juicio de estos insignes jurisconsultos, no lo es. Y es que, como algunos venimos señalando desde el principio, la inconstitucionalidad de la amnistía no sólo radica en la quiebra de la igualdad de los españoles ante la ley, sino en el cuestionamiento de la potestad exclusiva que el art. 117 confiere a los jueces para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: lo que es o deja de ser delito es una decisión que atañe únicamente al Gobierno, convertido en una suerte de última instancia suprajudicial.

Por obra y gracia del sanchismo, España es una anomalía en el seno de la Unión Europea, pues no me consta que el Ejecutivo de ningún otro Estado miembro haya delegado en los delincuentes la redacción de las leyes que les procuran su propia impunidad a cambio del apoyo parlamentario. Tampoco que se legisle a la carta, derogando, rebajando o reinterpretando delitos para beneficiar a los socios gubernamentales mientras desde los ministerios se señala y amedrenta a los jueces que investigan gravísimos crímenes. Pero al menos no nos gobierna la derecha.