Posverdad del concierto catalán

Fue George Orwell quien de forma más clara se refirió a la perversión del lenguaje cuando en su novela 1984  habló de la neolengua impuesta por el Gran Hermano y en su reseña al Poder, un nuevo análisis social de Bertrand Russell escribe: «Hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de todo hombre inteligente». Yo me atrevería a añadir que de todo hombre lúcido y honesto. Las enseñanzas de Orwell mantienen hoy plena vigencia. Resulta de sobra conocido que el lenguaje no es neutral. Es más, a menudo constituye un arma valiosa a la hora de conformar la realidad. Quien controla el lenguaje es fácil que controle la ideología y, con ella, la sociedad.

Hoy la posverdad se ha apoderado de la realidad social española. Los independentistas la han practicado desde antiguo. Son auténticos artistas en la perversión de la lengua. A base de repetir determinadas palabras o frases, han conformado un relato que nada tiene que ver con la realidad, pero que intentan imponer como verdad incontestable. Desde hace algunos años, de la mano de Sánchez -quizás por eso de que dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma opinión-, el fenómeno ha tomado fuerza y se ha extendido al resto de España.

Toda la trayectoria política de Sánchez se ha fundamentado sobre la posverdad. Transfigurar la realidad, buscando justificaciones racionales para ocultar el único motivo, el deseo de alcanzar el poder y mantenerse en él. Pero será quizás en el pacto entre el PSC y Esquerra en el que el actual presidente de Gobierno se está viendo obligado a introducir más confusión y a modificar el lenguaje, designando como «a» lo que es «b».

Los ciudadanos son especialmente sensibles a todo lo económico. Es posible que a Sánchez le haya sido relativamente fácil engañar al personal en el tema de la amnistía, de los indultos, de la sedición, del Estado de derecho, incluso muchos ciudadanos aunque no se lo hayan creído del todo, es posible que tampoco les importe demasiado; pero entienden muy bien lo que significa quitar recursos económicos de las regiones más pobres para dárselos a una de las regiones más desarrolladas. Ahí el esfuerzo tiene que ser mucho mayor, el lenguaje orwelliano mucho más fino, la identificación de hechos dispares más elaborada y la acuñación de nuevos nombres para ocultar los verdaderos mucho más sutil. Dar gato por liebre resulta más laborioso. Y a ello se está dedicando en estos momentos con todas sus energías el sanchismo.

Hacen verdaderos juegos malabares para no emplear el término concierto, porque ello remite inmediatamente al del País Vasco y Navarra, y todo el mundo sabe la situación económicamente privilegiada en la que se han situado estas dos regiones. Pero la realidad es la realidad y se le puede llamar concierto, contrato, pacto, convenio o como se quiera; pero por eso no deja de ser «pato», un tratado entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña. Financiación singular, sí, tan singular que se sale del sistema común para situarse al lado del País Vasco y de Navarra.

«Resulta cómico escuchar al señor Illa proclamarse solemnemente el 133 presidente de la Generalitat»

Quizás la mejor forma de entenderlo sea situarse en la Transición, en la elaboración de la Constitución y en el origen de las autonomías. Los nacionalistas vascos y catalanes reclamaban retornar a su estatuto autonómico previo al franquismo. A pesar de la reconstrucción falaz de la historia que hace el independentismo, estos territorios solo gozaron de autonomía política durante un breve lapso de tiempo. Resulta cómico escuchar al señor Illa proclamarse solemnemente el 133 presidente de la Generalitat, comparándose con un simple recaudador de impuestos del reino de Aragón. El tributo se denominaba «generalitat».

Ni a Berenguer de Cruïlles, obispo de Gerona, y al que citan como primer presidente de la Generalitat, ni a su sucesor Romeu Sescomes, obispo de Lérida, se les habría pasado nunca por la imaginación declararse presidentes de una nación o de una autonomía, conceptos bastantes extraños en aquellas fechas. Fue en la II República cuando Cataluña y el País Vasco consiguieron el Estatuto de Autonomía. La primera en 1933; el segundo ya en plena Guerra Civil, el primero de octubre de 1936.

