THE OBJECTIVE
Francisco Sierra

Prensa libre, justicia independiente

«Una prensa libre y una justicia independiente son los dos grandes valores en que un Estado democrático que se considere de derecho no puede ceder nunca. Ni un milímetro»

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Prensa libre, justicia independiente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz

El Plan de Regeneracionismo con el que Pedro Sánchez intenta salvar, según él, nuestra democracia, nuestras libertades, e incluso a nuestra prensa, denota el inmenso amor y compromiso que tiene el presidente consigo mismo para seguir en el poder y su habilidad para retorcer lo que toca con tal de controlar a los que no le gustan.

No es cierto que a nuestro presidente lo único que le importe es seguir en el poder. Sabemos todos en España, socios, opositores y público en general, que está dispuesto a pisotear leyes, mentir en campaña, traicionar su palabra, pactar con prófugos, tragar con sus chantajes y prometer lo que haga falta para conseguir sus votos y seguir en el poder. Pero no es lo único que le importa. Hay otras cuestiones que le enfurecen y alteran tanto el pulso, y endurecen la mandíbula, que hasta ha sido capaz de engañar a los suyos para que durante cinco días seguidos se rasgaran las vestiduras ante la amenaza de que se iba.

Su visión narcisista y autócrata de la política le obliga a atacar con una dureza extraordinaria a cualquiera que ose criticarle a él o a su entorno personal más cercano. Siente como ataques imperdonables a su divinidad cualquier información crítica con él o su entorno personal más cercano (esposa y hermano). No comprende que un juez de instrucción ose abrir caso sobre las actividades sospechosas de su entorno personal más cercano (esposa y hermano). Y qué decir si es un mandatario extranjero al que se ha atacado, insultado y menospreciado desde su gobierno, el que decide contestar llamando corrupta a su esposa. Se retira el embajador en Argentina como respuesta airada, aunque haya que dejar a la mayor colonia española en América sin su máximo representante diplomático. Eso sí, si los ataques son a Felipe VI, al jefe del Estado, se pone cara de sorpresa, se dice que es inaceptable e inexplicable que no se le invite a la toma de posesión en México y se llama en secreto al embajador. En secreto para que no parezca que el gobierno progresista de Pedro Sánchez se ha enfadado mucho con el Gobierno populista de López Obrador y con su sucesora, la también populista Claudia Sheinbaum, la que sí ha invitado al dictador Maduro, al dictador Putin o al dictador Díaz-Canel a su toma de posesión.

Pareciera que Sánchez para defender su permanencia en el poder o para contestar a las informaciones sobre su mujer, a la que la justicia investiga por corrupción o tráfico de influencias, la única forma de actuar fuera la de socavar siempre un poco más los principios del Estado de derecho, de la libertad de información o de la independencia judicial. Pareciera que a veces nos recuerda a algo parecido al síndrome de Munchausen. Esa enfermedad en la que una madre o un cuidador de un niño inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que el niño parezca enfermo y así dependa más de ella.

A nuestra democracia y a nuestro Estado de derecho le han provocado síntomas que algunos cuestionaban gravemente su estado de salud. Casi siempre ha sido el propio Gobierno de Sánchez el que ha creado falsas necesidades o urgencias legales que luego eran paliadas por acciones sorprendentes y agresivas con la Constitución, el Código Penal, o con principios como los de igualdad ante la ley o financiación y distribución justa y solidaria entre las comunidades. Primero se crean problemas y urgencias inexistentes y luego se acaban concediendo indultos, eliminando la sedición o regalando una ley de amnistía o un concierto económico fiscal a Cataluña. Con el permiso de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que parece que es la única que puede llamar concierto económico al concierto económico que han firmado el PSC y ERC para darle a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat.

«Sánchez llama a todo bulo, habla de máquinas de fango, pero los hechos y las leyes son tozudos. Porque la prensa libre sigue informando y la justicia independiente sigue juzgando»

Se crean falsos síntomas y se curan con soluciones que, aunque sean muy dañinas para el cuerpo social de la democracia y el Estado de derecho, sí son satisfactorias para la permanencia del cuerpo de nuestro presidente en la Moncloa. Una satisfacción que no es total porque como ocurre en las investigaciones que acaban descubriendo la existencia de este síndrome tan complejo y cruel, los historiales clínicos del niño acaban delatando la existencia de cuidados dañinos o situaciones no deseadas. 

Las informaciones sobre escándalos en su Gobierno están tan solo empezando. El mal llamado caso Koldo es como un volcán a punto de erupcionar y cuando lo haga lo más probable es que deje de llamarse caso Koldo para empezar a ser conocido como caso Ábalos. Siendo grave los asuntos que se vislumbran del que fuera número tres del partido y hombre de confianza en el Gobierno, mucho más le duele lo que se informe sobre su esposa Begoña Gómez. Hasta tal punto que es capaz de usar la Fiscalía y la Abogacía del Estado como si fueran sus abogados particulares.

Llama a todo bulo, habla de máquinas de fango, pero los hechos y las leyes son tozudos. Porque la prensa libre sigue informando y la justicia independiente sigue juzgando. Dos sentencias casi en paralelo han dejado en evidencia toda la falsa necesidad de regeneración sanchista. Por un lado, la justicia sobreseía la querella que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantenía contra la periodista Ketty Garat y el director de THE OBJECTIVE, Álvaro Nieto, por un presunto delito de injurias y calumnias por una serie de artículos publicados en noviembre de 2021 sobre las razones de su salida del Gobierno. El juez archivaba la causa al entender que «las informaciones tienen una base fáctica contrastada» y que las fuentes consultadas son «solventes». Y no se quedaba ahí. Decía el auto que «no parece que las informaciones sean descabelladas o completamente alejadas de la realidad». Y recalca que en modo alguno cabe hablar de calumnias porque en ningún momento se imputó una conducta delictiva al exministro, sino que simplemente se explicaron los motivos de su salida del Gobierno. 

Casi al tiempo, la justicia desestimaba también el intento de Begoña Gómez de cuestionar la credibilidad de El Confidencial, medio al que demandó, no porque la información publicada sobre ella fuera falsa, sino por la redacción de un titular de una de las noticias. En ningún momento ha negado lo publicado, pero la intención era meter presión y de alguna forma forzar al silencio sobre otro de los medios que está publicando informaciones sobre sus vínculos con Globalia y Air Europa; sus apoyos al empresario Juan Carlos Barrabés en dos concursos del organismo público Red.es o el registro a su nombre de un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica desarrollaron para la Universidad Complutense de Madrid. El varapalo es tal que hasta las costas tiene que pagar Begoña Gómez.

Una prensa libre y una justicia independiente son los dos grandes valores en que un Estado democrático que se considere de derecho no puede ceder nunca. Ni un milímetro.

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