Nadie me habló del endeudamiento privado

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado como un gran triunfo de este Gobierno el hecho de que el endeudamiento exterior neto (PIIN) se sitúe por primera vez en dos décadas por debajo del 50% del PIB (47,5 %). Hay que alegrarse de que alguien preste atención a esta variable, variable que, sin embargo, es fundamental a la hora de enjuiciar la estabilidad de cualquier economía y que ha constituido en buena medida causa crónica de los problemas económicos de nuestro país.

Concretamente estuvo detrás, como agente principal, de la crisis económica del 2008 en España. Creo que esta inferencia no se ha señalado suficientemente. Por mi parte, lo he hecho siempre que he tenido ocasión en mis artículos y más concretamente en mis libros Contra el euro y la trastienda de la crisis, de la editorial Planeta. Sin duda, es buena noticia, tal como afirma el ministro, que el endeudamiento exterior no amenace como en otros momentos la economía. Otra cosa es que ello sea mérito del Gobierno actual.

El concepto es simple: se trata de minorar (de ahí su carácter de neto) de la cantidad que los distintos agentes españoles deben en el exterior (endeudamiento bruto) lo que los extranjeros nos deben a los españoles. Pasivos menos activos financieros. Atendiendo a los agentes que intervienen, conviene distinguir entre el endeudamiento público y el privado (empresas y particulares). De forma casi intuitiva se entiende que detrás de esta variable se encuentra el comportamiento de la balanza de pagos, principalmente la de cuenta corriente. Simplificando, las compras y ventas al exterior. Importaciones y exportaciones (incluyendo turismo).

El déficit de nuestra balanza de pagos ha sido un mal endémico de la economía española y, como consecuencia, el endeudamiento exterior, que nos ha hecho depender siempre del capital extranjero y de sus vaivenes. Si tiramos un poco más del hilo, encontraremos detrás, en el origen del problema, los diferenciales de inflación con el resto de países. La solución ha consistido casi de forma constante en la devaluación de la moneda, que venía a compensar las variaciones de precios producidos en los años anteriores, devaluación que encarecía las importaciones y abarataba las exportaciones.

El último episodio en el que se pudo actuar de dicha manera fue en los primeros años noventa, cuando por la tozudez del entonces ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, entramos en el Sistema Monetario Europeo (SME) con un tipo de cambio sobrevalorado. Era evidente que ello iba a impactar negativamente en la balanza por cuenta corriente, cuyo déficit llegó a alcanzar en 1990 casi el 4%, incrementando significativamente el endeudamiento exterior. Se creó tal desconfianza en los mercados que nos forzaron a abandonar el SME.

«Las cuatro devaluaciones de la peseta devolvieron la competitividad a la economía española»

Ciertamente no fuimos el único país que se vio obligado a salir del sistema, pero sí fuimos los únicos que debimos devaluar sucesivamente cuatro veces la moneda, ya que los mercados una y otra vez dieron un revolcón al ministro, forzándole a corregir la cabezonada de mantener un tipo de cambio sobrevalorado.

Las cuatro devaluaciones de la peseta devolvieron la competitividad a la economía española y, en consecuencia, el equilibrio a la balanza de pagos. A comienzos del Gobierno de Aznar, el déficit de la balanza por cuenta corriente se había corregido y no alcanzaba ni el 1% del PIB, y el endeudamiento exterior de toda la economía se situaba alrededor del 22 % del PIB, lo que lógicamente relativiza ya el optimismo actual de Cuerpo.

En esos primeros años, se creó una apariencia de prosperidad. Pero, a pesar de la moderación de los salarios, el diferencial de inflación hizo pronto su aparición y con él la pérdida de competitividad y el déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. No obstante, la imposibilidad de devaluar permitió que la economía continuase creciendo, pero a crédito.

Tras su famosa frase de «España va bien» se encontraba tan solo el espejismo creado por la moneda única, la burbuja inmobiliaria y un crecimiento a crédito hasta cierto punto ficticio basado en una profunda inestabilidad, en el endeudamiento exterior y sometido al riesgo de la retirada de capitales, como de hecho ocurrió en 2008. El déficit de la balanza corriente llegó a alcanzar al final del Gobierno de Aznar el 6% del PIB, y el endeudamiento exterior sobrepasó el 50% del PIB.

«La herencia económica recibida por Zapatero fue un regalo envenenado, todo un conjunto de desequilibrios que no podían perdurar»

La herencia económica recibida por Zapatero fue un regalo envenenado, todo un conjunto de desequilibrios que no podían perdurar. Así lo manifesté en un artículo que escribí en el diario El Mundo el 23 de abril de 2004, en el que de forma figurada advertía al nuevo Gobierno de que la visión que se ofrecía de la economía era irreal, que el desequilibrio del sector exterior condenaba a la economía española a una gran inestabilidad y, por lo tanto, antes o después se produciría una crisis financiera de considerables dimensiones. Solo hacía falta un detonante, papel que protagonizó el conflicto creado por las hipotecas subprime.

Por supuesto que mi artículo no produjo ningún impacto en la acción de gobierno. Hubiese sido una ingenuidad esperar otra cosa. Los Gobiernos de Zapatero continuaron durante los siguientes cuatro años aplicando una política similar a la de Aznar, pendientes exclusivamente del déficit del sector público, que ciertamente se encontraba en mínimos, sin prestar, por el contrario, la menor atención al endeudamiento privado, que alcanzaba niveles muy alarmantes. Zapatero, años después cuando ya no estaba en el Gobierno, con ese estilo más bien simplón que le caracteriza, afirmó que nadie le había hablado del endeudamiento privado.

