El cachete de la Comisión a Pedro Sánchez
«Europa advierte al Gobierno sobre la ley de amnistía: hay una investigación ‘en curso’ y no ha descartado que acabe en un ‘procedimiento de infracción’»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Uno de los motivos por los que el Gobierno se prestó a firmar el acuerdo con el Partido Popular sobre la renovación del CGPJ era que temía un duro informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en nuestro país. Me advirtieron de ello, y siento no haberlo incluido en el artículo que escribí al respecto.
Gracias al acuerdo ha evitado el posible reproche de la Comisión. No es que supusiera mucha dificultad para Sánchez et al, con la ayuda de los medios a los que inunda de dinero público y favores adyacentes, volcar el reproche sobre el Partido Popular. Pero ha tornado el informe negativo en acaramelados titulares sobre el «progreso significativo» en la renovación del CGPJ.
Con todo, el informe no es una buena noticia para el Gobierno. Le hace una advertencia sobre la Ley de Amnistía. Ya saben: el Gobierno perdona a unos criminales que actuaron contra la democracia española por el simple hecho de que tienen el poder político suficiente para mantener a ese Gobierno en el poder.
Para poder hacerlo por ley, los negociadores, con Conde Pumpido de muñidor, han tenido que hacer un engendro de trucha y mono, recortando por aquí y estirando por allá, para que la manta cubra a todos los actores políticos pertinentes. Incluyendo al huido de la justicia Carles Puigdemont. Cuando la ley le llegue al propio Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional aprobará, con orgullo, su propia obra, o lo que queda de ella tras el trasiego parlamentario.
No son pocas ni de escasa importancia las instituciones que han señalado las poderosas razones que explican que la ley atenta contra la Constitución. Y no es la última de todas que atenta contra la igualdad ante la ley de los españoles. Lo acaba de señalar el Tribunal Supremo que, arqueando las cejas, alzando los hombros, y poniendo las palmas hacia el cielo, ha decidido llevar la ley ante el Tribunal Constitucional.
«La ley de amnistía está hecha para borrar la responsabilidad de un ‘golpe de Estado’»
La Ley pone en cuestión «los principios constitucionales y el sistema democrático mismo». El Supremo habla de un sistema democrático de un modo distinto al de Nicolás Maduro o Pedro Sánchez: no es condición necesaria y suficiente que sean ellos quienes estén en el poder. Tampoco basta con tener la mayoría en el Parlamento. También hay que cumplir las normas fundamentales del Estado de derecho. La norma, dice el TS, «repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley» y substituye al sistema judicial «por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable». La ley de amnistía, en suma, está hecha para borrar la responsabilidad de un «golpe de Estado».
Sabemos lo que va a hacer Conde Pumpido con la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el Supremo. El propio TC se ha constituido a sí mismo en tribunal de casación del Supremo y ejerce de «borrador mágico» de delitos de políticos socialistas, en feliz expresión de Javier Benegas. ¡Igualdad ante la ley! ¡Ja! Por un lado están ellos, que quedan completamente al margen de la ley, y que pueden robar 680 millones de euros, y por otro está el lector, que no puede tener una interpretación de la ley distinta de la de Hacienda, o a quien se le acumulan las multas de tráfico, y al que le crujen a la primera ocasión.
La Comisión Europea, decía, le hace una advertencia al Gobierno sobre la ley de amnistía. Por un lado, dice que hay una investigación «en curso», y no ha descartado que acabe en un «procedimiento de infracción». De hacerlo, llevaría al Gobierno ante el TJUE por violar los tratados. No creo que vaya tan lejos, de todos modos. Por el momento, hace suyas las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
«La Comisión hace una grave acusación al Gobierno: reconoce que hay un discurso contra los jueces»
Por otro lado, la Comisión hace una grave acusación al Gobierno: reconoce que desde el gabinete y los órganos del Ejecutivo, como lo hay desde otras instituciones, como el Parlamento, hay un discurso contra los jueces. No dice que es contra los jueces que están investigando la corrupción de los Sánchez-Gómez, o interpretando la ley de amnistía de un modo inconveniente para los intereses políticos de Sánchez. Pero tampoco es necesario que lo haga. Es ya una grave reconvención de la actitud de Sánchez y los suyos.
Pero no es más que un cachete. Entiendo que la Comisión Europea no está tan preocupada por la salud de la democracia en España como lo está por la de otros países que votan en un sentido más incómodo para la propia Comisión. Es normal. Toda la Unión Europea tiene una relación muy indirecta con la democracia, y la propia Comisión más que cualquier otra institución. Digamos que la salud de nuestras democracias sólo le inquieta si le inquietan los votantes de tal o cual país. No es nuestro caso.
También entiendo que un informe así tiene que ser más formal que sustantivo. En el documento no se ve la grave degradación de nuestras instituciones. Ni aparece la brutal corrupción que Pedro Sánchez, desde el Congreso de los Diputados, ha prometido orquestar con los medios de comunicación. Va a gastar nuestro dinero en comprar a medios de comunicación para que nos convenzan de que Sánchez no es tan malo, después de todo. Ha pervertido al Tribunal Constitucional como nunca antes. Acosa a los medios y a los jueces. Y le niega el derecho a participar en el juego político a una parte de la derecha, que es como hacerlo con toda ella. La Comisión Europea no sabe nada de ello, ni quiere saberlo. Ya defenderemos la democracia desde aquí, mientras podamos.
