La censura europea no evitará la extrema derecha
«Si en lugar de invertir en verificadores, se mejoraran los medios tradicionales quizá nos iría mejor que cerrar redes sociales porque no nos gustan sus dueños»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La desinformación y los tecnoligarcas son culpables de todo, desde la crisis de la democracia hasta la llegada de Trump al poder o el avance de la extrema derecha en la UE. La vorágine de noticias sobre Elon Musk y sus colegas de Silicon Valley como paradigmas de la nueva oligarquía tecnológica mundial y, de como ellos van a ser los nuevos gobernantes del mundo, menosprecia el poder que todavía mantienen los Estados y sobre todo sus gobiernos que, si así lo deciden podrían desactivar a las grandes tecnológicas apretando el botón de la legislación.
Las big tech norteamericanas sienten en el cogote desde la legislación europea a la censura china. Si un Estado u organización supranacional como la UE deciden que X o Facebook no pueden operar en su territorio, no lo hacen. De ahí que algunos magnates como Mark Zuckerberg, dueño de Meta, hayan cambiado de chaqueta política y estén dispuestos a aliarse con Trump, aunque sea para llegar hasta el infierno, porque necesitan del apoyo de su Gobierno para seguir compilando datos y que el algoritmo permita monetizarlos con publicidad llegando al mayor número de usuarios.
En cuanto a la desinformación, está claro que es un elemento que influye en procesos electorales y en la formación de la opinión pública, pero ni es el más importante ni el más definitorio de los resultados finales. Si señalamos a las redes sociales como vehículos de esas fake news, por qué no lo hacemos con los políticos que son, en muchas ocasiones, quienes las fabrican, como reconocen instituciones tan prestigiosas como el Instituto Reuters.
Cuando Obama ganó elecciones en 2008 y 2012 gracias, en parte, a su campaña en Facebook nadie puso el grito en el cielo por el uso de datos de millones de usuarios. Pero si gana Trump y Elon Musk le apoya en su campaña con opiniones en X, esto es algo que roza la ilegalidad y, no digamos ya, si el magnate sudafricano entrevista en su red social a la líder del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania. En cambio, si Von der Leyen da un discurso o es entrevistada por algún medio y se retransmite vía YouTube o Facebook, aquí no ha pasado nada.
El excomisario de Mercado Interior de la UE Thierry Breton ya ha advertido que prohibir la red social de Elon Musk en Europa es «legalmente posible». Para cumplir con esta amenaza se debería usar el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una norma que ni tan siquiera define de manera precisa el concepto de desinformación o cuyo artículo 36 permite a los organismos designados por la Comisión Europea, que pueden actuar contra las plataformas en caso de una «crisis», pudiendo cerrar las operaciones de las redes sociales si no eliminan rápidamente el «contenido ilegal» publicado.
«Al final el poder sobre la libertad de expresión recae en organizaciones privadas, no legitimadas democráticamente»
Bruselas tiene la arbitrariedad de determinar si existe una «situación de crisis», lo que le da un poder de intervención omnímodo y además es imposible determinar con certeza cuándo el contenido es ilegal. Es una medida excepcional que no conlleva ningún tipo de control judicial. Además, el temor de las plataformas a graves sanciones si dejan contenido ilegal publicado puede llevar a eliminar cualquier contenido que pueda interpretarse como problemático, lo que puede dar lugar a la censura de opiniones de partidos políticos o disidentes que no gusten.
La verificación de datos es cara para las plataformas. La victoria de Trump las ha envalentonado y Meta ha decidido abandonar esa tarea y la sustituirá por el método que usa X, las notas de la comunidad. En este sentido, la UE tampoco es muy transparente a la hora de identificar a las personas que forman parte de los equipos encargados de detectar, verificar y corregir la desinformación. Gran parte de estas organizaciones reciben financiación de la UE y sus evaluaciones deberían ser independientes, certificadas y revisadas por pares. Al final el poder sobre la libertad de expresión recae en organizaciones privadas, no legitimadas democráticamente.
Pese a los ataques a Meta y a X, según el Informe de del Reuters Institute de 2024, el consumo de noticias en Facebook ha disminuido un 4% en todos los países, y tanto YouTube como WhatsApp y TikTok superan a la red de Musk, por primera vez, a la hora de informarse. La confianza en las noticias es solo del 40%, siendo mayor en los países nórdicos e inferior en el sur (Grecia con el 23% o España con el 33%) y en el Este de Europa (Hungría con el 23%). También existe un problema de desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales. Si en lugar de invertir en verificadores, se hiciera en mejorar esos medios con editores y una mayor alfabetización mediática de la población europea, quizás nos iría mejor que cerrar redes sociales porque no nos gustan sus dueños o el color político del gobierno de su país. La censura en Europa no evitará la llegada de la extrema derecha al poder, sino que quizás la retroalimente.
