No hacen falta leyes de prensa. Basta con la Constitución
«El plan responde a los más espurios deseos de control de los medios, presentes en Sánchez desde sus inicios, pero acentuados desde que su esposa es investigada»
Ilustración de Alejandra Svriz.
«La mejor ley de prensa que hay es la que no existe»
Con esta frase mi maestro, el magistrado del Tribunal Constitucional Rafael de Mendizábal -que presidió la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE-, defendía la primacía y la suficiencia del artículo 20 de nuestra Constitución como marco en el que una democracia tiene garantizado el derecho a la información y a la libertad de prensa. El artículo 20 «nos basta y nos sobra», solía decir.
Hace cuatro años, el Gobierno de Sánchez, con el pretexto de asumir un plan europeo contra la desinformación, ya intentó extralimitarse en sus funciones de Poder Ejecutivo para tratar de controlar a los medios. Tenía tan poca solidez y claridad jurídica aquella primera tentativa que, felizmente, quedó en agua de borrajas. Los juristas, los periodistas y la sociedad en general ganamos con aquel fracaso.
En aquella ocasión Margarita Robles, ministra de Defensa y también magistrada, dijo que «a ningún gobierno le corresponde velar por lo que dicen los medios de comunicación». El plan europeo contra la desinformación estaba diseñado para temas antiterroristas y de seguridad nacional. Lo sabía bien la titular de Defensa, que hace alarde de su lucidez jurídica, ya sea para rechazar el control gubernativo de los medios o para llamar por su nombre a una dictadura como la de Nicolás Maduro.
Ahora, cuatro años, una esposa y un hermano investigados después, Sánchez insiste en su sueño controlador y nos presenta un plan que contiene 31 medidas y que, según Bolaños, es una apuesta personal del presidente del Gobierno. Esta vez el pretexto es que se trata de aplicar un reglamento europeo aprobado hace meses por el Parlamento Europeo. Un argumento jurídicamente inaceptable y políticamente falaz. Trata de utilizar el reglamento para cambiar las reglas del juego interno, algo que un Gobierno no puede hacer: no se pueden incluir medidas normativas cuando y como quiera el Ejecutivo. Y ya se vio hace cuatro años.
Los detalles ofrecidos por los ministros que han comparecido para explicar las medidas son insuficientes y confusos, pero es fácil entrever lo que el Gobierno persigue. El plan va destinado a los medios de comunicación e incluye la creación de un registro obligatorio controlado por la CNMC, a implantar en tres años. Es puro control.
«El plan requerirá, en lo que a modificaciones normativas se refiere, mucho de refrendo parlamentario, que el Gobierno no tiene»
Las medidas incluyen modificaciones del Código Penal y de otras leyes que requieren, gracias a los mecanismos de convivencia que imperan en un Estado democrático, de la aprobación por el Poder Legislativo. Ese que Sánchez ha presumido de no necesitar para implantar sus proyectos. «Lo haremos con o sin el concurso del Poder Legislativo», dijo el otro día, refiriéndose a cómo va a gobernar.
De momento este plan parece que va a requerir, en lo que a modificaciones normativas se refiere, mucho de refrendo parlamentario, que este Gobierno no tiene, después de la pirueta de Puigdemont. Además, hay que tener presentes las sonoras meteduras de pata en materia legisladora de los diferentes gobiernos de coalición que ha presidido Sánchez. No se les da bien la técnica legislativa, para qué negarlo; como muestras, tres botones: la ley del sí es sí, la de amnistía o la última reforma laboral.
En todo caso, y aunque confiemos en el Poder Legislativo como contrapeso de la veleidad controladora del Gobierno, resulta alarmante el plan; tiene muchas imprecisiones y muchas de sus medidas no van a ser factibles, aunque le pese a Sánchez, sin la intervención del Parlamento. Pero resulta altamente preocupante. Responde a los más espurios deseos de control de los medios de comunicación, presentes en Sánchez desde sus inicios, pero que se han acentuado desde que su esposa está siendo investigada por los negocios que ha llevado a cabo en posible comisión de un delito de tráfico de influencias. También por los de su hermano, investigado por cobrar sin ir a trabajar y por tributar una fortuna sobre cuya justificación existen dudas, fuera de nuestro país.
Ambas investigaciones, la de la esposa y la del hermano de Sánchez, están sub iudice pero ha sido el cuarto poder el que las ha puesto en la palestra. Los medios de comunicación son muchos y muy variados, afortunadamente, en nuestro país. Un político valenciano acusado de corrupción fue objeto de 169 portadas por uno de los periódicos más importantes. La Audiencia Nacional le absolvió después de 15 años de procesos judiciales. Entonces no se hablaba de la máquina del fango, ni de la necesidad de planes de acción para la regeneración democrática.
«Investigar, informar, contar lo que pasa, opinar. Ese es el oficio de los periodistas. Confiar en la justicia, es el deber de los demócratas»
Los medios de comunicación tienen una función de vigilancia, de control y de información. Y un plan de este calibre no puede estar sujeto a quien es objeto principal de esa vigilancia en una democracia: el Gobierno, que ha de limitarse a asegurar los mecanismos que garanticen la libertad de prensa.
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo es un organismo independiente, de autorregulación y no judicializado, que desde su nacimiento vela para incrementar la calidad del periodismo y luchar contra la desinformación y las fake news.
Los periodistas están comprometidos con la verdad, con la información. Con esa arquitectura constitucional que diseñó aquel pueblo que salía de una dictadura y que ni podía imaginar que, más de 40 años después, un presidente elegido en las urnas podría poner en riesgo la libertad de prensa conseguida con el esfuerzo de tantos.
Investigar, informar, contar lo que pasa, opinar. Ese es el oficio de los periodistas. Confiar en la justicia es el deber de los demócratas. Defender la libertad es la misión del Gobierno.
No nos hacen falta leyes de prensa. Nos basta y nos sobra con el artículo 20 de nuestra Constitución. Lo que tienen que hacer es leerlo más y respetarlo siempre.
