Los dudosos favoritos de Draghi

El informe Draghi sobre «El futuro de la competitividad europea» publicado la pasada semana identifica tres áreas críticas para reactivar el crecimiento económico en Europa: innovación, descarbonización y seguridad. Las tres suscitan dudas sustanciales. 

En términos de innovación, es cierto que Europa ha quedado anclada en tecnologías maduras con escaso potencial de crecimiento. Además, muchas empresas se ven en la necesidad de trasladar sus sedes y operaciones a Estados Unidos para disfrutar de mejores condiciones regulatorias y de financiación. Aboga Draghi por que la UE reduzca barreras regulatorias a la innovación y se endeude conjuntamente para fomentar la cooperación público-privada mediante incentivos fiscales a la inversión, tanto en bienes públicos de alcance europeo como en tecnologías transformadoras, en especial en las relacionadas con la inteligencia artificial.

Suena bien. En Europa, la regulación y, más aún, los impuestos son asfixiantes; pero el informe apenas si los menciona más que como palanca para bajarlos… a sus actividades favoritas, como la innovación. Y no hay ninguna razón sólida para privilegiar a las nuevas empresas respecto a las demás. Ni siquiera está claro que en la mayor parte de la UE tengamos ventaja comparativa en innovar. Y menos que el averiguar dónde sea tarea propia de burócratas: la innovación española más valiosa ha sido el modelo de negocio de Zara, dentro de un sector tan de punta como el textil. ¿Alguien cree que lo hubieran apoyado esos sabios angelicales a los que Draghi propone entregar el 5 % del PIB?

Más bien, cabe dudar de esa ventaja comparativa, por mucho que Draghi afirme que Europa está fuerte en educación e investigación, y que el fracaso de los investigadores europeos para transformar sus papers en patentes y sus patentes en productos es sólo responsabilidad del entorno. También es fruto del tipo de investigación que producen, que ha sido crecientemente seleccionada y financiada por la propia UE. Por su desconexión de la realidad del mercado, tampoco sería buena idea duplicar esas subvenciones, como propone Draghi. 

El apoyo del Estado es esencial para la actividad empresarial; pero ese apoyo debe ser neutral entre empresas y sectores. La experiencia demuestra y el NGEU ha confirmado que los gobiernos ignoran dónde residen las ventajas comparativas de los países; y, además, cuando se ponen a elegir, se dejan capturar por intereses creados.

De boquilla, el propio informe reconoce ambos fallos pero sólo para incurrir en ellos de inmediato. Primero, al defender que el Estado favorezca ciertas actividades empresariales, en vez de reducir las cargas de todas. Segundo, al decirnos por qué áreas concretas debe apostar, en vez de delegar esa decisión. Y tercero, al especificar mediante qué tipo de actuaciones e incluso en qué cuantía mínima debe hacerlo, en vez de dejar un mínimo de flexibilidad para que quienes hubieran de aplicar esos planes pudieran adaptarlos. 

«El informe será reciclado por los partidarios del proteccionismo industrial para convencernos de que sigamos subvencionando o elevando aranceles»

También pretende Draghi hacernos creer que esta vez puede evitarse la captura por los intereses creados de las empresas ya instaladas. No es probable. Es más: la pronta oposición de Alemania a toda nueva mutualización de deuda sugiere que el informe será pronto reciclado por los partidarios del proteccionismo industrial para convencernos de que sigamos subvencionando empresas ineficientes o, si no hay dinero para subvenciones, elevando aranceles, lo que sería aún peor. 

Por lo demás, la «cooperación público-privada» ya no esconde que la parte supuestamente privada de esa cooperación subsiste a costa del sector público, por lo que carece de capacidad para servirle de contrapeso y control. Unos, porque viven directamente del presupuesto, como las ONGS, las cámaras de comercio o los sindicatos laborales y patronales. Otros, porque su demanda o proviene de regulaciones públicas, como las empresas dedicadas al compliance y buena parte de las de energías limpias; o de compras públicas, como las infraestructuras y la fabricación militar; o porque están muy regulados, como banca y telecomunicaciones. Todos esos agentes se comportan a menudo como meros apéndices de las administraciones públicas. De hecho, por la cuenta que les tiene, suelen ser más obedientes, acríticos y a menudo incompetentes que los funcionarios, cuya posición al menos asegura cierta selección e independencia. Basta contemplar el inefable despliegue de las acciones ligadas al NGEU. 

De modo similar, Draghi también aboga por convertir la carga de la transición energética en una oportunidad de crecimiento. Debiera haber empezado por reexaminar esa transición en sus propios méritos y a la luz de los riesgos que ha puesto bien de manifiesto la invasión de Ucrania, en vez de seguir tratándola como un axioma; pero sería mucho pedir a este tipo de encargo. En todo caso, es ilusorio pretender que basta con una «coordinación eficaz de políticas» para que la descarbonización tenga efectos positivos; o que Europa pueda capitalizar su supuesta ventaja tecnológica en esta área, cuando China ya nos ha adelantado en la fabricación de coches eléctricos y Estados Unidos en la de baterías. Además, aún sin entrar a valorar el mérito de la transición, sus beneficios dependen de que seamos capaces de contener unas «externalidades» que se manifiestan a escala global, y esa contención es algo que, simplemente, no está en la mano de una Europa con tan escaso poder militar y político. Por otro lado, en cuanto a los costes, el informe también olvida que la intermitencia de las nuevas energías requiere el respaldo de la energía fósil y nuclear para cubrir picos de demanda, olvido que le lleva a defender posiciones cuando menos ambiguas sobre cómo regular el mercado eléctrico. 

La tercera área prioritaria para Draghi es la seguridad, entendida en sentido amplio para incluir los riesgos geopolíticos y la creciente dependencia de otros países para materias primas y componentes estratégicos. La solución que propone es desarrollar una «política económica exterior» coordinada a escala europea. Incluiría acuerdos comerciales preferenciales con países ricos en recursos, acumulación de reservas y asociaciones industriales para asegurar suministros de relevancia estratégica. Además, insta a Europa a desarrollar una capacidad industrial de defensa sólida y unificada, centrada en la integración y la interoperabilidad de los equipos para mejorar la eficacia y la escala del gasto militar. 

Ciertamente, esta de la seguridad es el área en la que los argumentos de intervención estatal y europea son más sólidos. El motivo es que la defensa es una función en la que el Estado y Europa sí disfrutan de ventajas comparativas. La dificultad sigue siendo, no obstante, la de evitar que esa función se convierta en una excusa para el proteccionismo y la captura de rentas.

Además, dado que un origen primordial de nuestras vulnerabilidades es precisamente la apuesta por una rápida transición energética, este énfasis en la seguridad cumple una función de comodín argumentativo. En vez de tratar esa vulnerabilidad como un coste de la transición energética, el informe da la transición por supuesta y se limita a suponer que es factible solventar la inseguridad que provoca. El abrelatas imaginario es siempre la herramienta más socorrida del planificador. 

En resumen: los autores del informe debían haberse aplicado su propia receta y centrarse en reconvertir el sector público europeo para reducir su tamaño, centrándolo en desarrollar sus verdaderas ventajas comparativas, en vez de extenderlo y suplantar aún más al sector privado.