Propietarios de viviendas, objetivo de la 'famélica legión' sanchista
«Al expolio fiscal al que es sometido el propietario de vivienda, se le añade ahora que, por sus veleidades revolucionarias, el Gobierno le ha situado en su diana»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Durante muchas décadas, los «parias de la tierra» que retrata en su letra el himno de La Internacional tuvieron en el centro de la diana como auténtica obsesión enfermiza a los llamados terratenientes. Los titulares del medio de producción más natural que existe eran la pieza que había de abatirse por parte de la «famélica legión» que se canta en el citado himno y sus propiedades eran el oscuro objeto del deseo de los que aspiraban a «hundir el imperio burgés». Eran los tiempos en los que se acuñaban como eslóganes «el reparto de las tierras» o «la tierra para el que la trabaja».
La evolución económica determinó que la relevancia económica de la agricultura siguiera una deriva descendiente, reflejada inequívocamente en la caída de su peso en el PIB español: 30% en 1950; 23% en 1960; 11% en 1970; 7% en 1980; 4% en 1990… hasta poco más del 2% en la actualidad. Análoga evolución a la seguida por el empleo en el sector que ha pasado de representar en 1950 el 50% de nuestro empleo total a suponer hoy solo un escaso 9%. Sean causa, consecuencia o ambas cosas a la vez, estos datos están guardan una estrecha relación con el movimiento seguido por el capital en su migración desde las zonas rurales hacia las urbanas. Y explican el proceso de despoblación de la España llamada «vaciada» pues nunca fue más cierto lo afirmado por Engels cuando afirmó que «la población sigue los pasos del capital».
La cuestión es que esta progresiva irrelevancia relativa de la tierra como factor de producción ha provocado que la ira de la famélica legión que integran los parias de la tierra se haya olvidado en parte de los terratenientes y se dirija ahora, con incluso mayor ferocidad, hacia los propietarios de viviendas urbanas o pisotenientes, las nuevas víctimas de los que aspiran a «cambiar el mundo de base».
Y como no podía ser de otra forma Sánchez y su Gobierno, siempre prestos a dar carne a la jauría, han emprendido una auténtica cruzada laica contra los propietarios de viviendas. Un evidente hito en esta cacería fue la Ley 12/2023 denominada «Por el derecho a la vivienda» que, en realidad, no es sino una ley contra el derecho a la propiedad de sus titulares. Limitar tan arbitrariamente las facultades de un propietario para decidir el precio que quiere cobrar por arrendar unos activos que forman parte de su patrimonio supone una injustificable agresión a la propiedad privada. No incluir en la Ley instrumento alguno que facilite al propietario legal recuperar la posesión de sus viviendas que han sido criminalmente okupadas es una afrenta al derecho a la propiedad. Llegar incluso a dificultarle la citada recuperación en el caso de arrendatarios insolventes haciendo recaer sobre él la carga de la prueba que desmonte la insolvencia fingida se aproxima mucho a lo que en Derecho se denomina una «prueba diábolica».
Pero bueno, todo fue en pro de ganarse el apoyo de los descamisados, esos a los que al tiempo de aprobarse la ley Sánchez les prometió públicamente que iba a poner inmediatamente en el mercado más de 100.000 viviendas sociales ¿Cuántas ha puesto desde entonces? Ninguna a lo que se ve pues ninguna ha sido publicitada por la fábrica publicitaria de La Moncloa. No importa, ya sabemos que para el sanchismo no cuenta la realidad, tan solo lo que sale por la boca de Sánchez y es después entusiásticamente reproducido verbal y por escrito a cuatro columnas por su bien pagado coro de palmeros.
«Los ‘pisotenientes’ son probablemente los españoles que soportan el mayor acoso fiscal entre todos los contribuyentes»
Ahora Sánchez anuncia que va a cercenar de raíz el instrumento que estimulaba la inversión extranjera en viviendas ubicadas en suelo español ¡Menudo desatino! Quizá piense que así logrará revertir la brutal caída de la inversión exterior en España, casi un 20% en 2023 en relación con el año precedente.
No finalizan aquí las agresiones a la propiedad sobre la vivienda, pues acaba de conocerse que los muy doctos economistas de Sumar, el principal socio parlamentario de Sánchez, propugnan ahora que se prohíba adquirir una vivienda si ésta no va a ser la utilizada como habitual por el adquirente. No cabe ni mayor ataque al derecho a la propiedad ni mayor evidencia de estulticia. Exigir semejante requisito al que quiera comprar una vivienda supone limitar la utilización del dinero a quien lo tiene y hacerlo sin motivo justificado alguno.
Pero, adicionalmente, la idiotez de los proponentes queda patente si nos detenemos a pensar cómo podría implementarse semejante limitación. ¿Durante cuántos años debería utilizarse como habitual la vivienda adquirida? ¿Cuál sería la reacción punitiva si realizada la adquisición no se cumpliera a posteriori el requisito? ¿Qué excepciones deberían establecerse y cómo podrían acreditarse? En fin, éstas y muchas otras cuestiones -todas tan absurdas como la misma prohibición- habrían de regularse para mayor gloria de la elefantística dimensión de la sobrerregulación ya existente en España.
Y todo ello sin olvidar que los pisotenientes son probablemente los españoles que soportan el mayor acoso fiscal entre todos los contribuyentes patrios. Se les hace pagar impuestos cuando adquieren una vivienda cobrándoles un 6% del precio de adquisición en las comunidades autónomas de fiscalidad moderada o inteligente y hasta un 13% en las de fiscalidad agresiva o torpe. Se les obliga también a pagar por los rendimientos reales que consigue generar con su arrendamiento y por los ficticios que se inventa el Fisco en el caso de las segundas y ulteriores viviendas no arrendadas. Entre tanto, se les cobra anualmente el IBI en base a unos valores asignados unilateralmente y arbitramiento por la autoridad fiscal. Si optan por vender la vivienda previamente adquirida, el Fisco les obliga a pagar en el IRPF por el beneficio monetario obtenido -no por el real- y además se les exige adicionalmente la llamada plusvalía municipal, calculada también arbitrariamente. En caso de desprenderse de su vivienda mediante una donación se les hace pagar por los dos últimos conceptos citados. Y, finalmente, a su fallecimiento el Fisco procede a gravar a sus herederos en el Impuesto sobre Sucesiones aplicando una tarifa de tipos estremecedoramente confiscatoria que puede llegar hasta el 83%.
De modo que es evidente, el propietario de vivienda o pisoteniente es la gran víctima del abuso del Estado. Al expolio fiscal al que es sometido, se le añade ahora que por sus veleidades revolucionarias nuestro Gobierno socialcomunista, socio de independentistas y pseudoterroristas, le ha situado en el punto de mira de su rifle telescópico.