En la Transición, las pretensiones nacionalistas contaron con el apoyo decidido de la izquierda que, tal vez como reminiscencias del franquismo, ha cometido siempre el error de creer que los enemigos de sus enemigos eran sus amigos, de pensar que los independentistas por oponerse a Franco (los que se opusieron) eran de izquierdas. 

Suárez y UCD, quizás por influencia de las doctrinas de Ortega, propusieron el café para todos, el Estado de las autonomías. El filósofo madrileño había planteado que, como antídoto del victimismo y continuas reivindicaciones nacionalistas, quizás la mejor solución fuera generalizar los estatutos de autonomía, lo que obligaría a que el diálogo y la negociación de vascos y catalanes no fuesen bilaterales con el Estado, sino multilaterales entre todas las comunidades.

Pienso que fue un craso error, era no conocer la mente independentista. Nunca han aceptado la igualdad. Se mueven en términos de supremacía y han querido siempre salirse del rebaño. De hecho, el nacionalismo vasco lo consiguió antes de aprobarse la Constitución, logrando incluir en ella una reliquia de la Edad Media, como es el concierto. En el resto de las autonomías, aun cuando las competencias asumidas podían ser distintas, el sistema de financiación que se establecía era común. Este es el quid de la cuestión. Y lo que pretende ahora el independentismo y lo que parece que el sanchismo ha firmado y está dispuesto aceptar, salirse de lo común. Todo lo demás es desfigurar el lenguaje y los términos.

«Sánchez, en ese intento de manipular el lenguaje, repite que está dispuesto a dar mucho más dinero a todas las autonomías»

Comparar la financiación especial que se pretende dar a la Generalitat (no a Cataluña ni a los catalanes) con la situación fiscal de Canarias o de Ceuta y Melilla, es mezclar churras con merinas, y no digamos lo de Teruel, Cuenca y Soria… La oposición y la prensa han descalificado el paralelismo basándose fundamentalmente en la enorme diferencia en las distintas cantidades de recursos que están en juego. Pero la razón principal es otra, se encuentra en que todos los ejemplos que se han usado no tienen nada que ver con la financiación autonómica. En unos casos se trata de que esos territorios cuentan con un régimen fiscal diferenciado, con modificaciones en los tributos que pagan los ciudadanos debido a sus especiales características geográficas, y en cuanto a las provincias citadas, meras ayudas fiscales (concretamente bajada de cotizaciones) a los empresarios que se instalen en ellas debidas a la despoblación.

Sánchez, en ese intento de manipular el lenguaje, repite una y otra vez que está dispuesto a dar mucho más dinero a todas las autonomías. Lo más llamativo del tema es que en la manera de expresarse da la impresión de que el dinero saliera de su bolsillo, que no fuera de todos los españoles, y que se da a uno se quita a los demás. Hace una comparación falaz con lo transferido en la época de Rajoy, ocultando que en la etapa actual el Estado cuenta con muchos más recursos, debidos a la inflación, a los fondos de recuperación y al fuerte incremento del endeudamiento público.

Pero es que, una vez más, se pretende mezclar temas totalmente distintos. Una cuestión es plantearse cómo se distribuyen los recursos entre Estado (administración central) y las comunidades. Es perfectamente lógico preguntarse si el Estado debe transferir más o menos recursos a las comunidades autónomas. Pero eso no tiene que nada que ver con el reparto entre las autonomías, y con privilegiar a una de las más ricas, sacándola del sistema, frente a las demás. Ya se sabe que el que quiere comer aparte, es que quiere comer más. En este caso, mucho más. 

Sánchez, continuando con su intento de confundir y mezclar todo, ha afirmado que no es un tema de conflicto entre regiones, sino de modelo. En cierta forma tiene razón. Sánchez pretende cambiar el modelo que está en la Constitución, el sistema común de financiación de las autonomías, separando de él a una de las autonomías más ricas, con lo que el asunto se convierte -le guste o no a Sánchez- en un conflicto entre regiones.

