El penúltimo asalto
«La tarea más ardua que espera a Escrivá es desmontar todas las advertencias sobre su reforma de las pensiones»
Ilustración de Alejandra Svriz
El plan de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez el pasado mes de julio ha arrancado con fuerza este nuevo curso político con el nombramiento de su ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España. Este enésimo asalto a las instituciones que deben ejercer de contrapeso al poder es coherente con la idea de fortalecimiento de la democracia que viene manejando el Gobierno. La decisión rompe uno de los pocos consensos existentes entre el Gobierno de turno y el principal partido de la oposición respetados hasta la fecha: el primero elegía al gobernador; el segundo, al subgobernador. Pero más grave aún es que la elección de un correligionario de Sánchez amenaza con poner en entredicho el rigor y la independencia del banco emisor, pilares sobre los que descansa su credibilidad, el principal activo de todo banco central.
Además de ejercer de supervisor del sistema bancario español y de procurar la estabilidad de los precios junto con el Banco Central Europeo (BCE), el banco central nacional tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas. A esos efectos, el gobernador comparece regularmente ante el Congreso para, además de hablar de la situación de la solvencia del sistema financiero y de la evolución de las principales cifras macroeconómicas, valorar los efectos de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia social, fiscal y presupuestaria. El gobernador a menudo advierte sobre los posibles efectos adversos de algunas de ellas y ofrece sus recomendaciones. Recomendaciones que normalmente resultan incómodas al Gobierno en el poder.
Pero en el caso del Ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos y tras las elecciones del 23-J, Sumar, los ataques a la independencia del supervisor no tienen precedente desde que en 1994 se promulgó la Ley de Autonomía del Banco de España, con el socialista Pedro Solbes como ministro de Economía. No solo Yolanda Díaz o Ione Belarra han querido desprestigiar a la institución al acusarla de tener un «profundo desconocimiento del mercado laboral», la primera, o considerarla «cómplice del oligopolio bancario español» la segunda, también el propio Escrivá ha confrontado los análisis del supervisor y criticado la falta de sofisticación y la ausencia de elementos nuevos en los informes de la institución que ahora va a dirigir. ¿Cómo le recibirán ahora esos técnicos tan poco sofisticados y previsibles?
«Escrivá representó junto a Nadia Calviño la esperanza de que su ortodoxia y ejerciera de muro de contención a las políticas populistas del Gobierno. Pronto se demostró que no iba a ser así»
Si algo caracteriza al servicio de estudios del Banco de España es que tiene el mejor acceso posible a las tripas de la economía nacional por actuar como supervisor de la actividad financiera. Está además formado por técnicos de gran excelencia. Pablo Hernández de Cos, de quien la presidenta del BCE no quiere prescindir y le ha propuesto que siga como director del Comité Técnico Consultivo para supervisar la salud del sistema financiero europeo, sale de esa cantera. Antes de ser gobernador en 2018, fue director general de Economía y Estadística en la propia institución. Su trayectoria profesional no se puso jamás en cuestión y su elección contó con la aceptación del PSOE. El único escollo para su nombramiento fue el escaso tiempo que el entonces presidente Mariano Rajoy dio a los socialistas para llegar a un consenso: lo propuso 48 horas antes del debate para la moción de censura que acabó perdiendo el PP.
Un procedimiento bastante alejado del que llevará ahora a Escrivá a dirigir la entidad supervisora. Se le nombra sin consenso y, a diferencia de Hernández de Cos, con una clara vinculación política: pasa de ser ministro del Gobierno de Sánchez a gobernador del Banco de España. Podría ser salvado por su solvencia técnica, pero eso es todo lo que tiene en común con el anterior gobernador. Escrivá representó junto a Nadia Calviño la esperanza de que su ortodoxia y su perfil moderado y más técnico ejerciera de muro de contención a las políticas populistas procedentes de los socios de la extrema izquierda del Gobierno. Pronto se demostró que no iba a ser así. Escrivá viene a engrosar las listas de exministros o adscritos al partido que pasan a ocupar un puesto clave en las supuestas instituciones públicas independientes. Nunca las puertas giratorias han funcionado con tanto brío. La lista es ya interminable.
En el caso de Escrivá, se da el agravante de que su predecesor en el cargo ha criticado algunas de las medidas adoptadas por él cuando fue ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la anterior legislatura. Durante su mandato, Hernández de Cos, ha lamentado la deficitaria gestión del IMV (Ingreso Mínimo Vital) que hay que recordar fue aprobada por todo el Congreso salvo la abstención de Vox. Pero quizás la tarea más ardua que espera a Escrivá sea la de desmontar todas las advertencias que desde la institución se han hecho sobre su reforma de las pensiones. Se ha cuestionado su sostenibilidad, advertido de su impacto en el déficit público y aconsejado que se dé marcha atrás en la indexación de estas prestaciones con el IPC.
Entre las funciones del Banco de España se incluye la de vigilar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Las pensiones suponen un enorme desafío para la consolidación fiscal. España es uno de los países de la UE con el déficit estructural más alto y en el que la deuda pública apenas ha bajado con respecto al PIB pese al aumento espectacular de los ingresos fiscales en los últimos tres años debido en gran parte a los efectos de la inflación que ahora se han moderado, y a la entrada de dinero extra que han supuesto los fondos Next Gen. Las pensiones se han llevado el 45% del aumento de la recaudación en las últimas dos décadas. ¿Es esta tendencia sostenible? ¿Qué dirá Escrivá ahora que le toca ser el supervisor en jefe?
De entre las instituciones públicas de supervisión económica, al Gobierno de Sánchez sólo le queda intervenir la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), creada para velar por la salud de las finanzas públicas tras la crisis financiera y de la deuda de 2008-13. Presidida por Cristina Herrero, su mandato acaba a principios de 2026. El del Banco de España puede aún ser el penúltimo asalto a las instituciones económicas.
