La Comisión Europea ha hecho lo que tenía que hacer con el CGPJ

La firma del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español para poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial tuvo como telón de fondo los salones de la Comisión Europea en Bruselas. Ejerciendo de notaria se encontraba la vicepresidenta de esta misma institución, Věra Jourová, cuyo papel, así como el del comisario de Justicia, Didier Reynders, ha sido clave para conseguir este acuerdo. 

Algunos críticos ven en el papel de la Comisión una injerencia indebida, un tutelaje intrusivo en un asunto que consideran estrictamente nacional. Es falso. Aquellos que defienden este postulado ponen de manifiesto su profundo desconocimiento del nivel de integración de España en la Unión Europea y las implicaciones que ello tiene en el ordenamiento jurídico español. 

La UE no es una organización internacional cualquiera; es una organización supranacional cuyo derecho tiene primacía sobre el derecho nacional de los Estados que la componen. Es imposible interpretar los ordenamientos jurídicos de los países de la UE por separado, ya que tenemos un sistema multinivel. En el caso de España hay cuatro: el autonómico, el nacional, el europeo y el internacional. Por eso decimos que las leyes autonómicas y nacionales no solo se tienen que adecuar a la Constitución española, sino también al Derecho internacional y, sobre todo, al derecho de la UE.

En este sistema, quien ejerce de Ejecutivo, o Gobierno, es la propia Comisión Europea. Esta última es la guardiana de los Tratados, la que debe garantizar su cumplimiento. Asimismo, según el Artículo 2 del Tratado de la UE, la Unión se fundamenta, entre otros valores, en el Estado de derecho. En consecuencia, los ataques contra el Estado de derecho en un país de la UE, como los que estamos presenciando en España, son ataques contra los cimientos de la UE en su conjunto. La intervención de la Comisión Europea para evitarlos y sancionarlos es primordial. 

La UE tiene a su disposición varias herramientas para evitar que algún gobierno ataque el Estado de derecho y, por tanto, sus fundamentos. Entre los instrumentos políticos se encuentra el artículo 7 del Tratado de la UE, que puede desembocar en la suspensión de los derechos de voto de un Estado miembro en el Consejo. Pero para ello se necesita una vulneración sistemática de los valores de la UE y la unanimidad del resto de Estados, por lo que es un instrumento muy difícil de usar; por eso es denominado «la bomba nuclear». 

«En el último informe sobre España, la Comisión instaba a España a renovar a los vocales del CGPJ de forma urgente»

En el plano jurídico, la Comisión y cualquier Estado de la Unión pueden iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE contra un Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la UE. Para no tener que llevar a los Estados siempre ante el Tribunal en un procedimiento largo y complejo, y poder tratar las deficiencias del Estado de derecho en los países de la UE con más agilidad, la Comisión tiene a su disposición el Mecanismo del Estado de derecho. La Comisión emite cada año un Informe sobre el Estado de derecho en cada uno de los 27 Estados miembros. A continuación, se abre un dialogo entre cada país y la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. 

En el último informe sobre España, publicado en julio de 2023, la Comisión instaba a España a renovar a los vocales del CGPJ de forma urgente, a reformar el nombramiento de los vocales para cumplir con los estándares europeos y a fortalecer el estatuto del fiscal general para asegurar la independencia y la autonomía de la fiscalía. Cuando Félix Bolaños repetía que el Partido Popular estaba bloqueando la renovación del CGPJ mentía, porque el que se negaba a cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea era precisamente el Partido Socialista, mientras que el PP insistía en que había que cumplir todas y cada una de las demandas europeas. Al denunciar estas deficiencias, la Comisión estaba cumpliendo con su deber. 

Porque la UE es una comunidad de Derecho, y si no se garantiza el respeto del Estado de derecho, todo se derrumba. Tomemos como ejemplo el Mercado Único, la joya de la corona de la integración europea. Lo que lo hace funcionar es la confianza mutua entre los países y el compromiso de cumplir todos con los mismos estándares. Pues bien, si nuestros socios europeos no pueden confiar en que la justicia en España es independiente, supondría un problema enorme para las empresas y ciudadanos de otros países de la UE. 

No solo es normal que la Comisión vigile que se cumplan las recomendaciones que emite en el informe anual sobre el Estado de derecho: es que es sano y jurídicamente correcto, dado su papel en nuestro ordenamiento jurídico compuesto de diferentes niveles. En el caso de la renovación del CGPJ, su intervención también ha sido oportuna y vital para los intereses de España, ya que el PSOE se negaba a hacer los deberes. ¿O acaso es casualidad que el PSOE no tenía más remedio que aceptar las condiciones del Partido Popular para despolitizar el CGPJ y la figura del fiscal general (que eran también las condiciones de la Comisión Europea) a pocos días de la publicación del siguiente Informe sobre el Estado de derecho en España, a principios de julio?

«La Comisión vigilará el cumplimiento del acuerdo para decidir si finalmente inicia o no un procedimiento de infracción contra España» 

Es más, si no se hubiera producido este acuerdo para avanzar hacia la despolitización del CGPJ, la Comisión habría podido iniciar un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al haber comprobado de primera mano quién era el que se negaba a reformar el nombramiento de los vocales del CGPJ y a despolitizar la figura del fiscal general. Y que no les quepa la menor duda a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños: la Comisión vigilará de cerca el cumplimiento del acuerdo para decidir si finalmente inicia o no un procedimiento de infracción contra España. 

Por eso, la Disposición Adicional de la proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que registraban el Partido Popular y el PSOE el pasado 26 de junio ante la Mesa del Congreso, establece que el nuevo Consejo General del Poder Judicial debe presentar una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados que «pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea». No le servirá nada a Sánchez esconderse detrás de una inexistente «soberanía parlamentaria» para desviarse de la propuesta de reforma del CGPJ, porque lo que importa es si tal reforma del proceso de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados se adecua a los estándares europeos; es decir, que los jueces participen en la elección de los jueces que formarán parte del CGPJ.

Pedro Sánchez y su Gobierno padecen de un síntoma muy típico en los más conspicuos euroescépticos. Consiste en usar Bruselas y sus instituciones como un chivo expiatorio cuando las noticias que de ahí llegan no casan bien con el relato oficialista. Conviene no caer en esta trampa. Y conviene recordar que los constantes atropellos al Estado de derecho a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno afectan a todos los europeos.