Los desequilibrios generados por Aznar llegaron con Zapatero a niveles imposibles de mantener. Al estallar la crisis, el déficit por cuenta corriente alcanzaba el 10% del PIB y el endeudamiento neto exterior casi el 100%. La conditio sine qua non para el despegue económico consistía en cerrar este desfase entre importaciones y exportaciones. En condiciones normales, la solución pasaría por la depreciación de la moneda. Sin embargo, ese camino estaba vedado al pertenecer España ya a la Unión Monetaria (UM). Las autoridades económicas nacionales e internacionales señalaban una única salida, lo que se ha dado en llamar «devaluación interna».

La devaluación interna persigue alcanzar los mismos efectos que la depreciación del tipo de cambio, con la diferencia de que lo hace por un camino indirecto mucho más alambicado e injusto. Consiste en conseguir que los precios internos se reduzcan con respecto a los precios exteriores. Para ello persigue, por una parte, deprimir los salarios y, por otra, minorar las cargas sociales y fiscales a las empresas. Este fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la UM desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades -que sin duda iban a surgir-, el ajuste recaería sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.

«Los primeros años el superávit no llegó ni siquiera al 1%, pero a partir de 2023 se ha situado de nuevo en el 2%»

Se consiguió el resultado perseguido, la balanza por cuenta corriente pasó de tener un déficit del 9,6% del PIB en 2008 a equilibrarse en el 2012, para situarse a partir de ahí todos los años en un superávit de alrededor del 2%. Esta evolución de la balanza por cuenta corriente tenía lógicamente que producir un efecto sobre el endeudamiento exterior, que poco a poco ha ido reduciéndose hasta situarse en ese 47,5% del que se vanagloria ahora el ministro de Economía. El dato sin duda es positivo si tenemos en cuenta de dónde venimos, pero este Gobierno poco o nada ha tenido que ver en ello, y no se puede adjudicar ninguna medalla.

Hay que reconocer que esta variable sufre una disminución notable desde 2018, fecha en la que Sánchez llega al poder. Son cuatro los factores que han influido principalmente en este hecho. En primer lugar, el endeudamiento público, cuya contribución ha sido negativa, ya que el stock de deuda pública se ha incrementado considerablemente en estos años, lo que hay que apuntar en el debe del Gobierno. En segundo lugar, se ha mantenido la tendencia superavitaria en la balanza por cuenta corriente que partía de 2012, fruto de la devaluación competitiva. En realidad, los primeros años el superávit no llegó ni siquiera al 1%, pero a partir de 2023 se ha situado de nuevo en el 2%.

En tercer lugar, los fondos europeos de recuperación que, al ser a fondo perdido, han significado un incremento de los activos sin contrapartida en los pasivos. Y, en cuarto lugar, pero no menos importante, la inflación, que desde mediados de 2021 ha afectado a la economía española. Es ese cuarto factor el que ha hecho que de forma más llamativa se reduzca en los últimos años el endeudamiento exterior.

Es un fenómeno en el que reparamos pocas veces, el hecho de que la inflación beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. El dinero vale menos y en la misma medida las deudas en términos reales pierden valor. Esta realidad se puede contemplar desde otro ángulo. La deuda en términos nominales no sufre variación, pero el porcentaje sobre el PIB disminuye, ya que este se incrementa considerablemente por la inflación.

«Continuamos siendo un país deudor, y por encima del 35% fijado como umbral por la Comisión Europea»

Es por eso por lo que Calviño con cierta desfachatez, cuando el Gobierno estaba incrementando considerablemente la deuda pública, afirmaba que la estaba reduciendo, ya que el porcentaje sobre el PIB, en presencia de una alta tasa de inflación, disminuía. Esperemos que su sucesor no quiera hacernos el mismo truco del almendruco con el endeudamiento exterior.

El hecho de que el endeudamiento exterior se haya situado por primera vez desde la crisis de 2008 por debajo del 50% constituye, como ya hemos dicho, un buen dato, y concede cierta tranquilidad de cara al futuro, pero conviene relativizarlo. Debemos situarnos y tomar conciencia de dónde nos encontramos. Continuamos siendo un país deudor, y por encima del 35% fijado como umbral por la Comisión Europea en el Procedimiento de desequilibrios macroeconómicos (PDM).

Solo países como Eslovaquia, Portugal, Chipre o Grecia tienen una deuda mayor. Otros como Estonia, Letonia o Francia, aun siendo deudores, presentan un saldo más reducido. Mención especial hay que hacer de Italia que se sitúa entre los acreedores a pesar de tener una deuda pública muy abultada. La razón se encuentra en que una proporción muy importante de ella está en manos de los nacionales. Por último, está el resto de los países acreedores, todos los del Norte, con Alemania y Holanda a la cabeza. Este mapa nos podría conducir a realizar un análisis de la situación de cada país en Europa y a quién ha beneficiado y perjudicado la UM, pero no es el lugar ni el momento para ello.

Es ilustrativo también analizar la composición actual de nuestro endeudamiento exterior. Aproximadamente el 10% corresponde a la inversión directa, principalmente de grandes inversores, que goza de una gran estabilidad. Cerca del 60% lo compone la deuda pública, incluyendo al Banco de España. Es el resto el que está en manos privadas (empresas y particulares). Como se ve, la composición ha cambiado sustancialmente con respecto al momento de la crisis. Ahora es del endeudamiento público de donde puede venir la amenaza y, por lo tanto, de la actuación del Gobierno, mientras que el sector privado continúa manteniendo la competitividad, competitividad que no se basa en una mayor productividad -todo lo contrario-, sino en los bajos salarios, fruto de aquella deflación competitiva que de ninguna manera se ha corregido con la última reforma laboral.