Zasca en la boca sanchista

Aragonès no disimula. Sabe que su electorado aplaude que haya cogido a Sánchez por los mismísimos votos y apriete sin pausa. No le hace falta fingir, ni mentir. Apoya sus pronósticos sobre hechos consumados. Es la profecía autocumplida. Ha dicho en el Senado que habrá referéndum como ha habido amnistía, y sucederá. Aragonès conoce perfectamente que Sánchez no pone límites cuando se trata de satisfacer a los nacionalistas. Es la fuerza de la voluntad, dice, porque no quiere llamarla chantaje. Si lo dijera, si reconociera la extorsión, no pasaría nada. No habría respuesta gubernamental. Sánchez organizaría un viaje a Kapurthala, iría otra vez a Cuelgamuros, o insultaría a Ayuso para distraer. Mientras, los corifeos del sanchismo dirían que las palabras de Aragonès son el producto de la tensión de las campañas electorales, pero que no va en serio. 

Por supuesto que va en serio. La amnistía que promueve Sánchez supone la consideración de que un referéndum no es un delito, y que si no lo es, se puede volver a intentar. Por eso los independentistas dijeron desde el principio que lo harían de nuevo, y estuvieron atacando a los jueces hablando de lawfare. Esto ha convertido las declaraciones de Aragonès en el Senado en un zasca en toda la boca al sanchismo porque la amnistía no «pacifica» al nacionalismo, sino que permite avanzar en el proceso a la independencia.    

El argumento de Aragonès para defender el referéndum ya es indistinguible del discurso sanchista para justificar sus cesiones al chantaje. Ambos consideran que preguntar no es un delito, que es legítimo consultar a la ciudadanía, y que solo los jueces politizados de la derecha no lo entienden. El mal procede, coinciden los dos, de un PP que judicializó la política, de un derecha que ha asimilado mal que vivimos en democracia y que impide a los catalanes (a todos, of course) vivir según su criterio. 

«La paz de Sánchez es un país que sustituya la ley por la voluntad; es decir, por el chantaje de las minorías al Gobierno»

La paz de Sánchez es un país que sustituya la ley por la voluntad; es decir, por el chantaje de las minorías al Gobierno para que rompa el Estado democrático de Derecho. Ya tienen el relato de que la Transición fue un apaño franquista, que la Constitución está muerta, que las instituciones fiscalizadoras son fachas, y que el progreso es lo que decidan en un despacho los nacionalistas. También cuentan con la tropa de juristas, culturetas y periodistas que dicen que echaban de menos una amnistía en España. Pero sobre todo tienen un electorado que traga con la nariz tapada, que piensa que no les encaja el asunto pero que si lo dice el Gran Timonel pues sus razones tendrá. 

Más allá del referéndum no hay nada, porque esa consulta supone una negación de la Constitución. Sánchez no puede ofrecer otra cosa ni ahora ni después. Una vez que tengan el debate sobre la mesa y el sanchismo comience a pergeñar los argumentos favorables, cuando los corifeos de Sánchez digan que a quién le puede molestar que la gente vote, el asunto está hecho. Su victoria está en que el referéndum esté sobre la mesa y marque la política, como la amnistía. Más tarde o más temprano pondrán las urnas. Es el paso lógico.

De esta manera, la legislatura de Sánchez podría ser la última de la España democrática que conocemos. Si se fractura la Constitución por delante y por detrás, con la amnistía y el referéndum, esto quedará desquiciado, fuera de sus goznes, y caerá. El calendario es muy propicio para la culminación de este procés. Las elecciones europeas no sirven para nada. En las vascas habrá un gobierno nacionalista que quiere la autodeterminación. Y en las catalanas, con cualquiera de sus fórmulas se avanzará en el referéndum. Solo queda poner la fecha.