Un discurso insostenible
«La campaña para las elecciones catalanas servirá para ver hasta qué punto las prioridades de los socios de Sánchez hacen insostenible el discurso del Gobierno»
Ilustración Alejandra Svriz.
Pere Aragonés no consiguió aprobar los presupuestos y se vio obligado a adelantar las elecciones catalanas, previstas para 2025, al próximo 12 de mayo. Un anuncio que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a descartar la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2024. El primero cumple con su mandato. El segundo, que hasta antes de ayer decía que no se podía gobernar sin presupuestos sólo por seguir durmiendo en la Moncloa, se aleja una vez más de sus obligaciones institucionales. ¿Está Pere Aragonés poniendo en evidencia a Pedro Sánchez? La campaña para las elecciones catalanas dará mucho juego a este respecto. Y servirá para ver hasta qué punto las prioridades de los socios de Sánchez hacen insostenible el discurso del Gobierno socialista. Veamos.
Pasar página. Es uno de los efectos que aseguran los socialistas tendrá sobre Cataluña la recién aprobada Ley de Amnistía. Y, sin embargo, tanto ERC como Junts han asegurado a sus votantes que, tras lo fácil que ha resultado conseguir la amnistía, lo siguiente que están negociando con el Gobierno, en las reuniones que mantienen en Suiza por separado y cada uno con su propio mediador, evidenciando la claudicación del Estado, es la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. En definitiva, volver a la casilla de salida del procés. Ahondando con ello en la decadencia económica y dificultando el camino para restablecer la convivencia entre catalanes, rota por la vía unilateral adoptada por los independentistas en la que ahora insisten. ¿Pasar página? Más bien es condenar a los catalanes a vivir en el Día de la Marmota.
Solidaridad. ¿Un gobierno progresista negocia la posible salida de Cataluña del sistema común de financiación autonómica? Aragonés lo dijo claro: la intención de su Gobierno será controlar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña de forma similar al régimen foral del que gozan el País Vasco y Navarra. El Gobierno de momento ha evitado rechazar en público esta reforma, así cabe pensar que efectivamente esté en la mesa de negociaciones. Quien sí la ha rechazado esta semana con contundencia ha sido la Asociación de Inspectores de Hacienda. No sólo la considera inconstitucional, si no que advierte que puede abrir un roto descomunal en la solidaridad interterritorial, pues una quinta parte de los recursos del sistema proviene de Cataluña. Otro de sus efectos es que aumente de forma exponencial las dificultades para perseguir el fraude fiscal.
Si ya el País Vasco y Navarra son un agujero negro para la inspección y representan respectivamente el 5,89% y el 1,69% del PIB nacional, añadir a Cataluña, cuyo peso asciende al 19% de la riqueza nacional, supondría la ruptura definitiva de la unidad tributaria en la lucha contra el fraude. Hoy los inspectores no disponen de información sobre las empresas y ciudadanos en los territorios forales. El cruce de información o las inspecciones a los contribuyentes con actividad en esas Comunidades Autónomas para detectar fuentes potenciales de fraude es casi imposible. Añadir un territorio como Cataluña, multiplicaría el problema de forma exponencial.
De paso, la propuesta de Aragonés ha sentado como una patada al PNV, el otro socio de investidura de Sánchez sobre el que descansa también la viabilidad de la legislatura. Pues ha servido para poner en evidencia la ausencia de solidaridad territorial de las dos comunidades forales, tal y como desde hace años vienen alertando muchos expertos. ERC ha querido diferenciarse del cupo vasco al asegurar que Cataluña sí estaría dispuesta a participar en la financiación de los servicios públicos básicos de las regiones con menor capacidad recaudatoria a través de un fondo solidario en el que sólo participaría la Generalitat, por diferenciarse del resto. Sería fuera del actual Fondo de garantía, vinculado al cumplimiento de unas reformas y en cualquier cosa de manera temporal. Eso dicho por el presidente de una CCAA que acumula una deuda de 71.852 millones con el Estado y al que se le ha condonado un 20% de ese importe (aunque esa promesa en ausencia de presupuestos generales queda en suspenso) resulta cuando menos gracioso.
