Rumanía, ¿democracia liberal?
«El Tribunal Constitucional anuló el pasado 6 de diciembre las elecciones que arrojaron como vencedor al utranacionalista Călin Georgescu»
Călin Georgescu. | Europa Press
Distraídos como estamos con nuestras propias polémicas locales, minucias como que, teniendo encausado por el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado por revelación de secretos, hayan sido borradas de su móvil sus comunicaciones durante los días en que podría haber cometido tal delito (no va a poder con ello el hombre demostrar su inocencia), quizá haya sido poco objeto de atención el que en un país miembro de pleno derecho de la UE, con ya treinta y seis años de democracia, integrado en la OTAN y recientemente incorporado al espacio Schengen, hayan sido anuladas en su primera vuelta sus elecciones presidenciales.
Así, por decisión del pasado 6 de diciembre de su Tribunal Constitucional, con la invocación de sospechas de «injerencia extranjera coordinada por un actor estatal por determinar», que habría distorsionado el voto viciando el resultado electoral, se anularon las elecciones que arrojaron como vencedor al ultranacionalista, Călin Georgescu, un euroescéptico que califica a Putin de «patriota» y que cuestionaría la ayuda rumana a Ucrania contra Rusia.
Sin pruebas concluyentes de la invocada injerencia extranjera -solo la prensa ha identificado a Rusia como el «actor estatal por determinar»-, con un breve comunicado en el que anunció la anulación de las elecciones el Tribunal se limitó a afirmar que las evidencias y fundamentos ya se publicarían en el texto completo de su decisión en el Boletín Oficial.
Si una decisión así no fuera ya lo suficientemente insólita en un país de la UE, resulta que estuvo precedida por otra resolución del mismo Tribunal, ordenando que se volvieran a contar los votos de la primera vuelta. Concluido el recuento, no hallándose irregularidades significativas, el Tribunal no tuvo más remedio que confirmar los resultados.
Claramente insatisfecha con dichos resultados, la administración presidencial -encarnada por Klaus Iohannis, Presidente del centroderechista Partido Nacional Liberal (PNL), al que luego aludiré- desclasificó documentos que sugerían una campaña electoral irregular coordinada desde la plataforma TikTok, que fue lo que finalmente determinó al Tribunal Constitucional a anular las elecciones.
Las dudas sobre la regularidad de la campaña en las redes sociales propiciaron que la Comisión Europea -la larga mano de Von der Leyen- abriera una investigación sobre el uso de los algoritmos en TikTok al amparo de la Directiva de Servicios Digitales de la UE, aprobada este mismo año.
Ocurre, sin embargo, que, aunque efectivamente TikTok permitió la propaganda política de facto durante las elecciones, violando sus propias políticas de uso, y, al parecer, las propias leyes rumanas, de estas irregularidades se habrían beneficiado todos los principales candidatos, no sólo el ganador de las elecciones citado en los documentos desclasificados.
Así, una investigación de Expert Forum (asociación con sede en Bucarest integrada por reconocidos expertos en políticas públicas y pro-reforma de la gobernanza pública) reveló que el número de hashtags asociados a Georgescu en TikTok era menor en comparación con los vinculados a otros candidatos, y una agencia de noticias local (Snoop) publicó que el organismo que supervisa la transparencia financiera rumana (su Tribunal de Cuentas para entendernos) dispone de un informe que concluye que fue el presidencial Partido Nacional Liberal el que financió con dinero público la campaña en TikTok que terminó amplificando involuntariamente la visibilidad pública de Georgerscu en las elecciones.
En definitiva, todo apunta a que la decisión de anular las elecciones presidenciales estaría motivada más por la frustración producida en el establishment por la victoria del candidato erróneo que por un creíble y genuino compromiso con la limpieza democrática del proceso electoral. El ganador erróneo, Georgescu, no debe ser, desde luego, trigo muy limpio, pues ante el equivalente en Rumanía a nuestro Tribunal de Cuentas declaró haber invertido «gasto cero» en su campaña electoral. En una entrevista con Sky News negó sin embargo vínculos con Rusia y afirmó que «La OTAN está bien como organización defensiva, pero no quiero que mi país participe en una guerra».
