España, farolillo rojo en protección de vivienda: está en el puesto 22 de los 37 países de OCDE

Un año más, España se encuentra en la zona baja de clasificación en el Índice Internacional de Derechos de la Propiedad 2023, que también comprende la vivienda, tanto del promedio de la UE como del promedio de la OCDE. Concretamente, en la posición número 22 de los 37 que constituyen la lista más relevante.

En jerga ciclista, una posición que nos sitúa entre el pelotón de países que conforman el farolillo rojo. Así lo rubrican los datos de la Property Rights Alliance, de 2023, especializada en comparar el nivel de protección de los derechos de propiedad en gran parte de las economías globales, incluyendo en esta edición datos de 115 países.

El último informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (La colaboración público-privada y el reto de la vivienda), también recoge esta estadística, en la que España, con un 98,5% de índice, apenas está por encima de países como Portugal, Lituania, Estonia, Italia, Polonia, Grecia y Hungría. Por el contrario, la protección de los derechos de propiedad de los españoles se distancia de los altos niveles de Finlandia (122,6%), Países Bajos (119%) Dinamarca (118,4%), Suecia (117,4%) o, Alemania (116,5%).

Este amplio margen de mejora hace que nuestro país se quede a un 1,5% por debajo de la OCDE y, a un 4,2% por debajo de los países de la UE, ocupando además posiciones en la parte baja del ranking para todas las categorías, especialmente en el entorno legal y político, y en la protección de la propiedad física, donde ha aparecido entre los 10 países con peores resultados durante el periodo analizado, que va desde 2019 a 2022.

España, en el índice de propiedad

El informe del IEE –recogido por THE OBJECTIVE— parte de la base de que una de las principales características que determinan la capacidad competitiva de las economías de mercado, predominantes a nivel global en la actualidad, es la protección de los derechos de propiedad. Unos derechos que otorgan la posibilidad a un individuo de ser propietario, usar, transferir y contratar un bien o activo, y cuya efectividad está directamente relacionada con conceptos económicamente relavantes, que explican el porqué de los resultados obtenidos en la valoración de los índices.

El ahorro –expone el trabajo elaborado por la institución que presiden Iñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo– cumple un papel fundamental en el progreso económico y en el bienestar social y, a nivel macro, permite incrementar la inversión y la innovación (mejora en la forma de hacer las cosas y eficiencia en los procesos). Por lo tanto, favorece el crecimiento de la productividad, la actividad económica y el empleo a lo largo del tiempo.

Pues bien, de acuerdo con la evidencia empírica para la Unión Europea, que plasman los datos del IIDP, se observa una hay una vinculación entre el ahorro y la defensa de la protección de los derechos de la propiedad. En este sentido, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos destacan como los países con mayores tasas de ahorro de la Unión Europea, siendo, además, los miembros que más protegen los derechos de propiedad. En el caso contrario se encuentran Grecia y Eslovaquia, presentando las dos peores posiciones para ambas variables, con una menor protección de los derechos de propiedad.

En el caso de España nos encontramos en una posición inferior a la media europea en ambas variables, poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar la protección de los derechos de propiedad como vía de impulso a una mayor acumulación de ahorro en proporción a la renta disponible, eliminando cualquier traba adicional sobre estos derechos como, por ejemplo, el establecimiento de una fiscalidad confiscatoria que grava en exceso el ahorro.

Ahorro e inversión a través de la propiedad

Pero si el ahorro va ligado en positivo a la mejor defensa de los derechos de la propiedad, tampoco lo es menos, como variables para medir el crecimiento económico, la inversión, coligiendo así el IEE, si el marco de protección de los derechos de propiedad es inadecuado, los inversores tendrán que afrontar una prima de riesgo adicional con el consecuente coste y minoración de rendimientos esperados, o bien se verán desincentivados para realizar inversiones en el tejido productivo de la economía.