«Los independentistas han dejado claro que no desisten de conseguir sus objetivos por la vía unilateral»
Normalización y convivencia. A pesar de todas las concesiones legales hechas por el Gobierno, véanse los indultos, la eliminación del delito de sedición, la rebaja del delito de prevaricación y ahora la amnistía, los independentistas han dejado claro que no desisten de conseguir sus objetivos por la vía unilateral y de que no tienen intención de volver al marco constitucional. Ignorando el hecho de que una mayoría (el 72%) no quiere que la independencia sea una nueva prioridad para el Gobierno que salga elegido, según una encuesta reciente de La Vanguardia. Tampoco han pedido perdón y ni tan siquiera se han comprometido a asegurar la legislatura a Sánchez a cambio.
El desgaste al que se han sometido las instituciones del Estado, enfrenadas hoy unas con otras, y la enorme brecha que ha abierto en la sociedad la amnistía, ¿para esto? Porque, ¿dónde está el gran cambio que esta medida de gracia iba a traer? Bueno, quizás en que el candidato por Junts, el aún prófugo de la justicia Carles Puigdemont, tiene posibilidades de volver a las instituciones. Y de acceder incluso a la presidencia de la Generalitat sin que sin que lo detengan. Como bien resumía Carlos Alsina esta semana en su programa Más de Uno: «De investigado a investido».
Prosperidad. 8.700 empresas han salido de Cataluña huyendo de los efectos del procés. En total, suman una facturación de 50.500 millones de euros al año, una quinta parte del PIB catalán, entre las que se encentran algunas grandes corporaciones como Banco Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Colonial o Albertis. El clima empresarial nunca ha vuelto a ser el mismo desde el 1-O. La inseguridad jurídica ha impedido el regreso de las grandes empresas que se fueron y el ruido por la amnistía y la posible reactivación del procés ha provocado una nueva fuga de empresas en 2023. Si a ello añadimos las negociaciones entre el Gobierno y sus socios independentistas para forzar legalmente su regreso, en contra de los tratados europeos que consagran el principio de libre establecimiento de las empresas en el territorio europeo, es difícil prever una pronta normalización de ese clima.
Diversidad. Es uno de los valores de la sociedad catalana que más reivindica Salvador Illa. El candidato a la Generalitat por el PSC lo mismo defiende esa pluralidad que apoya al Gobierno de la Generalitat a la hora de dejar en suspenso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25% de español en toda Cataluña. Sus votos fueron necesarios para que el Gobierno de la Generalitat aprobara un decreto ley con el que ha frenado la aplicación de una sentencia que daba un vuelco al modelo de inmersión lingüística aplicado en Cataluña durante tres décadas. El TSJC considera esa nueva normativa un fraude de Ley. Aun así, los socialistas lo han vuelto a hacer en el Parlamento europeo, donde se aprobó un informe que pide sanciones para quienes acosen a los castellanoparlantes con el voto en contra del PSOE y Podemos. ¿Es esa su idea de fomentar la diversidad?
«Sólo se pasará página al ‘procés’ atendiendo los problemas reales de los catalanes»
Por todo ello sorprende que el PSC vaya a registrar un aumento de diputados en el Parlamento en las próximas elecciones (de los 33 actuales a una horquilla entre los 35 y 42). Habrá voto nacionalista escaldado por los efectos del procés que se encuentre más cómodo hoy en el PSC, pero habrá también antiguos votantes de Ciudadanos que justifiquen el elevado respaldo que obtiene el candidato socialista a la Generalitat. Baste recordar que Inés Arrimadas consiguió el 25% del voto catalán en las elecciones de diciembre de 2017 (con 37 diputados). Hoy el centroderecha, con un C’s desaparecido, obtiene 13 escaños, con un aumento espectacular del PP. Mientras, Vox se mantiene entre 8 y 10 escaños.
Esos votantes que se han sentido desamparados podrían no resignarse a volver a votar a un Illa que no duda en poner de lado sus compromisos electorales con los catalanes para hacer de muletilla del independentismo y así mejor servir al ocupante de la Moncloa. Porque sólo se pasará página al procés atendiendo los problemas reales de los catalanes, como la sequía, el imparable descenso de los estudiantes catalanes en los resultados PISA o las listas de espera. Esos de los que sólo ahora Salvador Illa se acuerda. Repetir los errores del pasado o ser cómplices de ello no parece que sea la vía recuperar los afectos ni para devolver a Cataluña el liderazgo económico, cultural y social que nunca debía haber perdido.