Ante el escenario descrito, pudiera uno pensar que la candidata postergada al segundo lugar por el triunfo del sospechoso ultranacionalista prorruso en las anuladas elecciones, la europeísta de orientación centroderechista, Elena Lasconi (del partido Unión Salvar Rumanía), habría aplaudido la intervención del Tribunal Constitucional rumano. Pero no, Lasconi declaró: «La decisión del Tribunal Constitucional es ilegal, amoral y aplasta la esencia misma de la democracia, el voto. En este momento, el Estado rumano pisotea de la democracia. Están llevando al país a la anarquía. Deberíamos haber respetado la voluntad del pueblo rumano porque nos guste o no, desde un punto de vista legal y legítimo, nueve millones de ciudadanos rumanos expresaron su preferencia por un candidato determinado mediante el voto. Algunas personas quieren aferrarse al poder a cualquier precio, incluso a costa de la democracia».
¿Y quiénes serían esas personas, ese establishment descontento con el resultado de las presidenciales? En Rumanía (clasificada por The Economist como la segunda democracia más débil de la UE) hay dos partidos opuestos que gobiernan juntos desde hace años en una coalición por la cual el partido socialdemócrata (PSD) apoya la presidencia de Klaus Iohannis, del partido nacional liberal de centro derecha (PNL), mientras que el PNL acepta intercambiar el puesto de primer ministro con el PSD.
En definitiva, nos cansamos de oír desde las tribunas oficiales de la UE, la Comisión, el Consejo, el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que nuestras democracias liberales están en peligro, que la vulneración de las reglas democráticas básicas del Estado de Derecho por los extremistas y populistas amenazan nuestras libertades y nuestra concepción del ejercicio del poder establecidas desde 1945; pero ante la anulación de las elecciones presidenciales rumanas por dudosas razones que evidencia a las claras que la clase política rumana ha optado por saltarse las normas, todos los organismos y representantes de la UE guardan silencio, demostrando de facto que se puede estar firmemente integrado en la UE y en la OTAN y sentar el impunemente el precedente de que los resultados electorales se pueden revertir si no favorecen a los que ya están en el poder y comulgan con la orientación de la geopolítica comunitaria.
Un detalle no menor: la anulación de las elecciones presidenciales llegó después de que el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunciara un supuesto esfuerzo ruso «bien financiado» para influir en los resultados, de que el exembajador estadounidense en Rumanía apareciera repetidamente en medios locales haciendo la misma acusación, y de que la actual embajadora, Kathleen Kavalec, visitara ostentosamente una base aérea en Rumanía que se está convirtiendo en la instalación estratégica más importante de la OTAN en Europa. A ver si «el actor estatal por determinar» que interfiere en los resultados de las elecciones en Rumanía no va a ser [sólo] Rusia…
Sea como fuere, el caso rumano muestra una tendencia cada vez más reiterada en las repúblicas que fueron de la órbita postsoviética (piénsese en Georgia): la invocación del factor antirruso como elemento catalizador y unificador de las elites políticas establecidas para dar por sobreentendido que el advenimiento de nuevos movimientos políticos los convierte en prorrusos, equiparándolos con ideologías autoritarias.
Hasta que se celebren nuevos comicios en Rumanía seguirá en el cargo el actual jefe de Estado, el ya citado Klaus Iohannis, quien ha resumido admirablemente la situación: «Rumanía es un país estable, sólido y seguro. Lo digo por la economía, las inversiones, los mercados. Lo digo por la Unión Europea: Rumanía es y sigue siendo un país seguro y sólido. Se lo digo a la OTAN: Rumanía es un país seguro y sólido».
Le faltó decir que la democracia liberal y sus procedimientos no están en peligro. Para quedarnos tranquilos.
