Tristeza del 'caso Azagra'
«Estos últimos años se resumen en una sola enseñanza: tonto el que cumpla las reglas. Y tonto dos veces el que todavía crea que están para cumplirse»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Tal como es habitual en nuestro país, se ha filtrado a los medios de comunicación el vídeo que recoge la declaración de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno conocido también por su alias David Azagra— ante la jueza encargada de dilucidar si hay indicios de ilegalidad en la contratación de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. El asunto había sonado en su momento: antes de que su partido entrase a gobernar en coalición con el PSOE de Pedro Sánchez en el gobierno nacional, los miembros locales de Podemos habían denunciado la creación ad hoc de una plaza que se sospechaba irregular. Es de suponer que el acceso al poder mitigó los escrúpulos de los denunciantes, en correspondencia con el tránsito de su formación hacia ese posibilismo que su líder Pablo Iglesias suele justificar con la misteriosa imagen del jinete que «cabalga contradicciones».
El caso es que todo lo que va sabiéndose sobre el caso alimenta la sospecha inicial; ninguno de los testigos parece haber podido demostrar que el procedimiento que culmina con la contratación de Azagra se ajustó escrupulosamente a derecho. Incluso han surgido dudas acerca de las cualificaciones recogidas en el currículum del músico y compositor; dudas que él mismo ha alimentado con una sorprendente declaración en sede judicial: no sabía nada y nada recordaba. De aquí no se deduce que pueda acreditarse la comisión de un delito; el respeto a los procedimientos es compatible con el ejercicio de una discrecionalidad que busca favorecer injustamente a un candidato sobre los demás y no siempre es posible demostrarlo.
«¿Acaso no hubo un 15-M, una demanda de regeneracionismo, una nueva política? Nada ha cambiado e incluso ha cambiado a peor»
Si a los españoles nada de esto les impresiona demasiado, aunque puedan desde luego indignarse ante el trato de favor que los hechos parecen sugerir, se debe a que estamos familiarizados desde antiguo con este tipo de prácticas clientelares. Que las diputaciones provinciales han sido agencias de colocación partidista, igual que las televisiones locales y otras entidades públicas, es cosa sabida: familias enteras de militantes de todos los partidos han encontrado acomodo en sus dependencias. Solo es una de las prácticas irregulares de las que hemos tenido noticia gracias al periodismo o el simple conocimiento personal: licitaciones de contratos amañados, subvenciones públicas ad hoc, e incluso esos ERE andaluces mediante los que se concedían pensiones de jubilación a personas cercanas al partido en el gobierno recurriendo a un fondo presupuestario emancipado de los controles habituales.
Así que la tonadilla del caso Azagra es bien conocida: una suerte de oldie cuya melodía entonamos casi sin darnos cuenta. Pero estas revelaciones causan hoy una tristeza suplementaria y conducen de manera inevitable a la resignación: ¿acaso no hubo un 15-M, una demanda de regeneracionismo, una nueva política? Todo debía cambiar, se decía entonces. Y sin embargo, nada ha cambiado e incluso ha cambiado a peor. Un cínico podría decir que aquella protesta solo se mantuvo en pie mientras la crisis económica reducía el tamaño de la tarta clientelar y, sobre todo, gobernaba el centroderecha; después ya no tocaba.
Desde que Sánchez llegó al poder, todo vale: mejor malgastar el dinero en apps inservibles que garantizar la limpieza de las contrataciones públicas. Nadie reforma la administración, nadie incrementa los poderes de los organismos anticorrupción, nadie persigue el gasto público ineficiente. Estos últimos años se resumen en una sola enseñanza: tonto el que cumpla las reglas. Y tonto dos veces el que todavía crea que están para cumplirse. De ahí que ya no se aplauda a los jueces que investigan su incumplimiento y persiguen el abuso de poder; se les acusa de lawfare y se los llama prevaricadores. ¿Regeneracionismo? Una vez más, todo era mentira.
