Las listas de espera quirúrgicas
«Apostar por la gestión privada de los servicios públicos es más eficaz y menos caro. Pero una decisión así está amenazada por una palabra tabú: privatización»
Esta semana, la actualidad política más candente pasa por las pasadas elecciones vascas y las próximas catalanas y por las Comisiones de Investigación del caso Koldo, sin embargo, la publicación la semana pasada de las escandalosas cifras del retraso que tienen las listas de espera quirúrgica ha hecho que hoy quiera prestarles mi atención.
Hemos sabido que, en estos momentos, hay 850.000 españoles a los que se les ha prescrito una operación y que están pendientes de ser operados. A este dato hay que añadir que la espera media para ser operado es de 128 días (aunque en la Comunidad de Madrid es sólo de 51), y que el 24,3% de los pacientes llevan ya más de seis meses esperando.
Sabemos que, en nuestro sistema sanitario, cuando la vida de un paciente depende de una operación, esta no se retrasa. Pero la calidad de vida de todos esos españoles que están en las listas de espera sí que está en juego, porque se trata de operaciones de materias como la vista (cataratas, por ejemplo), el oído, el aparato locomotor (juanetes, hernias discales, artrosis, tendones, caderas, rodillas, prótesis óseas, etc).
Este problema tan real y con tanta influencia en nuestra vida cotidiana plantea, en el fondo, una cuestión de mucho calado que tiene que ver con lo que llamo el debate cultural. Y voy a explicarlo con una experiencia autobiográfica.
En mi discurso de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, en noviembre de 2003, hice un anuncio que levantó mucha expectación: me comprometí a dimitir si algún madrileño al que se le prescribiera una intervención quirúrgica no era operado en los siguientes 30 días a la prescripción.
«La gestión indirecta de los servicios sanitarios, a través de empresas especializadas, es, en muchos casos, más eficaz que la directa»
Fui presidenta nueve años y durante todo ese tiempo la oposición buscó denodadamente algún caso para desalojarme de la presidencia, algún madrileño al que no se le hubiera ofrecido ser operado en esos 30 días, y no lo encontraron.
¿Cómo conseguimos que las listas de espera quirúrgica de la Comunidad de Madrid no sobrepasaran nunca los treinta días? La respuesta es muy sencilla. Llegamos a un acuerdo con las clínicas y hospitales privados de Madrid que quisieron concertar con nosotros la derivación de los pacientes a los que en los hospitales públicos no se les pudiera atender antes de 30 días.
Soy consciente de que mucha gente piensa que los servicios de titularidad pública, como la Sanidad, sólo pueden y deben ser gestionados directamente (es decir, a través de funcionarios). Sin embargo, es lo cierto que la gestión indirecta de estos servicios, a través de empresas especializadas, es, en muchos casos, más eficaz que la gestión directa.
Eso hicimos y el éxito fue rotundo, a pesar del enfado de la oposición que, en nueve años, no logró encontrar ni un solo caso de retraso que le hubiera permitido acabar ipso facto con mi presidencia.
«Hoy ninguna administración se atreve a derivar pacientes a la sanidad privada»
Es verdad que algunos pacientes a los que se les ofrecía ser operados en hospitales privados antes de 30 días preferían continuar con su médico y en su hospital, pero esos casos, como es lógico, ya dejaban de contar como retrasos en las listas de espera.
Hoy ninguna administración se atreve a derivar pacientes a la sanidad privada. Y aquí es donde entra la batalla cultural de la que hablé al principio.
Apostar, cuando sea necesario, por la gestión privada de los servicios públicos es, casi siempre, más eficaz y menos caro. Pero una decisión de ese tipo está amenazada por una palabra tabú: privatización. Una palabra que el establishment progre dominante en la España actual tiene maldita, hasta el punto de que, a los políticos, sobre todo a los de la derecha, les da terror que se les pueda acusar de haberla practicado.
A pesar de que, día a día, se demuestra que los servicios gestionados directamente por la Administración son en general más caros y menos eficaces que los que gestionan empresas privadas. No hay más que ver que un servicio de indudable titularidad pública, como es la recogida de basuras, está en prácticamente todos los ayuntamientos de España de todos los colores políticos, gestionado por empresas privadas especializadas.
«Borrell fue capaz de liberalizar el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona»
No quiero terminar sin mencionar a Josep Borrell que, a pesar de ser un socialista y un izquierdista de toda la vida, cuando fue ministro de Transportes, fue capaz de liberalizar el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona, lo que se tradujo en una mejora del servicio y en un abaratamiento inmediato del precio de los billetes.
Porque siempre pasa lo mismo cuando se recurre a la gestión privada de algunos servicios públicos, aunque por miedo a esa palabra maldita, privatización, los políticos, que deberían velar por mejorar esos servicios, no se atrevan a hacerlo.