La turra de la memoria histórica
«Lo que había detrás de la ley que impulsó Zapatero era crear un conflicto con la derecha. El objetivo principal era crear un relato oficial, no reparar a las víctimas»
Vuelve la turra de los memorialistas. No hay nada más insoportable que el arrogante que exhibe moral para tapar su sectarismo. El Gobierno de Castilla y León sustituye la Ley de Memoria Histórica por la de concordia -nueva palabra ultra– y ya han saltado los socialistas. Son tan predecibles que cansan. Resulta que la nueva ley amplía el concepto de víctima para incluir a los muertos desde 1931 y a las víctimas del terrorismo, y elimina el peso ideológico para que sea política de Estado, no de partido. Para los socialistas esto es «blanquear el franquismo», lo que es una confesión involuntaria: la Ley de Memoria Histórica, su sucesora y sus apéndices autonómicas no eran para reparar a las víctimas, sino para hacer política partidista.
Esa era la trampa de su ley, mezclar un relato oficial y obligatorio del pasado con el deber moral de resarcir a las víctimas. Lo que se cae con la nueva norma en Castilla y León, por tanto, es el andamiaje ideológico de lo que solo debería ser una medida administrativa. Si la nueva ley no desprotege a las víctimas ni orilla a las familias, sino que las protege como hasta ahora, el problema es solo la instrumentación ideológica de la ley anterior.
Lo que había detrás de la Ley de Memoria Histórica que impulsó Zapatero era crear un conflicto político con la derecha, tensión que diría el otro, y deslegitimar la Transición y la Constitución. El objetivo principal de esa ley era hacer política pequeña, mendaz, de relato oficial, no reparar a las víctimas. De hecho, no se ocupó el Estado, sino que Zapatero financió a asociaciones privadas para la búsqueda y exhumación. Se politizó en lugar de convertir el asunto en una política de Estado.
Esa politización fue el gran fracaso de esa ley. No hay nada que desenfoque más el pasado que mirarlo a través de una ideología, ya sea el nacionalismo, el socialismo o cualquiera de sus variantes. Por eso, ningún historiador honesto y profesional puede defender que un Gobierno o un Parlamento imponga un relato oficial de la historia.
No debería existir una ley que indique a los historiadores el camino correcto a seguir y la verdad a repetir. Como mucho la ley debe garantizar la libre investigación y difusión del conocimiento histórico, pero para eso ya está la Constitución. Esto no impide que haya normas para reconocer a las compatriotas que han sufrido la violación de sus derechos en cualquier circunstancia. Es una cuestión, no de relato, sino de solidaridad con las víctimas, con todas, sin bandos.
«Es inmoral sostener que hay muertos políticamente correctos, y muertos incómodos»
La crítica a la ampliación temporal de la memoria histórica a 1931 y a la inclusión de las víctimas del terrorismo en democracia transmite la sensación de que el PSOE tiene miedo a algo. ¿Qué fobia albergan los políticos socialistas a escuchar la historia conocida y demostrada? ¿A reconocer que en la Segunda República hubo muchísima violencia y que no se respetaron los derechos humanos? ¿Por qué se resisten a aceptar que los gobiernos republicanos y de izquierdas, sus organizaciones políticas y sindicales, no velaron por la convivencia pacífica? Sí, sabemos que la derecha tampoco, y que por eso, entre unos y otros, la Segunda República no se pudo consolidar como una democracia.
Tampoco se entiende esa memoria selectiva con el pasado reciente. ¿También tiene miedo el PSOE a reconocer que los grupos terroristas, como ETA y Terra Lliure, o el FRAP o los GRAPO, todos de izquierdas, vulneraron los derechos humanos con Franco ya muerto? Los etarras lo hicieron hasta hace poco. Los simples alegan que ETA ya no mata y que no hay que usar a las víctimas. Ya nadie mata ahora. Hablamos de personas que por motivos políticos sufrieron violencia, y que debe reconfortar una democracia digna. Es inmoral sostener que hay muertos políticamente correctos, y muertos incómodos.
Los socialistas dicen que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Fetén. A ver cómo defienden el mantenimiento de la carga ideológica de la ley si la protección a las víctimas continúa. Allá ellos, pero es curioso que les soliviante más la violencia política de hace 50 años, que la violencia en el pasado inmediato. Lloran más por los asesinatos en la dictadura franquista, que por los de ETA en democracia. Es para hacérselo mirar.