Masas extractivas
«Un presupuesto capturado por grupos de presión reduce el margen de maniobra de la política. La situación de España sin reformas se deteriorará cada vez más»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Un año más la inflación española ha quedado lejos de los objetivos del Banco Central Europeo. Si quieren una receta fija para el empobrecimiento general, hagan que los precios año tras año suban por encima de los salarios, mientras unos pocos capturan el proceso inflacionario. Han sido Daron Acemoglu y James A. Robinson, últimos premios Nobel de Economía, quienes han acuñado el concepto de «elites extractivas» para referirse a estos pequeños grupos que capitalizan el crecimiento. Otro economista, el catedrático español Benito Arruñada, por su parte, en una reciente entrevista concedida a THE OBJECTIVE ha señalado una variante del concepto popularizado por Aceglomu y Robinson: en lugar de las elites, se podría hablar de las «masas extractivas», grandes grupos que concentran el gasto presupuestario y cuya fuerza de presión dificulta cualquier reforma que afecte a sus intereses inmediatos. El ejemplo más obvio en España sería el de los pensionistas.
Jon González, un ingeniero industrial que desmenuza las cifras macro y microeconómicas en su cuenta de la red social X (@Jongonzlz), publicaba hace unos días los datos de gasto público de España en 2023. Para entender la magnitud de los números conviene comparar algunas de estas partidas presupuestarias: a las pensiones se destinaron 226.735 millones de euros, frente a los 98.624 asignados a la Sanidad o los 63.040 a la educación.
La emergencia climática mereció apenas 14.640 millones y defensa sólo 13.987. El dato más asombroso –y que nos habla de la fractura intergeneracional en el seno de la sociedad española– es que el gasto en pensiones «es exactamente 365 veces superior al gasto social en vivienda (624 millones de euros)», en palabras de González. La falta de un parque de vivienda accesible para compra y alquiler constituye uno de los grandes dramas que vive nuestro país.
El Gobierno ha anunciado que subirá las pensiones el próximo año en torno a un 2,8%, de acuerdo con los últimos datos de IPC. Son más de 6.000 millones de euros: diez veces el gasto actual en vivienda social. Sin duda, el déficit público, la falta de inversión (¡y de mantenimiento!) en infraestructuras, las estrecheces presupuestarias del Ejército (cuya obsolescencia tecnológica compromete su operatividad) o los recortes en I+D tienen muchas otras razones, pero ninguna reorganización efectiva del presupuesto resulta viable sin tocar algunas de las partidas principales.
«Nuestros hijos son las víctimas de un Estado del bienestar que no sabe reformarse a sí mismo»
Evidentemente, todo lo que no se haga hoy se tendrá que imponer mañana con medidas más dolorosas. El tiempo perdido se mide por una brecha social que se agranda más cada día que pasa. Nuestros hijos son las víctimas de un Estado del bienestar que no sabe reformarse a sí mismo y que, como si fuera Saturno, ha decidido devorar a la vez pasado, presente y futuro.
No hay alternativa a realizar algún tipo de ajuste. La agresividad fiscal del Gobierno tiene también sus límites, cada vez más cercanos. En la medida en que la macroeconomía no produzca beneficios en la microeconomía, aumentará el malestar social. La escasez crónica de vivienda dividirá a la sociedad entre propietarios y no propietarios. Las trabas burocráticas dificultan tanto la edificación como el dinamismo empresarial.
Un presupuesto capturado por élites y masas extractivas reduce los márgenes de maniobra de la política. Confrontados a potencias más competitivas, la situación general de una España sin reformas sólo puede ir deteriorándose cada vez más. No se trata de una condena bíblica, sino de la consecuencia de nuestras decisiones erróneas. Sencillamente, tenemos un problema y no queremos afrontarlo.