Respecto a esta cuestión, numerosos estudios han comprobado la fuerte relación positiva existente entre las tasas de inversión de un país y la calidad de la protección de los derechos de propiedad (Kerekes y Williamson, 2008; Svensson, 1998; Torstensson, 1994). De igual forma, en distintos estudios se ha contrastado que la protección del derecho de propiedad es uno de los principales elementos que favorecen la inversión extranjera.

En el marco de la Unión Europea, los países que destacan por presentar mejores resultados en cuanto a los derechos de propiedad y a la par obtienen elevadas tasas de inversión son tanto países nórdicos (Suecia y Finlandia) como centroeuropeos (Alemania, Austria, Francia y Bélgica). Por su parte, los países del sur de Europa (Portugal, Italia, España y Grecia) presentan unas posiciones rezagadas en cuanto a protección del derecho de propiedad, lo cual implica mayores obstáculos sobre sus inversiones. La situación de España respecto a este ámbito es de clara desventaja, al presentar posiciones bajas para ambas variables, quedando así por debajo de la media europea y lejos de las principales economías de la UE.

Un alquiler social inexistente

En el contexto de este informe –ahora que se cumple un año desde que el presidente del Gobierno anunciara un paquete de 184.000 alquileres a precios asequibles, y justo cuando este lunes se aprobará en el Consejo de Ministros 2.500 millones en avales para la compra y alquiler de vivienda–, el estudio del IEE se detiene en la importancia de la colaboración público-privada para sacar de España de una política –la del alquiler social o asequible– prácticamente inexistente.

Según los datos de Eurostat, mientras el parque de vivienda social en nuestro país es de un 2,5%, del parque total, la media de la UE es del 9%, llegando al 2% en Austria o, al 30% en Países Bajos. La vivienda en alquiler de titularidad privada se sitúa el entorno de las 290.000 viviendas.

En el estudio han participado la Sareb y expertos especialistas como José García Montalvo, Josep María Raya, Carles Sala Roca, Julián Salcedo Gómez, Carme Trialla Bellart y Alejandra Mora Gallego. Dicho estudio incide en uno de los principales problemas de la vivienda en España: la sobrerregulación del sector, con medidas como los controles de precios regulados en la Ley de Vivienda o las moratorias de desahucios. En este sentido, mantiene el IEE, parece manifiesto que el control de alquileres es ineficiente para lograr el acceso al mercado de alquiler, además de contraproducente, en la medida en que empeora la oferta en cantidad y en calidad, con el consiguiente perjuicio y discriminación a los colectivos de peor renta.

Colaboración público-privada

Dado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió hace un año a la creación de 184.000 viviendas sociales en los próximos cuatro años de legislatura, y que el cometido parece ambicioso, teniendo en cuenta que la construcción anual de obra nueva en régimen en la actualidad apenas alcanza las 100.000 viviendas, de cumplirse la promesa de Sánchez, esto supondría construir 46.000 viviendas al año.

Como alternativa a un plan que se antoja irrealizable, sin olvidar que la posición de las finanzas públicas deja a los próximos gobiernos y a éste con poco margen, las conclusiones del Instituto de Estudios Económico defienden formulas de naturaleza colaborativas y más rápidas para hacer efectivo el déficit de vivienda pública que hay en España, con el consiguiente perjuicio para la economía, como sustancian los datos del Índice Internacional de Protección de la Propiedad.

Este modelo –remarca el IEE– pasa por favorecer una regulación equilibrada; movilizar grandes recursos financieros y de suelo público finalista en los próximos años, poner a disposición de la Administración vivienda ya existente de segunda mano; favorecer el incremento de la profesionalización del mercado del alquiler; cesión en arrendamiento por un plazo de 25 años de las viviendas de titularidad de los grandes tenedores; los propietarios contarían con un contrato de alquiler con aval público (ICO-Tesoro Público) y el Estado podría, a su vez, movilizar decenas de miles de viviendas para familias vulnerables; asumir, por parte de las administraciones, rehabilitaciones o finalización de la construcción y analizar la viabilidad jurídica de una propuesta en la que el suelo sea privado.