El valor de las empresas privadas
«La empresa privada debe ser reconocida social y políticamente por su papel esencial en el incremento de valor para el conjunto de la comunidad»
Ilustración: Alejandra Svriz | TO
En España, la figura del empresario y de las empresas privadas está en algunos casos siendo denostada por parte de los ciudadanos e incluso por miembros del actual Gobierno.
El empresario arriesga en muchas ocasiones el patrimonio familiar, su jornada laboral supera ampliamente la legal para los empleados por cuenta ajena, no cobra paro si fracasa su actividad, y se responsabiliza de muchas actuaciones difíciles de prever por parte de sus empleados y agentes de su entorno, clientes, proveedores, etc.
El tejido empresarial español está compuesto por unas 3,2 millones de empresas, de las que más del 99% son PYMES, predominando las microempresas con menos de 10 empleados. Estas pequeñas y medianas empresas, en su mayoría de carácter familiar, juegan un papel fundamental en el proceso productivo. Su actividad fundamental se realiza en el sector servicios, como es el caso del turismo, el comercio y los servicios profesionales, entre otros.
Las empresas privadas desempeñan un papel fundamental como mecanismos y motor de desarrollo, innovación, generación de empleo y bienestar social.
El actual Gobierno social comunista está lastrando continuamente su eficiencia, competitividad, y, en algunas ocasiones, imposibilitando su supervivencia. En efecto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la elevación de los impuestos y de las cotizaciones sociales, la modificación del marco laboral y ahora la reducción de la jornada de trabajo; son medidas que penalizan seriamente los mecanismos eficientes de producción. Por todas estas razones, resulta necesario recordar el valor de la empresa privada y su aportación inestimable a la sociedad.
«El actual Gobierno social comunista está lastrando continuamente la eficiencia y competitividad de las empresas privadas, y, en algunas ocasiones, imposibilitando su supervivencia»
Las empresas son entidades económicas que tienen como objetivo fundamental la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los demandantes, y que se asignan a través del mercado. Son las auténticas generadoras del empleo, creando puestos de trabajo sostenibles que permiten proporcionar ingresos a los empleados, contribuyendo a su bienestar económico y al de sus familias. Asimismo, impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación, lo que permite mejorar la productividad y la eficiencia del sistema económico
Las empresas privadas contribuyen a la financiación del gasto público mediante el pago de impuestos, que en España es superior a la media del entorno, lo que penaliza también nuestra competitividad.
Todos los análisis, tanto teóricos como empíricos ponen de manifiesto la mayor eficiencia de la empresa privada respecto a la pública. El sector público no debería realizar esta función empresarial, salvo mediante un papel subsidiario. Es inadmisible la entrada del sector público en algunas empresas privadas de nuestro país, como es el caso de Telefónica. Las empresas privadas son de sus accionistas, con el objetivo loable de maximizar el beneficio y optimizar su valor.
Las compañías deben de tener libertad para tomar las decisiones estratégicas y operativas sin intervención estatal alguna, por lo que es inaudita la intromisión del Gobierno en OPAs empresariales entre compañías privadas tan relevantes como la del BBVA sobre el Sabadell o la de Talgo, va en contra de los más elementales principios de una economía de mercado.
Además, la riqueza que genera la empresa, la distribuye a la sociedad mediante el pago de salarios, de impuestos y a través de las reinversiones, remunerando lógicamente a sus propietarias mediante los dividendos, que en nuestro país se encuentran muy penalizados fiscalmente.
La labor del empresario es esencial en la creación y desarrollo de la empresa. Son absolutamente inseparables el uno de la otra. El beneficio que obtiene al final el empresario, por su trabajo, dedicación, riesgo e innovación, es solo una parte pequeña del resultado total de su actividad empresarial. Genera rentas por la remuneración de los factores productivos capital y trabajo, paga sus impuestos que se redistribuirán por el Estado, y abastece de los recursos necesarios de bienes y servicios que se destinan a satisfacer la demanda de los consumidores.
El proceso se incrementa significativamente mediante la demanda de inputs intermedios a otras empresas, lo que genera un efecto multiplicador del valor, como consecuencia del «juego» del libre mercado y de la acción empresarial que se traduce en un incremento de la riqueza para el conjunto de la sociedad.
Lógicamente, el empresario no satisface tan solo a corto plazo la demanda de los consumidores, sino que, además mediante los procesos de innovación y desarrollo pone en el mercado nuevos productos. «La oferta crea su propia demanda» tal y como definió la Ley de Say. Existen infinidad de ejemplos, como es el caso de las telecomunicaciones.
La competitividad de la empresa española está lastrada por su tamaño. A pesar de ello, la actual legislación penaliza el crecimiento de nuestras pequeñas empresas, puesto que cuando llegan a tener 50 trabajadores, los costes y obligaciones administrativas se incrementan significativamente. Según el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, el 25% de las PYMEs actualmente tienen problemas de liquidez y además en muchas ocasiones se enfrentan a dificultades de financiación
España cuenta también con grandes empresas, que en número no llegan al 0,2% del total, aunque por su tamaño crean el 34% del empleo empresarial y facturan el 36% del total. En términos generales han incrementado enormemente su competitividad en las últimas décadas; algunas se han situado entre las mejores del mundo, tienen una importante presencia en los mercados internacionales y, en muchos casos se han convertido en empresas multinacionales con inversiones sobre todo en Iberoamérica y Europa. A pesar de sus logros, actualmente también se encuentran lastradas por la inadecuada política económica implementada por el Gobierno.
Las empresas privadas, tanto grandes como las pymes, son unos actores esenciales de la economía de mercado, desempeñando un papel esencial en la producción eficiente de bienes y servicios, en la generación de empleo, en la innovación, y en el aumento de la riqueza y bienestar social.
El Gobierno debe ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo de la función empresarial, garantizando la seguridad jurídica y los derechos de propiedad; estableciendo una fiscalidad y regulación eficientes y favoreciendo el libre mercado; es decir, lo contrario a lo que sucede actualmente.
En definitiva, el empresario eficiente y la empresa privada competitiva deben ser reconocidos social y políticamente por su papel esencial en el incremento de valor para el conjunto de la comunidad.
