¿Prevarica el Ayuntamiento de Madrid?
«Pueden subirte los impuestos para «luchar contra la pobreza infantil» y que dicha pobreza se multiplique por dos en una legislatura»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. | Ilustración de Alejandra Svriz
No pretendo en estas líneas entablar una discusión metafísica sobre el origen y conveniencia de los impuestos. Todos podemos estar de acuerdo en que cierto nivel fiscal es necesario para mantener algunas instituciones y servicios del Estado. En lo que ya no nos pondríamos de acuerdo, con total seguridad, es en el número y naturaleza de esas instituciones. Pero hay algo que nadie puede negar, los impuestos se recaudan mediante la acción coercitiva del Estado. Por algo se llaman impuestos, porque te los imponen. Si no, se llamarían «voluntarios».
Algunas personas (la práctica totalidad de la sociedad, en realidad) realmente consideran que el civismo democrático consiste en pagar tus impuestos religiosamente, sin rechistar. Continúan creyendo en el mito del contrato social, en una utopía propia del siglo XVIII. La perenne corrupción, el asalto a las instituciones del Estado, el tamaño cada vez mayor del Estado, la invasión creciente de las esferas de privacidad individuales o la pérdida continua de poder adquisitivo no parecen hacer mella en esos buenos ciudadanos. ¡Qué diablos! Si ni siquiera reaccionan cuando cualquier indocumentado con cargo oficial se gasta nuestro dinero en putas y cocaína.
«El Gobierno no es más que un conjunto de personas que ejerce sin impunidad el monopolio de la fuerza»
Los políticos lo saben y lo utilizan. Saben que vivimos anestesiados, rehenes de una servidumbre que será nuestra fosa común. Saben que pueden hacer lo que quieran y no va a suceder nada. Pueden subirte los impuestos para «luchar contra la pobreza infantil» y que dicha pobreza se multiplique por dos en una legislatura. En lugar de dimitir avergonzados, te volverán a subir los impuestos para seguir luchando contra la pobreza. No tenemos solución. Y esto no depende del partido político que gobierne. Veamos un ejemplo.
Hace unos meses recibí una carta certificada del Ayuntamiento de Madrid. La abro y era una multa en la que me reclamaban 300 euros y cuatro puntos del carnet por circular a 57 km/h en un tramo de 30 km/h. Se trata de una calle por la que circulo a diario y sé, a ciencia cierta, que en esa vía no existe tal limitación de velocidad. Al día siguiente, cuando circulaba de nuevo por esa calle, comprobé que no existe tal limitación (de hecho, hay señales de 50 km/h). Es decir, se han inventado la multa, sin más.
¿Qué hago? Obviamente es mucho dinero y ellos ofrecen la infame propuesta de reducción del 50% del importe si la pago inmediatamente. Ahora entiendo que ofrecen esa reducción porque una parte no despreciable de las multas que ponen se las están inventando. Así recaudan miles de euros de ciudadanos incautos que no tienen ganas o medios para enfrentarse al Estado. No he nacido yo para la sumisión, se lo puedo asegurar. Así que recurro la sanción aportando las pruebas pertinentes, incluidas las fotos donde se demuestra que no existe la limitación de 30 km/h.
Hace unos días me llegó la respuesta en la que escriben lo siguiente: «No se da ningún motivo legal para eximirle de la responsabilidad del hecho denunciado». Es decir, que las pruebas muy bien y tal, pero que nos las pasamos por el arco del triunfo y la multa te la vamos a cobrar igualmente. Entiendo que alguna de esas cívicas personas mencionadas más arriba pueda hervir de indignación ante esta respuesta, ante esta manifiesta injusticia. Los que, como yo, sabemos que el Gobierno no es más que un conjunto de personas que ejerce sin impunidad el monopolio de la fuerza, no nos sorprendemos de nada.
Pero Majadahonda (donde vivo) es una localidad relativamente pequeña, donde todo se sabe. Y miles de vecinos circulan cada día por la misma calle donde me pusieron la sanción. Y a miles de ellos les pusieron la misma multa falsa que a mí. Y muchos de ellos han recurrido, y a muchos de ellos les han dicho lo mismo que a mí. Y muchos de ellos han denunciado y ahora empiezan a llegar las sentencias. En ellas el juez falla que, efectivamente, no existe tal limitación a 30 km/h y ha declarado ilegales 8.848 multas.
Ya es suficientemente grave el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid se invente miles de multas a sabiendas de que se las está inventando (todos sabemos que no existe tal limitación de velocidad, por tanto, también lo saben los policías que nos pusieron las multas y el que les ordenó que fueran allí a poner esas multas). Pero es mucho más grave el hecho de que la desestimación de mi recurso tenga fecha posterior a la sentencia judicial que les acabo de relatar. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid no hace caso a mi reclamación cuando sabe que la multa es ilegal y cuando sabe que un juez les va a obligar a anularla. ¿Qué nombre recibe el hecho de que la administración tome una decisión sabiendo que es contraria a la ley?
No se trata de un hecho aislado. El Ayuntamiento de Madrid lleva años embargando deudas que ya están prescritas (sabiendo que no lo pueden hacer) y hace un tiempo tuvo que devolver 1,6 millones de euros al anularse casi 20.000 multas ilegales que había puesto, todas en el mismo sitio. ¿Por qué lo hacen? Porque una parte significativa de las personas no protesta. Por cada cien sanciones que ponen, ¿cuánta gente las paga sin rechistar? De este modo, aumentan la asfixia fiscal sobre los ciudadanos amparándose en una sumisión social que es la base del tinglado recaudatorio. Pocos levantan la mano, por eso lo seguirán haciendo… porque les dejamos.