«Pensemos que ocurriría si el sistema que se quiere aplicar a Cataluña se extrapolase a Baleares, pero especialmente a Madrid»

La mayor falacia de ese discurso fullero es su afirmación de que está dispuesto a aplicar el mismo sistema a todas las comunidades que lo deseen, porque en un sistema redistributivo, lo que es bueno para los ricos, es pernicioso para los pobres. Ello se cumple a nivel personal, pero también territorial. Pensemos que ocurriría si el sistema que se quiere aplicar a Cataluña se extrapolase a Baleares, pero especialmente a Madrid. La catástrofe económica para el resto de las autonomías sería enorme.

Sánchez afirma que lo pactado es coherente con el Estado federal. Pero el Estado de las autonomías previsto en la Constitución, como hemos afirmado anteriormente, no es federal. Aunque sí es verdad que en materia de financiación ha ido ya mucho más allá. Las cesiones de impuestos de Aznar y Zapatero, con ciertas capacidades normativas, dan tales competencias a las autonomías que para sí querrían muchos Estados federales, incluyendo Alemania y EE UU. Los que se llenan la boca de hablar de izquierdas y de progresismo y dicen admirar a Piketty harían bien en leer lo que sobre este tema escribe este autor en las paginas 1.090-1.094 de su libro Capital e ideología.

Lo que en estos momentos se propone en el acuerdo en materia de financiación supera con mucho el Estado federal, incluso a una confederación por muy asimétrica que fuese. Se acerca al modelo que rige de unión fiscal (más bien desunión) en la Unión Europea. Lo que en realidad se propone en el acuerdo es la soberanía fiscal para Cataluña. Y los independentistas saben muy bien que esta es el antecedente más inmediato de la soberanía política.

Por eso es tan absurdo y falaz que Sánchez se escude en la política de la Comunidad de Madrid y en su supuesto dumping fiscal, porque resulta que este es el resultado de haber ido modificando progresivamente el esquema constitucional dotando a las autonomías de cierta capacidad normativa en materia fiscal. Pero es que precisamente el acuerdo que se planea implica aumentar al máximo esa capacidad, al menos para Cataluña.

«Los independentistas y el PSC pretenden tener capacidad normativa en materia tributaria, pero no quieren que otros la tengan»

Sería absurdo culpabilizar a Irlanda, a Luxemburgo o a los Países Bajos de atraer capital reduciendo los impuestos; los Gobiernos de esos países hacen lo que consideran mejor para sus ciudadanos. Cierto es que esa competencia entre Estados termina configurando sistemas fiscales regresivos, pero la responsabilidad es del marco fiscal y presupuestario del que se ha dotado la Unión Europea, que es el que por lo visto quiere implantar Sánchez en este país. No deja de ser curioso que sea el PSOE el que arremeta contra las exenciones en el impuesto de patrimonio y fuese su adalid Zapatero el que lo eliminase para toda España.

Podríamos pensar que la postura de los independentistas catalanes y del PSC es contradictoria, pero más bien lo que es, es obscena. Porque pretenden tener capacidad normativa plena en materia tributaria, pero no quieren que otros la tengan y exigen al Gobierno que se lo impidan. Lo hemos visto con el impuesto de patrimonio. Se trata de que ellos puedan situar los impuestos en los niveles que deseen y que todas las demás autonomías tengan que seguirles. Ellos son los que mandan en España.

Tras toda esta desfiguración del lenguaje solo hay una verdad, que el acuerdo era necesario para presidir la Generalitat y para que Sánchez continuase en la Moncloa. Este es el último argumento. Es por eso por lo que la guardia pretoriana del presidente del Gobierno anda por ahí intentando convencer a sus correligionarios de lo importante que es, el que no gobiernen los independentistas en Cataluña, pero lo cierto es que ahora es cuando gobiernan, no solo en la Generalitat sino en toda España. Y hay que decirlo alto y claro porque, como afirma Orwell, hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de todo hombre lúcido y honesto.