La economía recomendada del sanchismo

En los últimos años de la dictadura, cuando daba clase en la universidad, un viejo catedrático de Economía se preguntaba qué tipo de economía era la franquista. Y se respondía a sí mismo: «¿Socialista?, no, desde luego; ¿liberal?, tampoco puesto que la intervención estatal es muy elevada». Es una economía, decía, recomendada. Las decisiones económicas se encontraban en buena medida motivadas por los intereses privados, según la capacidad que tuviesen para influir en el régimen.

Entonces, el sector público empresarial alcanzaba un tamaño muy considerable. En él se incardinaban casi todas las grandes empresas del país, desde Campsa a Iberia, pasando por Tabacalera o Telefónica, y otras muchas más. Pero, al mismo tiempo y en paralelo, al Instituto Nacional de Industria (INI) iban a parar bastantes de las empresas privadas que ya no eran rentables. De tal forma que el sector público empresarial se acabó convirtiendo en el estercolero del sector privado.

La presencia pública también era relevante en el sector financiero. Además de la banca oficial, estaban las cajas de ahorros. Una de las actuaciones más decepcionantes del PSOE cuando llegó por primera vez al Gobierno en 1982 fue el tratamiento dado a las cajas de ahorros, renunciando a crear con ellas una banca pública potente, dejándolas, por el contrario, en manos de comunidades autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que las hizo presas fáciles del caciquismo local y las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Se optaba una vez más por la economía recomendada en lugar de por una economía socialista.

Las cajas de ahorros se situaron en tierra de nadie. No eran privadas, pero tampoco se puede afirmar que en sentido estricto fuesen públicas. La contradicción era evidente, en un mundo globalizado la gran mayoría de las cajas prestaban servicios en casi todo el territorio nacional y desde luego más allá del ámbito geográfico y de los intereses de una comunidad autónoma, y sin embargo la gestión se condicionaba a la conveniencia y proyectos de los caciques territoriales.

Esa ambigüedad en su naturaleza y esa inconsistencia en su funcionamiento las hizo enormemente vulnerables a la crisis de 2008. Las recomendaciones, los intereses localistas primaron sobre la eficacia y el buen gobierno, ya fuese público o privado. El resultado ha sido la desaparición de las cajas de ahorros y la asunción por parte del Estado de sus pérdidas, por una cantidad cercana a los 40.000 millones de euros, elevando fuertemente nuestro endeudamiento exterior.

«Un decreto consagró la total discrecionalidad del Gobierno a la hora de repartir los fondos europeos»

La Historia enseña a no repetir los errores. Ahora que está tan de moda eso de la memoria histórica, es sorprendente que aquellos que se empeñan en resucitar el franquismo como instrumento para denostar a sus adversarios políticos repitan las mismas equivocaciones de la dictadura, estableciendo una economía recomendada. Y esa es la que está primando en casi todas las actuaciones de los gobiernos de Sánchez, en especial en la concesión de los Fondos Europeos de Recuperación.

Casado tenía razón. Se comprende perfectamente su preocupación y su petición de que fuese una comisión de técnicos independientes la que decidiese el reparto de estos fondos. Parecía razonable exigir que ninguna fuerza política pudiese apoderarse de su distribución y que la discusión y aprobación se realizase en el Congreso con luz y taquígrafos y no de forma global, sino detallada. Sánchez, sin embargo, no estaba dispuesto a conceder en esta tarea la menor participación a nadie. No ha tenido ninguna intención de compartir el poder que le iba a otorgar la distribución de forma discrecional de todo este cúmulo de dinero. Poder frente a las comunidades autónomas, frente a las fuerzas económicas, frente al Ibex, frente a las grandes empresas y, a través de ellas, frente a los medios de comunicación.

El Decreto ley 36/2020 de 30 de diciembre consagró la total discrecionalidad del Gobierno a la hora de repartir los fondos, era un cheque en blanco, todo el proceso quedaba sin control político alguno, y muy deteriorados y disminuidos los controles y procedimientos administrativos, esos que son totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la aplicación de todos los recursos públicos, y estos lo son.

Vox desorientó a toda la prensa absteniéndose en la votación parlamentaria del decreto ley, lo que permitió que fuese aprobado en el Congreso. ¡Vox salvando a Sánchez! Paradójicamente, esta formación política había dicho de esta norma que «creaba la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país». Cambio tan radical solo se explica por el hecho de que alguien les hiciese notar que en este caso los clientes eran los de su bando, a pesar de que también le hiciesen la pelota a Sánchez.

«La forma en la que se están concediendo e instrumentando los llamados fondos de recuperación económica es escandalosa»

La huida del derecho administrativo estaba presente en todo el decreto ley. La forma en la que se están concediendo e instrumentando los llamados fondos de recuperación económica es escandalosa. No solo es que los destinos se hayan decidido unilateralmente por el Gobierno prescindiendo del Parlamento, es que además se está realizando con total opacidad y nadie sabe qué tareas e inversiones se están llevando a cabo. El propio decreto ley dispensaba, en aras de la urgencia (premura que después no se ha seguido en la ejecución), de realizar muchos de los trámites y controles necesarios en la administración de los fondos públicos. La fiscalización previa, por ejemplo, quedaba reducida a una parodia.

