¿Cómo es posible que la UE no alce la voz sobre España?
«Cómo es posible que la Comisión Europea haya recurrido ante el TJUE una Ley de Polonia sobre la independencia judicial y, sin embargo, de España no diga nada, ni nada esté pendiente de resolución»
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. | Ilustración de Alejandra Svriz
Leo en los medios que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la Comisión Europea y ha resuelto que la reforma del sistema judicial polaco, que ese país llevó a cabo en 2019, es ilegal. Las disposiciones, contenidas en aquella ley, afectan gravemente a la independencia judicial y suponen una vulneración del derecho comunitario.
A raíz de que Polonia aprobara una Ley el 20 de diciembre de 2019, que modificaba las normas nacionales de organización de los tribunales ordinarios, la Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento, en el que solicitaba al Tribunal de Justicia que declarase que el régimen establecido en esa ley infringe diversas disposiciones del Derecho de la Unión, y afecta a la independencia judicial.
«Citaré algunos hitos preocupantes y notorios del camino que se ha emprendido hacia la destrucción de nuestro Estado de Derecho»
El Tribunal de Justicia de la UE ha resuelto el recurso en una sentencia el 5 de junio de 2023, -que he leído- la cual, entre otras cosas, recuerda que, según el artículo 2 del Tratado UE, la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos; añadiendo que estos valores son comunes a los Estados miembros, y que de ello se deduce que los Estados miembros están obligados a respetar, en particular, la exigencia de independencia judicial, y de velar, en relación con el valor del Estado de Derecho, por evitar cualquier regresión de su legislación en materia de organización de la Administración de Justicia, no adoptando normas que puedan menoscabar la independencia judicial.
Ante semejante noticia, yo me pregunto: ¿cómo es posible que la Comisión Europea haya recurrido ante el TJUE una Ley de Polonia sobre la independencia judicial, logrando la condena de ese Estado, y, sin embargo, de España no diga nada, ni nada esté pendiente de resolución, con todo lo que se lleva haciendo aquí, por los Gobiernos, y por el Legislativo mayoritario de aquellos, no solo desde el año 1985, con el famoso cambio de la propuesta -nombramiento- de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino, sobre todo, desde la entrada en los Gobiernos, en 2004 y 2018, del socialismo de extrema-izquierda y sus coaligados?
¿Es que tenemos bula en la UE, quizá como Estado «singular»?
Citaré algunos hitos preocupantes y notorios del camino que se ha emprendido hacia la destrucción de nuestro Estado de Derecho, y que la Comisión Europea parece ignorar o no valorar.
El primero, fue el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1981 por la de 1985, que interpretando irracional y arbitrariamente el art. 122. 3 nuestra Constitución (CE) entregó todos los nombramientos de los vocales del CGPJ a los parlamentarios, en lugar de dejar a los jueces que nombraran a doce de ellos. Lo cual, fue considerado y profetizado por el TC (STC 108/1986) como una forma de facilitar la politización de la Justicia, que, efectivamente, se produjo nada más que se llevó a cabo el nuevo sistema de nombramientos y que, hasta nuestros días ha permanecido de forma tan evidente e irresoluble -con cambio de cromos entre los partidos, para proponer a los Vocales- que ha precisado, después de cinco años de retraso, la intervención de la UE, como «testigo notarial», para llegar a un supuesto acuerdo entre los partidos políticos, cuyo resultado sigue siendo imprevisible.
También se introdujeron políticos en cada Tribunal Superior de Justicia de las CCAA. Se incorporaron, sin prueba oficial alguna que demostrara mérito y capacidad, los jueces de Distrito a la Carrera Judicial, pasando a ser Jueces de Primera Instancia e Instrucción; y, aunque algunos de aquellos ni lo querían, porque estaban bien en sus destinos, y otros han demostrado hacer un buen trabajo, lo cierto es que la decisión del Ejecutivo se tomó sin fundamento real, de espaldas a la justicia y para alegrar y atraer a «sus amigos». Se crearon el tercer y cuarto turno para que accedieran a la Carrera judicial licenciados en Derecho, también sin mérito y capacidad acreditada; se han mantenido los llamados jueces sustitutos, que carecen de acreditación oficial para considerarse integrantes del poder judicial (art. 117 CE), pues tampoco han acreditado oficialmente, -es decir, mediante oposición- como los demás, sus conocimientos y capacidad para serlo, ni siquiera han pasado por la Escuela Judicial; Y se expulsó al MF de aquella Escuela, la cual, a su vez, se trasladó a un monte de Cataluña.
No se ejecutan las sentencias firmes de nuestros Tribunales, como la dictada en el llamado «proces», o la que obligaba a que en Cataluña se utilizara en la enseñanza, al menos un 25% la lengua castellana, que es la lengua oficial del Estado español y, por lo tanto, el español. El Ejecutivo, y su coaligada mayoría parlamentaria, desprecia e incluso insulta a los jueces, y los quiere supervisar.
Se ha suprimido en el Código Penal el delito de sedición, únicamente para que este Gobierno se mantenga en el Poder, pero sin razón alguna de interés general y precisamente porque por ese delito fueron condenados en firme los autores del Golpe del 1-O-2018 contra la unidad de España; se ha cambiado, por el mismo desmotivo, el delito de malversación de caudales públicos; se han acordado los indultos contra el parecer del Tribunal Supremo (TS) y sin arrepentimiento de los condenados, que dicen seguir delinquiendo; se ha publicado la arbitraria Ley de amnistía, que se comienza a aplicar; y ya, crecido el Gobierno, y con la notoria complicidad del Tribunal Constitucional (TC), va liberando, de los delitos de malversación y otros, a los condenados en firme por los Tribunales y por el TS, que en Andalucía distrajeron más de 600 millones de euros en el denominado asunto de los ERES. ¿Qué más es necesario hacer en España para que la Comisión Europea considere que nuestras leyes, su instrumentación oportunista, olvidando el interés general, y el desafecto al Poder Judicial por parte del Ejecutivo, infringen diversas disposiciones del Derecho de la Unión, y afectan a la independencia judicial, con peligro para el Estado de Derecho y la democracia?
