'Alvarone' García Ortiz: un fiscal inidóneo
«Un poder judicial a imagen y semejanza del Tribunal Constitucional. En manos de los populares está no permitirlo»
Álvaro García Ortiz. | Europa Press
El sanchismo mostró pronto su faz totalitaria. Recién conformado el gobierno de coalición, se evidenció que su principal aspiración era la de colonizar e intervenir el Poder Judicial. En febrero de 2020, Sánchez plantó la primera semilla para controlar a la justicia nombrando fiscal general del Estado a la que, hasta hace apenas unos días, había sido su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Una designación tan inoportuna como inadecuada que no fue cuestionada ante el Tribunal Supremo por quienes ostentan la legitimación para ello.
Pero Dolores, Lola para los amigos, era tan inidónea para el cargo como lo es su sucesor -y por aquel entonces ojito izquierdo en la fiscalía- Álvaro García Ortiz. Mientras que la inconveniencia de Delgado venía de serie, la de García Ortiz se puso de manifiesto poco después de tomar posesión, cuando aprovechó para promover a su antecesora, que había renunciado a la fiscalía general en julio de 2022, como Fiscal Togada. Y es que éste era el requisito que necesitaba para poder ser nombrada después Fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática.
Fue una maniobra que anticipé en los micrófonos del programa matinal de Carlos Herrera en los albores de la aprobación de la ley que creaba esa fiscalía. No hacía falta gozar de dotes de adivinación, sólo saber sumar: Lola está emparejada con Baltasar -el exmagistrado prevaricador, no el Rey Mago-, cuyo despacho aspiraba y aspira a monopolizar litigios relacionados con la nulidad de las condenas franquistas que posibilita la norma y a cuestionar la constitucionalidad de la ley de amnistía del 77. Sí, sí, ése mismo que ahora se prodiga por los diarios digitales progresistas para proclamar a los cuatro vientos el encaje en nuestro ordenamiento jurídico de la amnistía a los independentistas que garantiza la gobernabilidad a Sánchez, hace no tanto tiempo aseguraba que la amnistía preconstitucional «nunca estuvo pensada para los crímenes franquistas».
En este ajo estaban Baltasar, Lola y «Alvarone». Como estuvieron en otros antes. Y los que nos quedan por ver. Sus maniobras en la trama judicial bautizada con el nombre de su amigo común, «Villarejo», cuyo objetivo no era otro que deshacerse de los fiscales anticorrupción que les resultaban incómodos, han sido plasmadas por una de sus víctimas, Ignacio Stampa, en un libro que merece ser leído: El Complot.
«El sanchismo está haciendo historia, pero no precisamente democrática»
Las andanzas del trio para convertir la memoria histórica en el negociado del matrimonio de ex -exministra y exmagistrado- fueron recientemente desmontadas por el Tribunal Supremo y plasmadas en un informe del Consejo General del Poder Judicial para mayor indignidad de la terna y bochorno de nuestra democracia. La STS 4688/2023, de 21 de noviembre, anuló su nombramiento como fiscal de Sala del Supremo y, por lo tanto, el de fiscal de Memoria Democrática. Lola tiene que volver a su plaza en la fiscalía de la Audiencia Nacional. Ella, tan guapa y tan lista, ex fiscal general del Estado y exministra.
Consideró el Alto Tribunal que su amigo y colega, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder al designarla, lo que implica que ejerció las potestades que le confiere la ley para fines distintos a los contemplados en el ordenamiento jurídico. Quiso reparar lo que, a su juicio, reputaba una injusticia: que quien es nombrado fiscal general del Estado por el Ejecutivo no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de Fiscal de Sala. De este modo, el dedo del Gobierno, al posarse sobre el nuevo Fiscal General, no sólo conferiría esta altísima dignidad, sino también la de regresar por la puerta grande de la fiscalía tras abandonar la política. Una forma como otra cualquiera de potenciar aún más el servilismo entre los fiscales: si te portas bien, no sólo podrás ser escogido como Fiscal General, sino que cuando ceses, regresarás a la fiscalía por arriba, en la cúspide.
La sentencia que retrató a Lola y a «Alvarone», amén de apartarla del ansiado cargo, ha servido para poner en la picota el nombramiento de este último como Fiscal General. No ya sólo a nivel mediático, sino también institucional: en el informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría del órgano de gobierno de los jueces tacha a Álvaro García Ortiz de inidóneo. Algo histórico, como la resolución que anula el nombramiento de Delgado por desviación de poder. El sanchismo está haciendo historia, pero no precisamente democrática.
El afectado no sólo no se ha dado por aludido, sino que, con sus burdos tejemanejes para intentar desbaratar la investigación por un delito de terrorismo contra Puigdemont y «Tsunami Democratic», ha confirmado que no es imparcial ni independiente, sino que recibe instrucciones del Gobierno. Que usa sus competencias de forma torticera no para defender el interés público, sino el del PSOE que lo ha colocado ahí y a cuyos actos de campaña antaño asistió. Por encima de jurista, Álvaro García Ortiz es activista. Su nombramiento como Fiscal General ha sido cuestionado ante el Supremo por APIF, una asociación de fiscales. Ellos sí que ostentan legitimidad para formular el recurso. Ojalá prospere y triunfe la democracia.
Pero no es ningún misterio que el objetivo del sanchismo cuando reformó la ley con el fin de impedir al CGPJ realizar nombramientos para cubrir vacantes en los tribunales estando en funciones no es otro que el de plagar los órganos colegiados de afines como el actual fiscal general, consiguiendo así un vuelco tanto en las mayorías de las Salas como en la jurisprudencia. Un poder judicial a imagen y semejanza del Tribunal Constitucional. En manos de los populares está no permitirlo. No seré yo la que les culpe por mostrarse pesimistas.
