El Banco de España y la calidad institucional

De las pensiones, no. Pero del deterioro institucional, sí. Quizás el gobernador pensó que la novedad de incluir por primera vez en su informe anual del Banco de España un estudio sobre la calidad de las instituciones del país ayudaría a desviar la atención sobre el hecho de que, en el documento, en contraste con los dos años anteriores, apenas se analiza la sostenibilidad del sistema de pensiones, de cuya reforma como ministro él fue autor y que hoy preocupa a una abrumadora mayoría de expertos. Omitir el análisis de uno de los mayores desafíos estructurales de la economía española para así omitir las críticas al Gobierno del que hasta diez meses formaba parte. Ese ha sido probablemente su propósito. Por el contrario, el deterioro a calidad institucional es un asunto que permite repartir las culpas entre las distintas administraciones y Comunidades Autónomas de todo el espectro político.

La autoridad monetaria advierte de que la calidad institucional, entendida como las reglas de juego que regulan las relaciones políticas, sociales y económicas, se ha deteriorado en España en los últimos 20 años. El país se sitúa algo por debajo de la media del conjunto de la Unión Europea (UE), por detrás de la República Checa o Portugal. Ese retroceso, más intenso en la última década, es uno de los factores que, según el banco central, explican en parte el escaso avance en la productividad de la economía española. 

Las principales variables que usa el Banco de España para medirla son el funcionamiento del Estado de derecho, la efectividad del Gobierno y la estructura legal, la seguridad de los derechos de la propiedad, la calidad de los reglamentos y la rendición de cuentas. Todas ellas son claves para generar la confianza que necesitan los agentes económicos para invertir. Y la inversión, nacional y extranjera, es uno de los pilares del crecimiento de la productividad de la economía. Si, por ejemplo, España lograra alcanzar el mismo nivel de calidad institucional que tiene Dinamarca, a la cabeza de la lista europea, la productividad española crecería un 5,5% en cinco años, según el análisis del banco emisor. 

No deja de ser curioso que en el primer informe anual que publica el banco emisor bajo el mandato de Escrivá, se haya querido poner el foco en esta cuestión. No porque el análisis no sea relevante. Todo lo contrario. La pérdida de calidad institucional tiene un impacto negativo en el crecimiento económico y, como el propio banco indica. Porque, como dice bien el Nóbel de Economía Paul Krugman, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. Si no porque no se puede decir que el exministro haya contribuido mucho a la mejora de esa calidad institucional que tanto se ha deteriorado en España. 

Entre otras cosas por la colonización de las instituciones por parte de los sucesivos gobiernos, aunque de forma más alarmante y descarada por los de Pedro Sánchez. La lista de empresas y organismos públicos es abultada: INE, CNMV, Indra, Renfe, Correos, Telefónica, Aena, Red Eléctrica Española, Paradores, Enagás, etc. Y, desgraciadamente ya no hay duda, también el Banco de España. A Sánchez no le importan los méritos. Solo la obediencia. El apagón de mayo y los constantes colapsos ferroviarios que vive el país son una muestra de esa incompetencia. 

«Tampoco parece haber ayudado mucho al prestigio de la institución que preside el desmantelamiento de su Dirección Económica, precipitada por la salida del economista jefe, Ángel Gavilán»

Escrivá fue elegido gobernador del Banco de España por decisión de Pedro Sánchez saltándose la norma no escrita de acordar entre el Gobierno y el principal partido de la oposición los puestos, respectivamente, de gobernador y subgobernador. Aun teniendo una solvente trayectoria como técnico venía directamente de sentarse en el Consejo de Ministros lo que iba a plantear un conflicto de intereses, como ahora ha demostrado el informe en el que no hay crítica alguna al creciente peso de las pensiones en el gasto público, a la ausencia de presupuestos generales o el pacto para la financiación singular de Cataluña. 

Todas ellas son decisiones de política económica que ponen en peligro la estabilidad de las cuentas públicas y, por tanto, la de la economía en el medio y largo plazo. Entre las funciones del Banco Central español está asesorar al Gobierno y advertir de las políticas públicas que pueden amenazar el crecimiento o desestabilizar los precios. Pero el nuevo gobernador ha preferido evitarlo, poniendo en entredicho la independencia de la institución, que es el pilar sobre el que descansa su credibilidad. 

Tampoco parece haber ayudado mucho al prestigio de la institución que preside el desmantelamiento de su Dirección Económica, precipitada por la salida del economista jefe, Ángel Gavilán, por estar en desacuerdo con la mutilación del reciente informe anual presentado. Ni que en recientes declaraciones cuestionara la capacidad técnica del que todos estos años ha sido el más prestigioso servicio de estudios del país, cuyas radiografías sobre el estado de la economía española han sido siempre un referente para los agentes económicos. Para el exministro, el servicio de estudios de la entidad reguladora no está capacitado para hacer un análisis profundo de las pensiones ni de otras medidas sociales de redistribución al carecer de evidencia propia. 

No parece esta la mejor manera de defender la fiabilidad de una institución tan relevante para la salud financiera del país como es el Banco de España, que es miembro además del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Tal vez es así como entiende este Gobierno la regeneración de las instituciones que prometió al llegar al poder hace siete años. ¿Se trataba entonces de acabar con la independencia de los organismos reguladores suprimiendo todas las funciones que pongan en evidencia la mala gestión del Gobierno? Me temo que de poco puede servir el diagnóstico si ese es el remedio.