Un concierto económico antifederal y antieuropeísta
«Los que se autodefinen como convencidos europeístas y piden integración fiscal en la UE son los mismos que en España abogan por la desintegración fiscal»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Para defender el concierto económico «solidario» para la Generalitat de Cataluña (me niego a aceptar que sea una medida para Cataluña porque no está pensada para los catalanes), el presidente del Gobierno, así como el aspirante a la presidencia de la Generalitat han dicho que se trata de una medida que «federalizaría» España. Nos quieren hacer creer que un sistema asimétrico en el cual algunas de las partes recaudan y gestionan los impuestos además de tener capacidad normativa sobre ellos, mientras negocian con el Estado qué pagarle por los servicios que este presta, fuera un sistema federal. No lo es. Ese no es el sistema de ninguno de los Estados federales más avanzados como Alemania o Canadá.
Un sistema que tampoco es federal es el de la Unión europea, donde los Estados miembros gozan de soberanía fiscal y la Unión tiene escasos recursos propios, como por ejemplo parte del IVA o los aranceles, recaudados de todos modos por los Estados y no por la propia UE. Lo sorprendente es que los que se autodefinen como convencidos europeístas y piden integración fiscal entre los países de la UE, son los mismos que en España abogan por la desintegración fiscal para solucionar, dicen, los problemas de convivencia. ¿Entonces, están en contra de la convivencia en la UE? Mientras tanto, los expertos a nivel de la UE coinciden que una mayor integración fiscal europea es el camino para precisamente «federalizar» la Unión europea, tal y como sucedió en su momento en los Estados Unidos.
Pues bien, en la Unión Europea, el Partido Socialista ha sido firme defensor de la necesidad de más recursos propios para la UE, y esto, si no queremos aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas, requeriría el traspaso de ciertos impuestos estatales a la UE. Una reforma, sin duda, federalizadora para la UE. ¿Cómo se puede entonces defender que justo lo contrario sería un movimiento federalizador en España?
Aquí el Gobierno se saca otro argumento de la manga para intentar a contentar a los barones socialistas en el resto de CCAA: nos cargaremos la solidaridad interterritorial, pero la compensaremos con más pagos del Estado a las CCAA «que lo necesitan», es decir con «solidaridad vertical». Para cualquiera que no haya suspendido matemáticas está a la vista que, si en una familia los padres tienen 500 euros, la hija 250 y el hijo 250, la suma siempre será de 1000 euros, con independencia de que los padres decidan darle 250 euros de los suyos al hijo.
«La ‘solidaridad vertical’, o el precio a pagar por el silencio de los socialistas en otras CCAA, se podría financiar con más deuda pública»
Aquí entra en la ecuación la deuda del Estado. La «solidaridad vertical», o, mejor dicho, el precio a pagar por el silencio de los socialistas en otras CCAA, se podría financiar con más deuda pública. Digo más, porque ya estamos en 109% del PIB. La solución perfecta para los independentistas, y al parecer también para el PSC: singularidad fiscal, sin cargar con la deuda generada por las pensiones, ni con los intereses de la deuda ya existente y sin pagar la deuda que el Estado, o sea todos nosotros, contraeríamos para pagarles la fiesta en forma de una treintena de chiringuitos previstos en el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC.
Contraer deuda para pagarnos la «singularidad fiscal solidaria» a los catalanes funcionaría solo hasta que reaccionasen los malvados mercados financieros, claro. Esta solución creativa de solidaridad vertical a través de deuda también interesará sin duda a la Comisión europea, ya que las reglas fiscales europeas permiten solo una deuda hasta en 60% del PIB y el Gobierno debe presentar en septiembre un plan fiscal estructural a medio plazo explicando a nuestros socios europeos cómo piensa a reducir nuestra deuda, mientras el concierto económico para Cataluña nos llevaría a un aumento de la misma.
Sé que muchos dudan de que el concierto económico solidario se pueda llevar a cabo: por su obvia inconstitucionalidad, falta de viabilidad económica y quizás por falta de la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados. Pero cuando se está jugando con fuego, aunque la casa no acabe destruida, uno se lleva quemaduras. Y las quemaduras en este caso pueden ser serias: generar más independentistas por la frustración por un engaño y la pugna entre las CCAA por defender su singularidad fiscal. Y si se llevara a cabo, la casa, o sea, España, se habrá quemado entera.
