¿Por qué es tan lento el declive electoral de Sánchez?

Se atribuye a Giulio Andreotti la frase de que el poder desgasta, pero la oposición desgasta más. No sé si es desgaste la palabra  adecuada, lo cierto es que el poder proporciona, al menos en España, tales medios e instrumentos al partido que está en el gobierno que le concede una considerable ventaja respecto a la oposición en las consultas electorales. La alternancia no es nada fácil. Todos los gobiernos han repetido al menos una vez. González ganó tres veces seguidas las elecciones y gobernó 12 años; Aznar ganó dos y hubiese ganado la tercera si no llega a ser por los atentados del 11-M; Zapatero ganó dos elecciones y también hubiese ganado la tercera a no ser por la crisis económica y su desastrosa respuesta; Rajoy ganó dos veces y fue desbancado del gobierno por una conspiración política antinatural y que rompía todas las reglas hasta entonces previsibles.

Hasta ahora todos los gobiernos han contado con mecanismos que les concedían una situación de preeminencia frente a la oposición. El titular frente al aspirante. Pero la superioridad se ha hecho gigantesca cuando, como en el caso de Sánchez, el gobierno carece de cualquier escrúpulo político y está dispuesto a utilizar todas las herramientas e instituciones del Estado sin ninguna limitación en su propio provecho electoral.

Entre todos estos medios, el dinero público ocupa un puesto preferente. Desde el primer momento, Sánchez mostró su intención de manejar los fondos europeos de recuperación con total discrecionalidad política y sin apenas someterse a controles administrativos. Para ello aprobó, con la incomprensible abstención de Vox, el Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, que le concedía plenos poderes. Así ha dispuesto de estos recursos repartiéndolos según sus intereses, premiando a unos y castigando a otros. Con frecuencia, a los ministros se les escapa una amenaza velada y no tan velada hacia las autonomías, sancionarían económicamente a las que no siguiesen sus instrucciones.

Me temo que algo parecido está ocurriendo con los recursos presupuestarios. La falta de transparencia es total y el Ministerio de Hacienda, un arcano impenetrable guardado celosamente por la titular que no deja hablar a ninguno de sus subordinados con la prensa. Hace unos años difícilmente íbamos a imaginarnos que un gobierno estaría siete u ocho años en el poder aprobando tan solo tres presupuestos, y que se pudiera gobernar cuatro años seguidos con las mismas cuentas públicas. No es preciso insistir en el poderío que concede y por lo tanto la ventaja que otorga disponer sin control de un monto tan importante de recursos y las voluntades que se pueden comprar con tanto dinero.

En el segundo puesto en el escalafón de los medios que dan ventaja a los gobiernos frente a la oposición, se encuentra la prensa. En nuestra sociedad lo que no está en los medios no existe. Y la opinión pública se controla por medio de la opinión publicada. En esta materia todos los gobiernos han contado con una situación de superioridad respecto a la oposición. Los medios públicos siempre han tenido un cierto sesgo progubernamental. El problema es que en esta ocasión Sánchez ha roto todos los límites y cánones, convirtiéndolos en títeres y ridículos fantoches al servicio de sus intereses. En cuanto a la prensa privada, invariablemente ha habido medios y periodistas dispuestos a comportarse como leales cortesanos. Pero en la actualidad Sánchez no ha dudado en ir más allá, en intervenir a través de la SEPI empresas privadas con la finalidad de controlar determinados medios.

«Todos los gobiernos han nombrado al presidente del CIS, pero ninguno ha pretendido como el actual adulterar las encuestas»

El sanchismo ha establecido en el campo de la información, como en tantas otras cosas, dos mundos paralelos, el suyo y el de aquellos que no siguen sus instrucciones. Este último es calificado de máquina del fango y se lanza el mensaje de que todo lo que se publica en él son patrañas, chismes y mentiras. El conjunto forma parte de una conspiración orquestada por la derecha a la que se incorporan los jueces y hasta la Guardia Civil. Paradójicamente, él no tiene el menor impedimento ni escrúpulo en crear en el otro lado del campo, con los medios que controla, todo un espacio de desinformación en el que las falsedades y los bulos son el entramado fundamental, mundo imaginario donde la verdad y la mentira se fijan de acuerdo con las conveniencias del Gobierno. Todo este espacio forma una burbuja cuasi cerrada de manera que a los que se mueven dentro de ella les resulta imposible ver la otra cara de la moneda.

