Un consenso inalcanzable
«Al igual que ocurrió con la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, el Gobierno prefiere hacer oídos sordos y seguir con su huida hacia adelante»
Ilustración de Alejandra Svriz
España creció cinco veces más que la media europea en 2023 y en marzo rozó la cifra récord de los 21 millones de ocupados. Son datos que hay que celebrar, pero que no deberían hacernos caer en la complacencia. Basta con echar un vistazo al más reciente informe publicado por la Comisión Europea sobre España en el que se identifican persistentes vulnerabilidades de la economía española. Entre ellas, la preocupante evolución de la deuda pública y el exiguo avance de la productividad debido a la insuficiente inversión en innovación y desarrollo y la falta de mano de obra cualificada. El Ejecutivo insta a España a tomar medidas adicionales para hacer frente a estos y otros grandes retos que comprometen su potencial de crecimiento futuro. Para ello, haría falta un mínimo de consenso entre las dos grandes fuerzas políticas. Pero la división social y el choque institucional que ha provocado la ley de amnistía, la guerra de las comisiones de investigación por corrupción que enfrenta al Senado y el Congreso, el muro ideológico levantado por Pedro Sánchez y el envilecimiento en general de la vida política hacen que ese consenso sea hoy más inalcanzable que nunca. El declive del peso de España en la economía mundial parece inevitable.
Y así lo advierte la Comisión Europea. Pero al igual que ocurrió con las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, el Gobierno prefiere hacer oídos sordos y seguir con su huida hacia adelante. Que la falta de consenso social en torno a la amnistía o su desaconsejable tramitación por la vía de urgencia sobre las que alerta la primera no se interpongan entre Sánchez y su deseo de perpetuarse en el poder. Que las advertencias del Ejecutivo europeo sobre la necesidad de corregir los desequilibrios estructurales de la economía no desluzcan su relato de exitosa gestión económica. Y sobre todo que no le obliguen a derribar su muro para buscar consensos con la fachosfera porque esa ignominiosa división parece serle rentable políticamente. Especialmente ahora, con las elecciones vascas, catalanas y europeas encima.
Pero veamos qué dice la Comisión Europea sobre la economía española. El Ejecutivo cree que España debe tomar medidas adicionales para alcanzar una situación presupuestaria saneada y mejorar la sostenibilidad fiscal general. Aunque la deuda ha bajado en porcentaje del PIB, «los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria son altos a medio plazo». Y es que la deuda ha disminuido gracias a la inflación y al crecimiento, pero no porque haya habido esfuerzo alguno de consolidación fiscal para corregirla. En 2019, este desequilibrio se situaba en el 98,22% del PIB. En 2020, bajo los estragos de la crisis del coronavirus y fruto del colapso económico que esta trajo (el PIB retrocedió un 11,2%) y el aumento exponencial de los gastos sociales, esta se elevó al 120,38%. Desde entonces y a pesar del crecimiento del 6,4% de la economía española en 2022, esta se situó ese año en el 116% del PIB. En 2023, la riqueza nacional se incrementó en un 5,8% y la deuda cayó al 108%. El PIB ha vuelto a sus niveles prepandemia, el nivel de endeudamiento no. Y la persistencia de ese desequilibrio, que está entre los más altos de la UE, es lo que preocupa al Ejecutivo europeo. Y debería también preocupar al Gobierno ahora que la UE ha reinstaurado las reglas fiscales abandonadas temporalmente para capear con las sucesivas crisis de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania. Pero nada apunta en ese sentido. ¿Qué mayor evidencia que su decisión de renunciar a negociar y presentar unos presupuestos generales este ejercicio? Desatendiendo de paso su mandato constitucional.
«Haría falta un mínimo de consenso entre las dos grandes fuerzas políticas. Pero la división social y el choque institucional que ha provocado la ley de amnistía hacen que ese consenso sea hoy más inalcanzable que nunca»
La irresponsabilidad de esa decisión es aún mayor en un momento en que las condiciones para financiar esa deuda no son tan favorables como en el pasado, como advierte la Comisión. De emitir bonos y letras del Tesoro a tipos de interés casi negativos, la política restrictiva del BCE para combatir la inflación ha encarecido el coste del servicio de la deuda. Eso unido al persistentemente alto déficit fiscal, que obliga al Estado a financiarse en los mercados para suplirlo, impiden quitar presión sobre el nivel de endeudamiento público. La Comisión espera que el déficit baje del 4,1% en 2023 al 3,2% del PIB en 2024 y que la deuda se sitúe en torno al 106% del PIB. Pero advierte de que la supresión de algunas medidas fiscales extraordinarias adoptadas durante la crisis suponga un aumento adicional del déficit y que este desequilibrio pueda volver al 3,4% en 2025. A falta de ajustes adicionales, la prórroga de los presupuestos supone un obstáculo, las necesidades de financiación en los mercados internacionales del Reino de España superarán el 20% del PIB anualmente en los próximos diez años y, por ello, su sostenibilidad fiscal corre un riesgo alto en el medio plazo.
Y descendiendo a lo micro, en su informe el Ejecutivo europeo advierte de que España tiene un problema de escasa inversión en innovación y desarrollo por parte de las empresas. Tiene la tasa más baja entre sus socios europeos (0,8% del PIB frente a una media del 1,5% de la UE). La Comisión urge al Gobierno a tomar las medidas necesarias para acompañar al sector privado a impulsar esa inversión. Señala que España tiene una escasez de mano de obra cualificada para hacer posible la transformación verde y digital que necesita para ser competitiva, Pero, de nuevo, nada indica que el Gobierno esté creando el clima propicio para dar esa confianza a la empresa privada. Ya sea en el pasado reciente con el señalamiento de algunos grandes empresarios, a los que ha llegado a acusar de antipatriotas o de explotadores, o con una cierta fijación para castigar fiscalmente y en una clave populista a algunos sectores o bien con su entrada con dinero de todos los contribuyentes en empresas estratégicas sin mediar las explicaciones necesarias.
Pero la actividad económica, gracias en gran medida a los empresarios que exportan sus bienes o servicios y que han sido el motor del crecimiento en todas las crisis sucesivas desde la Gran Recesión de 2008-2013, ha demostrado su capacidad de sobreponerse a todos los impedimentos. Es la responsabilidad del Gobierno acompañar esa actividad con políticas fiscales responsables que eviten un posible castigo futuro en forma de tipos de interés más elevados que no sólo afectarían a la financiación de la deuda pública sino también a la necesaria inversión del sector privado que aún debe recuperarse. Supongo que sería mucho pedir que, además de ser responsables fiscalmente, se pusieran la pila para acometer alguna de las reformas pendientes que mantienen a España detenida desde hace demasiado tiempo y que daría alas a su potencial de crecimiento futuro. Porque no bastan los buenos datos de crecimiento o de empleo para asegurarlo.