La arbitrariedad, la recomendación y el caciquismo ha llegado también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que, por una parte, comenzó a conceder ayudas de Estado con riesgo de que las pérdidas se transfieran una vez más del sector privado al público y que, por otra, interviene en las grandes empresas con la sospecha de que el poder acumulado no se dirija tanto a preservar los intereses nacionales como a la conveniencia de determinadas formaciones políticas, especialmente en el ámbito de la comunicación y de la prensa.

El primer caso de ayudas de Estado fue el de los 53 millones canalizados hacia la compañía aérea Plus Ultra. Constituyó un ostensible escándalo, pues parece que no se cumplía ninguna de las condiciones establecidas para recibir la aportación. No era una empresa estratégica, estaba muy lejos de ser viable, no estaba acreditado que fuese española y sus principales accionistas, emparentados con la cúpula de la dictadura venezolana, daban lugar a todo tipo de sospechas acerca de la objetividad en la concesión.

El escándalo de Plus Ultra pone en cuestión todo el fondo de ayudas a las empresas canalizado por la SEPI y suscita al mismo tiempo múltiples interrogantes. Quizás la primera pregunta sea cómo encaja en la misma corporación la doble condición de nacional y estratégica. Creíamos que después de privatizar las grandes empresas del país ya no quedaban empresas nacionales que se puedan llamar estratégicas. ¿Cómo calificar de nacional a una empresa privada? ¿Acaso es suficiente que los accionistas tengan la nacionalidad española? En presencia de la libre circulación de capitales, los accionistas cambian y no hay nada que garantice que la participación del dominio en las empresas permanezca. La línea divisoria a menudo es muy tenue y difícil de reconocer, como se observa, por ejemplo, en el caso de Plus Ultra en el que los defensores de la concesión fundamentan el cumplimiento en el hecho de que la esposa de uno de los dueños venezolanos tiene la nacionalidad española.

«Economía recomendada parece ser lo que hace la consultora Acento de Pepiño Blanco»

La UE, aplicando uno de sus principales dogmas, la libre competencia, prohíbe toda ayuda de Estado, precepto cuyo cumplimiento ha exigido con todo rigor a lo largo del tiempo. Pero en Europa todo es relativo y se encuentra sometido a los intereses de los grandes países, especialmente de Alemania. El país germánico, nada más comenzar la pandemia, sin esperar ninguna autorización de la Comisión, se lanzó en apoyo de sus grandes empresas. Europa se ha visto en la obligación de autorizar lo que antes prohibía.

Resulta difícil no sospechar que en España muchas de estas ayudas hayan ido encaminadas a empresas en situación crítica, en muchos casos con dificultades económicas anteriores a la pandemia. Existe el peligro de intentar mantener empresas zombis que, sin viabilidad, antes o después, se vean obligadas a cerrar y que sea imposible que el Estado recupere su participación o su préstamo. Podemos retornar una vez más a una economía recomendada, en la que el sector público empresarial se transforme de nuevo en un cementerio de muertos vivientes. Y economía recomendada parece ser lo que hace la consultora Acento de Pepiño Blanco.

¿Cómo no hablar en los gobiernos de Sánchez de economía recomendada si las «instituciones» escriben cartas de recomendación interesándose por determinadas empresas que se presentan a contratos públicos y que solicitan ayudas del Estado? Bien es verdad que si la mentira se convierte en cambios de opinión, por qué las cartas de recomendación no pueden ser declaraciones de interés.

Si estas mismas «instituciones» se definen a sí mismas como «conseguidoras de fondos», la cosa se confirma. Sería ingenuo pensar que cuando Sánchez comete la mayor de las corrupciones que es comprar todos los días el Gobierno de la nación pagando con el patrimonio económico y político del Estado y cuando convierte en un mercado persa la asignación de los fondos europeos de recuperación, su mujer se iba a quedar en casa haciendo calceta.

«Será o no delito, eso lo dirán los tribunales, pero de lo que no hay duda es de que resulta políticamente impresentable»

Lo único extraño del tema es que las recomendaciones se pusiesen por escrito. Aunque, pensándolo bien, no es tan raro. Está acorde también con la presunción de impunidad que muestra su esposo, el presidente del Gobierno, en todas sus actuaciones.

Será o no delito, eso lo dirán los tribunales, pero de lo que no hay duda es de que resulta políticamente impresentable. Cualquier alto cargo o funcionario sabe que no es lícito recibir regalos de empresas si se tiene posibilidad de influir en los actos administrativos que les afectan. No se precisa ser muy perspicaz para ser conscientes de la capacidad de ascendencia que la esposa de un presidente de Gobierno tiene sobre todas las autoridades administrativas del país y cómo se pueden ver intimidados todos los directivos, funcionarios y empresarios ante cualquier sugerencia. Los que somos viejos cómo no acordarnos de la collares.

Tampoco hay que ser muy listo para descubrir que aquellos que hacen regalos, obsequios, agasajos, etc., esperan siempre una compensación, algo a cambio. Si se produce la partida y la contrapartida, sobre todo si coinciden con mucha frecuencia, aun cuando no se pueda demostrar en sentido estricto la causalidad, no resulta atrevido suponerla. En el ámbito penal la duda se resuelve siempre a favor del reo; en el campo político es al contrario. No se debe permitir que exista la menor sospecha de corrupción. Lo de la mujer del césar…