Seis años de Gobierno
«Ni el todopoderoso Sánchez ni los ingentes ingresos fiscales adicionales han logrado promover la transformación social y económica prometidos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Han pasado seis años desde que Pedro Sánchez llegó al poder. En ese plazo ha habido tres elecciones. Formado tres gobiernos, dos de ellos de coalición, que han vivido más de una decena de crisis. Ha sido destituidos tropecientos ministros. Se han batido todos los récords de legislaturas previas con la aprobación de 146 decretos leyes. Han llovido 48.000 millones de euros de ayudas europeas no reembolsables. Se ha beneficiado de cuatro años de suspenso en el cumplimiento de las reglas fiscales. Ese mismo tiempo ha emitido su deuda para financiar el déficit público a unos tipos de interés negativos y vendérsela toda al Banco Central Europeo. Recaudado 61.4000 millones de euros adicionales de impuestos entre 2021 y 2023 por el efecto de la inflación. Por no hablar de cómo ha neutralizado la función de supervisión y fiscalización de la mayoría de los organismos públicos e instituciones.
Pero ni esa manera más autoritaria de ejercer el poder en comparación con sus antecesores en el cargo ni esa entrada extraordinaria de dinero a las arcas públicas le han servido al Gobierno progresista de Sánchez para atender algunos de los problemas sociales más acuciantes del país como es el caso del acceso a la vivienda. Sorprende por ello que sólo ahora salten las alarmas por una dificultad que arrastra España desde hace casi dos décadas y que su ley sobre vivienda aprobada en 2022, que nació desacreditada por invadir competencias de las comunidades autónomas, no ha sabido solucionar.
Más bien al contrario. Los efectos de la política intervencionista del Gobierno, con las restricciones a los alquileres y la tolerancia con la ocupación en perjuicio de la seguridad jurídica del derecho a la propiedad nos distancia de nuestros socios comunitarios. Tampoco el Gobierno ha hecho nada para asegurarse que hubiera suelo público para construir.
Otro problema es la ausencia de fondos a cargo de los presupuestos dedicados a la construcción de vivienda pública. En España no se construye vivienda pública desde 2011. De hecho, España se sitúa a la cola de las economías avanzadas en cuanto a inmuebles destinados al alquiler social. Holanda, Austria y Dinamarca se sitúan a la cabeza. Una de las razones que explican la falta de inversión pública en el sector es que es una política a largo plazo. Sus frutos no se recogen hasta pasado varios años, con el riesgo de que quien lo haga sea además un Gobierno de color diferente. No sale rentable electoralmente. Desde luego no es comparable con la subida de las pensiones con el IPC. Por mucho que esta, como es el caso de la última reforma del sistema a manos del exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, que rompe con la solidaridad intergeneracional y cuya diferencia entre ingresos y gastos corre a cargo del déficit público.
«El Gobierno tampoco parece haber tenido tiempo en esos seis años para hacer algo para remediar precaria situación de los jóvenes»
Pero no es sólo la vivienda. El Gobierno tampoco parece haber tenido tiempo en esos seis años de remediar la preocupante evolución de la tasa de pobreza infantil, que es la más alta de la OCDE o hacer algo para frenar la caída en picado de la tasa de natalidad, la segunda más baja de la Unión Europea, o la precaria situación de los jóvenes, que sufren el índice de paro más elevado de la UE (26,6%) y se emancipan a una edad media de 30,3 años, la más alta de los últimos 20 años. Un expediente que debería avergonzar a cualquier gobierno que presumiera de hacer políticas sociales progresistas. Ni el todopoderoso Sánchez ni los ingentes ingresos fiscales adicionales han logrado promover la transformación social y la modernización económica que prometía este Gobierno.
Seis años de Gobierno progresista. Seis años de oportunidades perdidas.
