Órganos 'prostitucionales'

El tiempo pone a todos en su sitio. Pedro Sánchez, el autócrata de la Moncloa, llegó al poder a través de una moción de censura cuya justificación fue regenerar la democracia y eliminar la corrupción de la política. Todo era mentira. El asalto al poder fue una operación diseñada por la banda de los okupas del Estado. Para justificar el asalto se apoyaron en frases fake sobre la corrupción, malmetidas por el juez José Ricardo de Prada en la sentencia de la Gürtel, eliminadas posteriormente por el Tribunal Supremo. Hablaron de corrupción cuando lo que querían era dinamitar los pilares democráticos del Estado y proteger su poder, su corrupción y la impunidad de los suyos.

Ninguno de nosotros imaginábamos que aquel contundente denunciante de la corrupción, del tráfico de influencias y de los comportamientos impropios se acostaría con ellos seis años después, los tendría en las reuniones familiares y que, además, en su núcleo duro para la conquista del poder tendrían casas y chalets de lujo de disfrute sin pagar, viajes exóticos, maletas sospechosas, cuentas millonarias en el extranjero, móviles, tarjetas y armas como los narcos o la mafia, agendas llenas de influencias… en definitiva, mierda hasta el cuello.

El ecosistema de Pedro Sánchez necesita okupar todos los poderes del Estado, a través de miembros de su banda, para con su uso impropio asegurarse la fidelidad de los que lo mantienen en el poder. La ecuación es poder a cambio de impunidad, presente y futura. Son una banda porque no es condición la cualificación sino la pertenencia. Son una banda porque están coordinados. Saben las acciones que van a hacer otros —presuntamente independientes— antes de que pasen. Así, Sánchez nos contó en un mitin que el TC limpiaba a Magdalena Álvarez o que María Jesús Montero sabía, dos horas antes, lo que la fiscalía iba a filtrar a la prensa. Organización. Banda.

No hay sitio en ninguna columna para describir todas las maniobras de okupación en la Fiscalía General del Estado, embajadas políticas, RTVE, el CIS, Consejo de Estado, empresas del IBEX, la estratégica Indra… De ahí la desesperación por okupar el CGPJ y han fracasado gracias al PP y el apoyo de la UE. Haber estado tanto tiempo sin renovar el CGPJ les ha obligado a triturar el Tribunal Constitucional desde que lo okupó con miembros de su organización. Desde el presidente a los vocales que salen de su gabinete o de su gobierno. Siete contra cuatro. Siempre. Sin pudor. Sin idoneidad. Todos comprometidos con la unidad de destino —el poder— en lo universal. Que se note que preside el autócrata. Todos los dictadores acaban siendo iguales.

El día de la celebración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI vimos la imagen de la banda de okupas en su salsa. Compadreo con el presidente del Tribunal Constitucional, con la presidenta del Congreso, compradora de mascarillas fake a Koldo, o el fiscal General del Estado que es capaz de asumir un delito por cubrir las imputaciones de la esposa del presidente.

«Conde Pumpido, por Sánchez, ha decidido dinamitar el Estado de derecho desde el Tribunal Constitucional»

Se sienten impunes con razón. Están dando un paso más allá de lo nunca pensado. Cándido Conde Pumpido, por Sánchez, ha decidido dinamitar el Estado de derecho desde el Tribunal Constitucional.

Las funciones reconocidas del Tribunal Constitucional, hasta la llegada del autócrata Pedro Sánchez a la Moncloa, eran garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Las tareas encomendadas eran: el control de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes. Resolver los conflictos de competencias entre las instituciones centrales del Estado (legislativo, ejecutivo, judicial). Resolver los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Preservar la autonomía de los entes locales y salvaguardar, en última instancia, los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ningún caso ser un tribunal de valoración de pruebas en las sentencias y, mucho menos, ser el órgano de casación de las audiencias o del Tribunal Supremo.

Con la incorporación de los okupas de Sánchez al Tribunal Constitucional, con Cándido Conde Pumpido a la cabeza, se ha prostituido su función para hacer todo lo que necesite el presidente. Han transformado el TC en un tribunal político que autojuzga a políticos, exonerando a los suyos mediante artificios inconstitucionales. ¿Dónde se recurre la arbitrariedad? Además, se han inventado una nueva instancia de apelación penal —sin la cualificación pertinente— que, a su vez, es inapelable.

Con Cándido Conde Pumpido da igual respaldar indultos, amnistiar a golpistas o que la condecorada por Griñán, Inmaculada Montalbán, sin pudor, pero con mucha indecencia por no inhibirse, decida modificar y cambiar las sentencias de la Audiencia de Sevilla y revisar al Tribunal Supremo para dejar impune el robo y la desviación de 679.432.179,09 euros. El mayor fraude político de España que, en vez de ser destinados a los parados, se repartieron de forma clientelar, durante años, entre empresas amigas, colocando familiares y compromisos, pagando favores, comprando votos cuando no cocaína, mariscadas o putas.

«Para Sánchez resulta que todo progre sociata, o asimilado como de los suyos, goza de estigma de impunidad»

Cuando un tribunal político se impone por encima del órgano supremo de la justicia, la separación de poderes ha desaparecido y al modelo de Estado se le llama dictadura. El ecosistema Sánchez.

La última genialidad del Tribunal Constitucional es decir que «una ley no puede ser un vehículo jurídicamente eficaz para malversar» junto a que una «Ley de Presupuestos y sus créditos no pueden ser ilícitos». ¿Cómo? ¿Que año tras año se aprueben unas partidas en los presupuestos que se destinan a fines ilícitos no es delito? ¿Que los que aprueban y proponen esos presupuestos, con partidas conocidas como «fondos de reptiles», no son culpables? Prevaricación. Impunidad.

Si «una ley no puede ser un vehículo jurídicamente eficaz para malversar» tampoco será eficaz para defraudar. ¿Se acaban de cargar el delito fiscal? Es cuestión de acogerse a la doctrina del Tribunal Constitucional de los ERE. Nada que salga de la Ley de Impuestos puede ser ilícito. Así que, al hacer la Declaración de la Renta, nada de lo que salga de sus formularios puede ser ilícito. Si el defraudador es de la peña de Sánchez, estará tranquilo. Lo indultarán, amnistiarán o le corregirán la sentencia. A los demás, no.

«No se puede creer que no intenten hacer con el CGPJ lo mismo que están haciendo en el Constitucional, la Fiscalía y otros organismos»

Para Sánchez resulta que todo progre sociata, o asimilado como de los suyos, goza de estigma de impunidad. Todos se están colocando al margen de las leyes de los demás. Son una casta supremacista para la que todos los poderes del Estado deben actuar eliminando todo tipo de responsabilidad que correspondería a cualquier otro ciudadano. Así es la igualdad entendida por Sánchez. Desigualdad. Privilegio. Casta. Banda.

No se puede ser naif y creer que no van a intentar hacer con el CGPJ lo mismo que están haciendo en el Constitucional, la Fiscalía y todos y cada uno de los organismos del Estado, RTVE, CIS, CNI, Correos, incluso Telefónica e Indra… donde con el dinero de todos compran puestos en los Consejos de Administración. Da igual el órgano del Estado que sea. Todos los que están en manos de designados por Sánchez se llaman como siempre, pero hacen lo que nunca. Todos están prostituidos en su hacer y proceder. Órganos prostitucionales orientados a garantizar la impunidad presente y futura del presidente, los suyos y todos los que sean necesarios para mantenerlo en el poder.

El tiempo y la práctica del CGPJ dirán si el Partido Popular ha impuesto la institucionalidad constitucional o se la han metido doblada.