¿Va la economía tan bien?
«Sánchez buscará refugio en el milagro económico de España para intentar desviar la atención de los problemas que le acechan»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La economía va bien. O, en palabras de Pedro Sánchez, como una moto. Como es muy probable que el presidente del Gobierno saque pecho por los datos económicos en el 41 Congreso Federal que celebra este fin de semana el PSOE en Sevilla para su reelección como secretario general, tal vez sea oportuno ir más allá de las cifras que reflejan un robusto crecimiento económico e identificar los desequilibrios que pueden poner en peligro su estabilidad.
Acorralado por los escándalos de corrupción que presuntamente salpican a seis ministerios, a su mujer y a su hermano y por la insólita imputación del fiscal general del Estado por una posible revelación de secretos, el líder socialista buscará refugio en el milagro económico de España para intentar desviar la atención de los problemas que le acechan y reeditar la confianza de los militantes socialistas y de sus votantes.
¿Puede Sánchez en presumir de su gestión económica? El PIB español crecerá en 2024 un 2,9% según las previsiones de octubre del FMI, más del triple que la media del resto de sus competidores europeos (0,9%) e incluso una décima por encima del 2,8% que se prevé avance la economía estadounidense, cuyo crecimiento tras las sucesivas recientes crisis ha sido siempre el más dinámico entre los países avanzados. El PIB de España se sitúa 5,7 puntos por encima de los niveles prepandemia. Más que el 4,2% que ha mejorado la eurozona.
Es un dato incontestable, pero cabe preguntarse, por un lado, cuál es el principal motor de ese crecimiento, para ver si este es sostenible en el tiempo y, por otro, si ese vigor ha servido para corregir algunos de los grandes desequilibrios que arrastra la economía española y hacer las reformas necesarias para su transformación y modernización como prometía Sánchez.
En el primer caso, el consumo público es responsable del 59% de todo el crecimiento acumulado desde 2019. Son estimaciones de Funcas, que en su último informe es incluso más optimista que el FMI, el Banco de España (2,8%) o el Gobierno (2,7%) con respecto al avance de la economía española este año al apostar por un 3%. El tirón del gasto público, apoyado en los ingresos fiscales extraordinarios de los dos últimos ejercicios por los efectos de la inflación en la recaudación de impuestos, y en la entrada de los fondos europeos NextGen, no es sostenible en el tiempo.
La corrección de la inflación y los esfuerzos de consolidación fiscal que exige Europa, que puede suponer recortes fiscales o subida de impuestos para cumplir con el recorte de 8.000 millones de euros que demanda Bruselas para 2025, limitarán esa alegría con el gasto público. Los fondos extraordinarios de rescate europeos dejarán de llegar en junio de 2026.
El fuerte crecimiento tampoco ha sido aprovechado para avanzar en los objetivos de consolidación fiscal. El imparable aumento del gasto público ha impedido que la fuerte entrada de ingresos fiscales haya servido para corregir el déficit público. Este desequilibrio cerró 2023 en el 3,7% del PIB. En 2024 se espera que se sitúe en el 3% para volver a subir al 3,1% en 2025. Por encima siempre del tope del 3% marcado por los criterios de estabilidad cuyo cumplimiento vigila la Comisión Europea desde que estos se reinstauraron tras la excepción de la pandemia. El ajuste será inevitable. España, además, estaría así sin colchón fiscal en caso de un nuevo shock externo. Una oportunidad perdida. No es el caso de por ejemplo nuestra vecina Portugal, que registró un superávit presupuestario del 1,2% del PIB en 2023 y prevé que sea del 0,6% este año.
Y los compromisos de gasto asumidos por el Gobierno no ayudan. La subida pensiones de acuerdo con el IPC tiene un peso cada vez mayor en el gasto. España es el país de la UE donde más ha crecido esta partida en la última década hasta representar el 9,4% del PIB. En 2011 suponía el 6,8%. En lo que respecta a los ingresos, el pacto entre PSC y ERC que reconoce la singularidad catalana podría reducir en un 20% ingresos fiscales a la caja común, de la que sale entre otras cosas el pago de las pensiones, incluidas las de los vascos y navarros pese a gozar de un régimen fiscal foral que les permite recaudar el 100% de los impuestos. El mismo modelo que ha inspirado el pacto de los socialistas con los catalanes.
La deuda pública en porcentaje del PIB tampoco ha tenido la corrección deseada teniendo en cuenta las notables tasas de expansión de la economía. En el tercer trimestre de este año ascendía a 1,63 billones de euros, el 104,4% del PIB. Su evolución a la baja desde el pico registrado en el primer trimestre de 2021, cuando los gastos extraordinarios relacionados con la pandemia y el hundimiento de la actividad económica la situaron en el 125% del PIB, ha sido más lento de lo deseado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advertía hace poco de que la reducción de la deuda no se va a producir en los próximos años y que a finales de la década este desequilibrio aumentará si no se toman medidas adicionales de ajuste.
Y en lo social, el expediente tampoco es tan brillante como lo pinta el Gobierno. El fuerte crecimiento de los dos últimos ejercicios ha venido acompañado de una notable creación de empleo. La tasa de parados se situó en el 11,21% en el tercer trimestre del año, según la Encuesta de Población Activa que elabora el INE. Un dato que contrasta con el 26% al que llegó a estar en lo peor de la Gran Recesión a principios de 2013 o con el 16% al que se elevó a principios de la pandemia, pero que sigue siendo el doble que la media de nuestros competidores europeos.
La creación de empleo bajo los gobiernos sanchistas no ha servido gran cosa a la hora de aliviar un problema persistente de la economía española: la pobreza laboral. Uno de cada tres personas en el umbral de la pobreza tiene un empleo. Representan algo más del 13% de las personas ocupadas, según datos de la ONG Oxfam Intermón. Es una estadística que no convive bien con el escudo social que presume haber desplegado el Gobierno en los últimos seis años. La falta de empleo o de los ingresos insuficientes de los progenitores explica en gran parte que España sea el país con la tasa más alta de pobreza infantil de la UE: un 27,8% de los niños la padecen.
A pesar de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética que desató la invasión rusa de Ucrania, la pobreza energética ha crecido sin parar en los últimos años. El número de hogares que no pudieron mantener una temperatura adecuada durante el invierno creció hasta el 20,7% en 2023.
Por no hablar de la situación de los jóvenes. El 27,2% está en paro, el doble que la media europea. Son los que más tarde logran independizarse: a una edad media de 33,3 años. Soportan la tasa más alta de temporalidad laboral: entre los menores de 30 años se situaba en el 35% a finales de 2023. Y sus salarios están entre los más bajos de Europa. Con una reforma de pensiones que dinamita la sostenibilidad y carga en generaciones futuras su pago, son los grandes olvidados del sistema. Sin posibilidad de acceder a una vivienda, no es de sorprender que la tasa de natalidad de España sea de las más bajas del mundo.
Son estos algunos datos que sirven para demostrar que se han perdido muchas oportunidades para abordar una transformación la economía. Pedro Sánchez volverá a usar la carta de la exitosa gestión económica de su Gobierno, probablemente con aún más intensidad por los escándalos que le rodean, pero la permanencia de muchos de los desequilibrios que arrastra la economía española y que amenazan su estabilidad apunta en otra dirección.