El sanchismo cuenta con una baza adicional que otros gobiernos no se han atrevido a utilizar y es que la desinformación se ha adentrado en el campo electoral y en el económico. Todos los gobiernos han nombrado al presidente del CIS, pero ninguno de ellos ha pretendido como el actual adulterar las encuestas de este organismo, de manera que han dejado de ser un medio de conocer la opinión pública para convertirse en instrumento para transformarla. La cosa es tan llamativa que dentro del mundo ilustrado sus outputs se reciben con total escepticismo, incluso como algo ridículo y grotesco. El asunto es absolutamente descarado y cuesta tanto dinero a los contribuyentes que habría que plantearse si no se está ante un caso claro de malversación.

La desinformación se ha extendido al campo económico. Todos los gobiernos han procurado construir con los datos existentes un relato lo más adornado y positivo posible. El sanchismo hace algo más, siempre que puede, intenta enmascarar y desfigurar la información económica. Lo ocurrido con las cifras de paro o el cese por Calviño del anterior presidente del INE y su sustitución por alguien más acomodaticio genera dudas acerca de hasta qué punto son fiables las estadísticas facilitadas.

Esas mismas dudas se proyectan sobre el Banco de España a partir del nombramiento de Escrivá como gobernador. Es sabido que los informes y estudios del Banco de España y de casi todos los bancos centrales tienen un claro sesgo neoliberal y monetarista, pero hasta ahora nadie dudaba de su rigor en los análisis, fuese cual fuese su orientación ideológica. Eso se ha terminado con el nombramiento del nuevo gobernador, no solo por haber sido ministro sanchista, sino también por su trayectoria profesional en la que ha demostrado sobradamente su incompetencia y el carácter caótico de su gestión.

«El Banco de España se va a convertir en un instrumento más al servicio de los partidos de la coalición Frankenstein»

En el poco tiempo que lleva como gobernador ya ha hecho notorio que el Banco de España se va a convertir en un instrumento más al servicio de los partidos de la coalición Frankenstein, pero es que, además, es muy probable que suma al banco emisor en un proceso de cambios anárquicos de los que le va a resultar muy difícil recobrarse.

El fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, con lo que siempre han existido dudas acerca de su imparcialidad. Y es, se quiera o no, otro instrumento del que dispone el que está en el poder y del que carece la oposición; pero hasta el momento con sus más y sus menos todos han pretendido mantener una cierta apariencia de neutralidad. La cosa una vez más ha cambiado con Pedro Sánchez. No solo porque ha nombrado para ese puesto sin solución de continuidad a su ministra de justicia, sino porque tanto ella como principalmente su sucesor han convertido la Fiscalía General en instrumento para la defensa del Gobierno y de sus aliados, y al mismo tiempo en arma para atacar a la oposición.

Dado el carácter jerárquico de la institución, su colonización política ha traído el descrédito de toda la profesión. El comportamiento ha sido tan descarado que en aquellos casos en los que podía estar implicado el Gobierno o alguien de su entorno la actuación de la Fiscalía se ha identificado con la del abogado defensor. Pero más llamativos son aún los casos en los que el fiscal general se convierte en activista político y utiliza todos los medios de que dispone –parece ser que muchos– para arremeter contra la oposición, incluso manipulando determinados asuntos, y que sirvan de cortina de humo para acallar los casos de corrupción próximos al Gobierno.

