Embajadas: ¿refugio de corruptos?
«La corrupción, probablemente el mayor problema mundial de la casta política, no debería tener amparo en ningún rincón democrático del planeta»
Embajada de México en Quito
Las principales funciones de cualquier embajada son mantener contactos de gobierno a gobierno, promover las relaciones bilaterales entre los países en todos los ámbitos, proteger los intereses del país titular de la misma y dar protección y asistencia a los nacionales desplazados, de acuerdo con las leyes y la normativa vigente. Las embajadas están protegidas por el derecho internacional, se consideran suelo soberano del país titular de la delegación y son inviolables.
Asaltar una delegación diplomática es una violación grave del derecho internacional. Así sucedió en Quito cuando la policía irrumpió en la Embajada de México, mediante el uso de la fuerza contra el personal de la embajada, y procedió al arresto del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por graves delitos por la justicia ecuatoriana. El día del allanamiento el presidente López Obrador había concedido el «asilo político» al corrupto condenado Glas.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que es una democracia plena, afirmó que «la justicia no se negocia», justificando el asalto a la embajada asumiendo haber tomado decisiones excepcionales «para proteger la seguridad nacional» y añadió que su país «rechaza cualquier tipo de inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes». Hay que recordar que Jorge Glas, que fue vicepresidente ecuatoriano de 2013 a 2017 con el presidente Correa, fugado del país por corrupción y, por un periodo corto tiempo con el presidente Lenin, fue condenado por la justicia de Ecuador por, entre otros, el caso Odebrecht, sobornos y la desviación de fondos de la reconstrucción de Manabí, después del terremoto de 2016.
La pregunta es ¿quién violó primero el derecho internacional? El Ministerio de Exteriores de México, en su página web, enumera el papel destinado a sus embajadas y desde luego, en ningún caso, figura dar cobijo a delincuentes económicos condenados por corrupción. ¿Ampara el derecho internacional el mal uso de las embajadas y de la utilización torticera de la figura del asilo político? ¿Se puede permitir que un país usurpe la soberanía del poder judicial de una nación democrática?
Empieza a ser una lamentable costumbre que las embajadas de algunos países jueguen el papel de refugio para delincuentes de cuello blanco, que se escapan de la acción de la justicia. Curiosamente ese salvoconducto siempre funciona para todo aquel político corrupto vinculado con la izquierda. Y cuanto más caviar sea mejor. El presidente López Obrador es ese personaje que, disfrazado de ética progresista, protege y ampara a cualquier político delincuente cuya ideología política sea la izquierda. Por eso, a Jorge Glas el Gobierno de AMLO le concedió asilo político. Se refugió en la Embajada de México para evitar cumplir pena de cárcel. ¿Qué tiene de «causa política» ser un corrupto? ¿Es que dentro de la ideología de izquierda está robar al pueblo, desviando fondos de la reconstrucción de un terremoto?
«¿Responde al derecho internacional amparar desde un país al golpista que atenta contra el orden constitucional de otro?»
Hay que recordar que López Obrador ofreció asilo político al expresidente golpista del Perú Pedro Castillo. Una vez que fracasó el golpe de Estado, gracias al respeto constitucional de las instituciones y a las Fuerzas Armadas del Perú, Castillo fue detenido por la policía cuando huía con su familia hacia la Embajada de México en Perú. ¿Responde al derecho internacional amparar desde un país al golpista que atenta contra el orden constitucional de otro? ¿El papel de las Embajadas de México es acoger a cuanto delincuente allegado ideológico a su presidente cometa delitos y así queden a salvo de cumplir las oportunas penas? Pedro Castillo tenía negociado con Obrador ser acogido por México en caso de que fracasara el golpe. ¿Qué respeto institucional se merece ese gobierno?
Asaltar una embajada es una decisión singular y extrema. Pero empieza a ser menos cuando la embajada ha dejado de ser una delegación diplomática para convertirse en un piso franco para golpistas y políticos corruptos. En este mundo globalizado es una necesidad revisar los usos y costumbres así como las leyes que operan en las relaciones internacionales.
No hay que cruzar el charco para encontrar este tipo de casos. Bélgica es ese punto negro internacional que acogía a terroristas de ETA, mantiene a corruptos económicos como Rafael Correa, el expresidente fugado de Ecuador que para los caviares internacionales es un referente moral (repugnante), o sirvió de acogida al cobarde Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.
Es una necesidad global redefinir el concepto de «asilo político». Hay que redefinir la protección ante la justicia para que no lleguemos al anacronismo del caso Puigdemont donde no se respetó una euroorden emitida por España y se dio refugio judicial a un prófugo de la justicia de un país miembro de la UE. Y ahora resulta que ese país miembro pretende aprobar una ley de amnistía —a medida del prófugo por intereses políticos— y es la UE la que va a suspender su aplicación.
«Una forma grave de corrupción es utilizar el asilo político para que amigos ideológicos eludan sus responsabilidades judiciales»
Entre democracias el asilo político debe ser una excepcionalidad que necesitaría la aprobación de varios países. No digo una institución internacional porque muchas de ellas están creadas por organizaciones profundamente no democráticas y sí ideológicas. Especialmente en América Latina. El asilo político es una figura jurídica con tanto peso específico que no puede pervertirse con actitudes repugnantes como la de López Obrador. La corrupción, probablemente el mayor problema mundial de la casta política, no debería tener prescripción temporal ni amparo en ningún rincón democrático del planeta.
Una forma grave de corrupción es utilizar la figura del asilo político para que amigos ideológicos eludan sus responsabilidades judiciales. Otra forma de perversión del derecho internacional es recibir la nacionalidad de otro país —por regalo presidencial— para tener una isla donde quedarse en el caso de que, por delitos económicos, te reclame la justicia de tu país. Y eso ya no nos suena tan lejano.
