La materialización de la voladura de las pensiones

El martes de la pasada semana, el Consejo de Ministros aprobó el incremento de las cuotas a la Seguridad Social para las rentas que sean mayores de alrededor de 56.000 euros brutos al año, en lo que ha llamado como «cuota de solidaridad». Es curioso que este gobierno y la izquierda en general sean muy solidarios, pero siempre con el dinero de los demás, no con el suyo, pues aunque Carmen Calvo afirmase que el dinero público «no es de nadie», lo es, completamente, de los contribuyentes, a los que Sánchez no deja de esquilmar. 

Con ello, se continúa con el plan trazado por Sánchez y Escrivá, entonces ministro del ramo y ahora no se sabe bien si en la antesala del Banco de España o del ostracismo del ministerio que le han dado, plan que vuela por los aires el sistema de pensiones. Hace un año, al convalidarse el decreto de la reforma del sistema público de pensiones, recibió la crítica a la insostenibilidad que incorpora por parte de todos los organismos, como Fedea, BBVA Research, la Airef o el Observatorio Económico de la UFV, además de ser criticado también por Financial Times.

La reforma es una barbaridad, porque no sólo no avanza en la sostenibilidad del sistema, sino todo lo contrario: las medidas que en ella aparecen socavan su sostenibilidad; aceleran su desequilibrio estructural; impulsan, por la vía de los hechos, una transformación del sistema de pensiones en asistencial en lugar de contributivo; desincentivan el trabajo; aumentan los costes de las empresas; reducen su competitividad; merman la renta disponible de los trabajadores y perjudican al conjunto de la economía, de manera que podemos resumir el escenario que diseña esta reforma de la siguiente manera:

• La subida de la cotización adicional iniciada este año, pasando de un 0,6% adicional (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, supondrá una barrera al empleo, encareciendo la contratación de los trabajadores y mermando su renta disponible, que puede desembocar en una caída de contrataciones y de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema.

• La imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto adicional, con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a seis puntos más en 2045, pero sin subir las pensiones máximas, constituye un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo. Puede suponer una fuga de los mayores talentos profesionales hacia otros países, perdiendo valor añadido y recaudación, punto que acaba de ver la luz en el Consejo de Ministros para que esté operativo en dicho año 2025.

• El aumento de las pensiones no contributivas hasta llegar al 75% de la renta mediana de los hogares monoparentales y de las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana de los hogares no sólo supone un gasto inasumible, sino que constituye un desincentivo al trabajo y a la cotización de las personas, incentivando la economía sumergida, de forma que pueden disminuir con ello los cotizantes y la recaudación, además de que da un paso más en transformar una economía productiva en una economía subsidiada, que es negativo para la economía.

«La reforma es negativa para las familias, para las empresas, para los pensionistas, para la economía, para el empleo, para la propia recaudación y, en suma, para la prosperidad»

• En cuanto al período de cálculo de las pensiones, el Gobierno propone ampliar el período de cálculo de la pensión a una horquilla entre 25 y 29 años, quitando los dos años peores de cotización en este último caso. Es decir, da la opción de alargarlo a 29 años si el trabajador estima que le conviene más eliminando los dos peores años de cálculo. Con esta medida, por tanto, no favorece la sostenibilidad del sistema, ya que no es un alargamiento efectivo, puesto que el trabajador puede elegir, con lo que en el peor de los casos se quedará tal y como opera ahora, con 25 años. Si opta por 29 años será porque el cálculo le resulte más beneficioso, con lo que no hay potencial ahorro con esta medida, sino todo lo contrario: hay un potencial incremento de gasto.

• La previsión del Gobierno de recaudar 15.000 millones de euros anuales, aunque se cumpliesen, no serían suficientes para compensar el incremento de pensionistas, de cuantía de las pensiones, de indexación con la inflación y de alguna medida adicional que contiene esa reforma. Todavía se resiente más la sostenibilidad del sistema si dicha recaudación merma por caída de la actividad económica derivada de estas propuestas.

• No hay, por tanto, ninguna contención del gasto, sino más bien un incremento del mismo, acompañado de una subida abrupta de cotizaciones que pueden dañar seriamente el mercado de trabajo. Esa subida será todavía mayor con el mecanismo de revisión cada tres años que propone el sistema, donde si se produce desviación de los gastos al alza se corregirá con incrementos de cotizaciones, haciendo el sistema más asfixiante para trabajadores y empresas.

• Con estas medidas, por tanto, el Gobierno no aborda el verdadero problema del sistema de pensiones, que es urgente, sino que ahonda en sus desequilibrios, ataca la competitividad de las empresas, merma la renta disponible de las familias e incentiva el fraude. 

• Es, por ello, negativo para las familias, para las empresas, para los pensionistas, para la economía, para el empleo, para la propia recaudación y, en suma, para la prosperidad.

• Aunque Bruselas diese su conformidad a la propuesta en su momento, el Gobierno se la presentó bajo la hipótesis de que con los incrementos de las cotizaciones cubrirá el desfase del sistema, pero realmente incrementa el gasto paralelamente y, además, no parece lo más probable que vaya a mantenerse la recaudación pretendida si dichas medidas provocan un freno en la actividad y el empleo. Es más, la Comisión Europea, en su informe de seguimiento a la economía española. por considerar que tiene desequilibrios en su estructura, vuelve a preocuparse por el déficit y deuda del sistema de pensiones.

• En lugar de estas medidas, hay que abordar con determinación, fuera del juego político, una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad y que revierta el desequilibrio actual y futuro que, en las actuales circunstancias y con la actual normativa, se da entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y la tasa de reemplazo o sustitución de las pensiones. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del sistema.

Por tanto, recordemos una vez más que esta reforma del Gobierno es una mala noticia para los pensionistas, porque en lugar de ahuyentar los riesgos del sistema, los incrementa, con la consiguiente aceleración del potencial colapso y el camino hacia una pensión asistencial en lugar de contributiva. Es un ataque a las familias, a las empresas, a los pensionistas, a la economía, al empleo y a la propia recaudación; en definitiva, es un ataque a la prosperidad. La reforma Sánchez-Escrivá es, así, una reforma para la insostenibilidad de las pensiones, al volar por los aires su viabilidad, pero confían en que cuando estalle y lleguen los recortes ellos ya no estarán ejerciendo y traten de endosar el problema a otros.