El ejemplo notorio de esto último es lo que ha ocurrido con Ayuso y por lo que el actual fiscal general está imputado. El asunto es claro, ante el escándalo de Begoña Gómez, era preciso buscar o crear algo en el otro lado que provoque la apariencia de equilibrio o al menos desvíe durante algún tiempo la atención de la corrupción propia. Pues bien, he aquí que alguien hace llegar a García Ortiz que el novio de Ayuso tiene problemas con Hacienda y que la Agencia Tributaria lo manda a la Fiscalía para que sea acusado de delito fiscal. El caso es uno más de los que se suelen solucionar mediante un acuerdo entre el fiscal y el contribuyente y que solo llegan a juicio cuando los acusados se niegan a pactar y prefieren pleitear. Lo insólito en esta ocasión se sitúa en la intervención del fiscal general abortando cualquier acuerdo, para filtrar después a la prensa papeles que tenía la obligación de mantener en secreto.

«La violación del secreto profesional ha llevado a García Ortiz a la imputación, pero peor es negar al contribuyente la posibilidad de pacto»

Desde el punto de vista penal, la violación del secreto profesional es la que ha llevado a García Ortiz a la imputación, pero a mí me parece más grave denegar a un contribuyente la posibilidad de pacto que se concede a todos los otros acusados de delito fiscal. Esta postura es tanto más condenable cuando la única razón es poder utilizar el tema políticamente contra la oposición.

Que conste que estoy en contra de esa costumbre, que casi se ha convertido en norma, de solucionar los procesos por defraudación mediante acuerdos entre los acusados y la Fiscalía. Todo termina con un desembolso monetario, que por muy elevado que sea, puede no ser para los grandes contribuyentes motivo suficiente de disuasión. Desnaturaliza la finalidad del delito fiscal que es añadir a la sanción económica la pena de privación de libertad, lo que sí puede constituir una amenaza sobradamente fuerte para que los grandes defraudadores se lo piensen. Pero dicho esto, lo que resulta indigno y totalmente censurable es que por motivos políticos no se aplique a un contribuyente lo que se ofrece a los demás.

Algo parecido ha ocurrido cuando asuntos que estaban totalmente archivados, como las muertes en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, se retoman únicamente por mandato expreso del fiscal general, sin que esa orden se haya extendido a ninguna otra Comunidad.

En la actualidad, dado el sectarismo mostrado por la parte mayoritaria del Tribunal Constitucional, esta institución se ha convertido en una de las bazas más importantes del Gobierno. Le garantiza la posibilidad de saltarse la Constitución cuando lo crea conveniente, al tiempo que podrá eludir las sentencias del Tribunal Supremo alegando violación de derechos fundamentales. No siempre ha sido así. Baste recordar que un Tribunal Constitucional de mayoría progresista anuló varios artículos del Estatuto de Cataluña, obra querida de Zapatero y Maragall.

«Sánchez, con solo 85 diputados y mediante pactos que entonces parecían repulsivos y contra natura, logró hacerse con el gobierno»

Todo lo anterior da respuesta quizás a una pregunta que muchos nos llevamos haciendo desde hace largo tiempo. ¿Cómo es posible que después de siete años de desafueros y aberraciones el desgaste del sanchismo, según las encuestas, sea un proceso tan pausado? Al menos en España, la alternancia es muy lenta.

El antes y el después de la moción de censura constituye tal vez el fenómeno que exprese mejor el cambio que se produce entre estar en el gobierno y en la oposición. Sánchez, con solo 85 diputados y mediante pactos y alianzas que entonces parecían repulsivos y contra natura, logró hacerse con el gobierno. Pensé entonces, ¡ingenuo de mí!, que acuerdos tales conducían a su muerte política. Todo lo contrario. Se produjo un giro de 180 grados. Una vez en el gobierno, todo fueron alabanzas y loas, «el gobierno bonito», lo que contrastaba con lo que se decía antes de la moción de censura. Incluso, en las siguientes elecciones Sánchez obtuvo 123 diputados, 38 más que los que tenía antes. Claramente, Orwell tenía razón: la historia la escriben los vencedores. Y cuesta mucho que estos dejen de serlo.