Yo confío
«Confío en la independencia de jueces y magistrados españoles para los que la Constitución y el Estado de derecho siguen siendo su única referencia»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La voladura del Estado de derecho que supone la ley de amnistía propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque escrita por los propios beneficiados de esa misma ley, es de tal peligrosidad que rompe los acuerdos más básicos y sagrados de lo que se supone que debe de ser un Estado de derecho democrático. Los delicados mecanismos de equilibrio entre los tres poderes hace ya tiempo que rechinan lastimosamente, como ejes sin engrasar, cuando una y otra vez el poder judicial sufre la intromisión, ataque y hasta insultos de determinados miembros de los poderes ejecutivo y legislativo. Cada vez es más evidente la intolerable invasión del Gobierno contra aquellos jueces que deciden seguir juzgando en función de las leyes democráticas existentes y haciendo oídos sordos a todos los cantos de sirena que les invitan a ser tolerantes, olvidadizos, convertidos o incluso propagandistas de los deseos espurios de las necesidades autócratas del presidente Sánchez.
Algunos dirán que es fuerte calificar de espurios las decisiones del presidente en función de garantizarse su permanencia en el poder. Otros dirán que espurio es sinónimo de ilegitimo, bastardo, falsificado, fraudulento, adulterado, y en definitiva falso porque la gran mayoría de esos deseos proceden de mentiras. Mentiras que afloran como un virus que ya infecta toda la vida política española. Un virus terrible porque además está carcomiendo lo más importante, no ya de un sistema democrático, sino incluso de la propia esencia fundacional de un Estado. Y eso tan importante de cuidar, proteger y defender es la confianza de los ciudadanos no ya en los políticos en general, sino en el funcionamiento correcto de las instituciones del Estado y sobre todo de la confianza establecida durante siglos para el funcionamiento de ese estado.
¿Cómo va a confiar un ciudadano español que el Estado va a actuar con él igual que actuaría con otros ciudadanos beneficiados por la ley de amnistía? Se rompe la igualdad ante la ley y se rompe la igualdad de los derechos y obligaciones que tienen todos lo españoles independientemente de la comunidad autónoma donde vivan. Se rompen acuerdos tácitos tan claros como el de que cometa un delito lo pagará. Da igual que lo repita mil veces Sánchez con el exasesor de su exministro Ábalos. Los cantos de sirena hipnotizantes de Pedro Sánchez contra la corrupción, en medio de un escándalo cuya dimensión apenas empezamos a esbozar, como es el caso Koldo, suenan a cinismo puro.
¿Cómo mantener una confianza democrática, e incluso pública, cuando vemos los nuevos contenidos de la ley de amnistía? No hablamos ya de las tramas de terrorismo del Tsunami, ni siquiera de las derivadas de alta traición por sus conversaciones con los rusos de Putin. La decepción racional se desborda al comprobar cómo más allá de las falsas baladas sobre la necesidad de una supuesta conciliación, se concretan en salvar el culo a la familia Pujol, la familia más corrupta de España, que desde el poder instauró la mayor trama organizada de corrupción o a salvar el culo a esos grandes demócratas de CiU que instauraron la tradición del 3% en toda la vida política y empresarial de Cataluña y que ante el fin del chollo, se reconvirtieron en pirómanos independentistas xenófobos de ultraderecha para intentar evadirse del castigo y poder seguir manteniendo sus circuitos y flujos de dinero.
La impunidad, el cinismo, la miseria moral y política del Gobierno de aceptar la voladura controlada por los independentistas del Estado de derecho afecta a todos los ciudadanos de España. Un Gobierno que, en boca del histriónico defensor de la amnistía, el ministro Félix Bolaños, reconoce que saben que la gran mayoría de los españoles está totalmente en contra de una medida que ofende a la dignidad democrática de todos. Lo reconocen y piden tiempo. Una nueva forma de gobernar. Sánchez gobierna así con una medida a la que se opone la ciudadanía. Y lo hace tras haberles dicho y jurado que era contrario, que ni siquiera mencionó en la campaña electoral, y que siete votos después, se convierte en la mayor urgencia histórica, según ellos, para España. Este Bolaños que en un gesto más propio de una república bananera se auto felicita por una ley que además califica de referente mundial y que nos marca el nivel de sinceridad y ética de nuestros gobernantes.
«Siete putos votos» que han provocado la desconfianza total del ciudadano, del sistema y de las propias instituciones en la relación no ya con el gobierno sino con todo el estado. Si Jean-Jacques Rousseau levantara la cabeza y tuviera que volver a definir lo que es un contrato social, se taparía la nariz cuando comprobara la situación en España. Ese contrato social utópico en el que se establecía un pacto del individuo con la comunidad en el que las personas que viven juntas establecen unas reglas del comportamiento moral y político en lo que dijo que era un pacto tácito, imaginario y social.
Dos siglos después ese pacto se vestía democráticamente en España en la Constitución de 1978. Esa Constitución que no permite amnistías y que ahora el Gobierno va a vulnerar sin intentar siquiera ningún tipo de consenso mayoritario de la sociedad o en su reforma. Decía y dice todavía nuestra Carta Magna que la soberanía nacional reside en todo, en todo, el pueblo español del que emanan todos los poderes. Y reitero el «en todo» porque cualquier decisión que afecte a la soberanía nacional debe ser refrendada por «todo» el pueblo español. Y no por una parte de él, como adelantan los independentistas para su deseado referéndum de autodeterminación. Atentos porque no se ha acabado la violación jurídica de la amnistía y ya empiezan a hablar de la siguiente línea roja. Y como ha ocurrido con todas, los socialistas se abalanzan a negar que sea posible, con ello primero desvían la conversación para convertirse en garantes de lo que luego venderán y de esa forma intentan tapar el ruido de la infamia de la amnistía. Lo malo es que, y aquí viene lo segundo, más tarde o temprano, como han hecho con todas las líneas rojas ya pisoteadas, empezarán a defenderlo en cuanto Junts amenace en pocos meses o semanas con desalojar a Sánchez de la Moncloa.
Pese a todo, yo confío. Confío en la independencia de jueces y magistrados españoles para los que la Constitución y el Estado de derecho democrático y social siguen siendo su única referencia. Confío en la fortaleza de nuestro Código Penal que resistirá el insólito ataque del propio Gobierno que debería defenderlo. Confío en la fortaleza de nuestra integración en la Unión Europea. A pesar de la vergüenza de la imagen que está dando España, la de un país sumido en la corrupción con la malversación de los propios fondos europeos destinado al pago de mascarillas. A pesar de la vergüenza de conocer como los prófugos independentistas que van a ser amnistiados negociaron con Putin para desestabilizar a la propia UE. A pesar de ver cómo gobiernos autónomos como el balear bajo la presidencia entonces de, la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, falsificaba informes para que las mascarillas falsas de Koldo las pagara Europa.
A pesar de todo, confío en la justicia europea. Confío en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Confío en la cultura y ética democrática de la UE para que frenen, paren, rechacen y desnuden la infamia de la ley de amnistía. Esperan meses o años de inestabilidad continua, de un desgobierno más preocupado en saciar los chantajes de sus socios independentistas que en gobernar por el bien común, solidario y equitativo. Va a ser complejo, lento y triste, pero la razón democrática triunfará. Yo confío, pero hay que luchar.
