El paquete democrático
«Sánchez es un experto en dejar las cosas a medias, hacer chapuzas jurídicas cuyo valor es estrictamente político, usar el BOE para la guerra cultural»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace unas semanas, Gabriel Rufián pidió a Pedro Sánchez en el Congreso que se dejara de «malmenorismo» y actuara ya contra la «maquinaria del fango» de los «fascistas que le quieren mal». La maquinaria del fango, para quien no haya seguido la actualidad, no es más que un eufemismo de los medios críticos. Esto no significa que no existan, obviamente, iniciativas de desinformación preocupantes, pero al Gobierno solo le importan aquellas que van contra él. El presidente promueve un silogismo espurio: como hay muchos bulos sobre él, cualquier noticia crítica es susceptible de ser un bulo también.
El líder de ERC le exigió al presidente medidas concretas. Merece la pena recordar algunas. Su discurso es muchas cosas y ninguna mínimamente liberal. «Propuestas. Votemos aquí. Mañana. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango, en contratación pública. Mañana. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan, por algo será». La primera idea es una especie de Criterios ESG en versión sectaria; la segunda es otro ejemplo más del punitivismo de la izquierda contemporánea, enamorada últimamente del Código Penal.
El presidente no le reprochó las maneras iliberales a Rufián: el iliberalismo está bien si se hace desde tu lado de la trinchera. Es, además, la política del Gobierno. Sánchez respondió: «Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y lo voy a presentar ante las Cortes Generales, no le quepa duda». Unos días después, en una entrevista en La Vanguardia, confirmó que su plan es «acabar con la impunidad de algunos pseudomedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox». Una de sus medidas era modificar la ley orgánica sobre el Derecho al Honor y la del Derecho a la Rectificación.
Como han recordado algunos juristas, esa modificación no tiene mucho recorrido. Además, la legislación ya funciona y está homologada con el resto de países europeos (a Sánchez le gusta mucho hablar de la «homologación» con Europa para justificar sus medidas menos europeas).
Esta misma semana el Tribunal Supremo ha condenado al político Alvise Pérez, cuya estrategia de desinformación durante años es bastante obvia, a pagar 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por divulgar fotografías privadas.
«Parece más probable que Sánchez se centre en el estrangulamiento financiero de los medios críticos»
Sí parece más probable, como han recordado algunos analistas, que Sánchez se centre en el estrangulamiento financiero de los medios críticos. Rufián le daba la idea de impedir que reciban contratos públicos determinadas empresas que se anuncian en algunos medios críticos. En un reciente artículo, José Antonio Zarzalejos decía que «Sánchez sí puede —y ya lo hace— intentar el estrangulamiento financiero. A través de la publicidad institucional, pero no solo ni principalmente. La presión —y a veces sin ella— sobre empresas públicas y otras que no lo son, pero porosas a sus sugerencias, para que no contraten publicidad con determinados medios, para que no patrocinen ninguno de sus actos y para que no les proporcionen información». Es ahí donde más presión parece que ejercerá el Gobierno, y donde posiblemente tenga más éxito.
No sería la primera vez que amenaza directamente a empresas privadas (recuerden el caso de Ferrovial o el más reciente de Ouigo). Y las empresas españolas, que saben que en este país la prosperidad se alcanza al calor del gobierno de turno, es posible que se plieguen.
La posibilidad de que todo sea un farol no es descartable. Sánchez es un experto en dejar las cosas a medias, hacer chapuzas jurídicas cuyo valor es estrictamente político, usar el BOE para la guerra cultural. Pero sus palabras tienen efecto. Quizá uno de los más deprimentes es cómo ha dividido más aún a la profesión periodística. Recuerdo con amargura una declaración de la FAPE poco después de la famosa primera carta de Pedro Sánchez. En ella la federación de asociaciones de periodistas hacía un «llamamiento a todos los periodistas para que denuncien y rechacen a aquellos compañeros y medios que denigren y desprestigien la profesión y que vulneren el Código Deontológico».
En esos días histéricos, hubo periodistas señalando a otros periodistas como nunca había visto antes, profesionales aparentemente cultos y refinados sugiriendo que la esposa del presidente no debía ser fiscalizada. Para algunos de esos periodistas acríticos, Sánchez es antes progresista que «poder fáctico», y sus acciones deben juzgarse antes como lo primero que como lo segundo. El gran logro de Sánchez es ese, esa contaminación. El gran contaminador del debate público es quien más poder tiene para contaminarlo, que es el presidente del Gobierno.
