'Cerdanadas' constitucionales

La crisis constitucional que las políticas sectarias del actual Gobierno han provocado era tan previsible como inevitable. Recién encaramado al ejercicio del poder tras haber perdido las elecciones, Sánchez apuntó maneras que anunciaban estaba dispuesto a consumar el mayor crimen social y político que un gobernante democrático puede perpetrar: enfrentar a los ciudadanos y dividir a la población con un discurso guerracivilista. Habida cuenta del desordenado apetito de poder que ha demostrado, su confesado propósito era pasar a la Historia, cosa que desde luego ya ha conseguido, aunque no como él ambicionaba.

El sanchismo y sus secuaces están destruyendo la convivencia civil, arruinando la Constitución y amenazando la supervivencia del socialismo democrático en nuestro país. Por si fuera poco, lo hacen en nombre de un gobierno autoproclamado progresista que solo se sostiene gracias al apoyo de nacionalismos identitarios, con raíces xenófobas y supremacistas, cuando no herederos de los frutos de la violencia terrorista contra el Estado democrático. 

La última aventura en esta cabalgada de las instituciones del Estado hacia el vacío moral y político la ha protagonizado el Tribunal Constitucional con su resolución sobre la Ley de Amnistía. Una norma pactada y redactada por sus propios beneficiarios, en complicidad con un sedicente socialista hoy encarcelado, acusado de corrupción y elogiado hace solo unos días públicamente hasta el extremo por el presidente del Gobierno, su vicepresidenta y número dos del partido, el expresidente Zapatero y el portavoz parlamentario. Por lo visto, todos ellos, sus jefes directos, sus amigos y compañeros de fatigas, son tan idiotas que no sabían nada de lo que andaba haciendo desde hace más de diez años. Eso sí: disfrutaron sin preguntar de los beneficios de las cerdanadas. (¡Qué ajustado término para definir las actividades de semejante individuo!)

Desde que se promulgó, la Ley de Amnistía fue rechazada por un amplísimo número de expertos constitucionalistas, catedráticos y líderes de opinión de reconocida solvencia y probada rectitud moral. La consideraban, la siguen considerando, anticonstitucional. El propio presidente del Gobierno hizo ostentosas declaraciones a ese respecto y su ministro de Justicia lo firmó así por escrito en el Boletín Oficial del Estado. Este, miembro ahora del Tribunal Constitucional, se ha abstenido de defender su criterio ante sus compañeros, en una actitud que en nada le honra.

Ninguna de esas opiniones, fruto de la honestidad intelectual, parecen haber inquietado lo más mínimo a los redactores de la resolución aprobada. Y su presidente ni siquiera ha intentado promover un consenso en la propia institución, algo que hubiera permitido cuando menos ofrecer una imagen de profesionalidad e independencia a la hora de redactar el fallo. La ponente del mismo es persona de indudable capacidad profesional, aunque su currículo no la avala como experta en derecho constitucional o político, sino en la lucha contra la violencia de género. Eso explica la extrañeza, también la indignación, de muchos constitucionalistas y politólogos, y de simples ciudadanos de a pie con sentido común, sorprendidos por la arbitrariedad de la sentencia y los insólitos razonamientos que de ella se desprenden.

“La mayoría de los guardianes de nuestra Ley de Leyes consideran normal que la amnistía haya sido redactada por sus beneficiarios”

Según leo, “deben descartarse ab initio las alegaciones sobre la finalidad de la ley”, porque una cosa son “las motivaciones, razones o transacciones políticas que llevaron a su aprobación, y otra muy distinta lo que la norma es”. Semejante declaración recuerda la de otro pretendido visionario que también aseguraba estar del lado correcto de la Historia: “La Constitución establece sólo el marco del conflicto; no especifica el objetivo”, decía en un famoso “juramento de la legalidad” ante los tribunales. De forma similar, la motivación del fallo sobre la amnistía se basa en que las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último no constituyen objeto del control del Tribunal pues “una cosa es el fin de la ley y otra la intención última de sus autores”.

Por lo demás exhibe en su favor la excusa de que la norma en cuestión “trata de contribuir a la reconciliación y la normalidad y rebajar la tensión política existente en Cataluña” argumento difícil de suscribir a estas alturas y que, en cualquier caso, es inservible para un tribunal que presume de emitir resoluciones sobre las leyes aprobadas y no sobre la finalidad política de las mismas. De modo que la mayoría de los guardianes de nuestra Ley de Leyes consideran lógico y normal que la amnistía misma haya sido redactada y condicionada por sus propios beneficiarios; y que las leyes y decisiones políticas de alto calado estén sometidas al chantaje de un politiquillo fugitivo de la justicia que escapó de la misma como cualquier otro delincuente, escondido en el maletero de un coche.

Un último argumento en contra de la constitucionalidad de la ley tampoco ha sido tenido en cuenta, a pesar de ser un clásico de la jurisprudencia desde que esta existe: A maiori ad minus y A minore ad maius. Viene a decir que en derecho y en justicia el que puede lo más puede lo menos, pero también que si se prohíbe lo menos está igualmente prohibido lo más. Vetados expresamente los indultos generales en la Constitución, con mayor razón debería haber sido declarada anticonstitucional la amnistía.

El propio Sánchez lo aseguró así antes de necesitar para obtener su esperpéntica investidura los votos parlamentarios controlados por el fugado delincuente. Este es el motivo real por el que la ley obtuvo mayoría en el Congreso, que no en el Senado, pero ya queda dicho que el objetivo de la ley misma no es lo que el Tribunal Constitucional debe interpretar según sus integrantes, sino solo el lenguaje legal, y el leguleyo, en el que se han basado quienes apoyaron la medida. Indulto y amnistía son instituciones diferentes, declaró la autora de la ponencia para tratar de explicarlo. También son animales distintos un perro y un oso. El gran jurista Recaséns Siches, republicano exiliado tras nuestra guerra civil, explicó a su regreso a España y en su primera clase en la Universidad la anécdota de un polaco que pretendió subirse al tren con un oso de su propiedad. El revisor se lo impidió enseñándole un letrero que rezaba: Prohibido entrar con perros en el andén. El individuo arguyó que su animal de compañía era un oso y no un can, pero el revisor aplicó el sentido común y le prohibió embarcar.

«El Constitucional ha ganado para el presidente Sánchez una batalla de consecuencias desastrosas para la convivencia»

El Tribunal Constitucional ha ganado para el presidente Sánchez una batalla de consecuencias desastrosas para la convivencia española gracias al bombardeo de una sentencia de más de 200 páginas en las que se vulnera el lenguaje claro y comprensible para cualquier ciudadano, consciente de sus derechos pero no jurisperito. Y, lo que es peor, se desprecia la voluntad misma de los diputados constituyentes como Virgilio Zapatero, que es a quien debo la anécdota del oso. Ya explicó Ortega y Gasset que el sentido común, del que echó mano el revisor para impedir viajar en tren al oso, es el menos común de los sentidos. 

Lamento comprobar que severos y respetados árbitros de nuestro Tribunal de garantías parecen haberlo perdido de manera catastrófica. Menos mal que nos quedan jueces y juezas solventes que no dudan en acusar a los aventureros de la política sospechosos de cometer fechorías: ni en condenarles si hay pruebas en su contra. Aplican, entre otras cosas, un principio democrático ineluctable: el fin no justifica los medios. Pero los medios tampoco justifican solo por sí mismos el fin.

Para terminar, debo advertir que la frase antes citada (la Constitución establece solo el marco del conflicto, no especifica el objetivo) forma parte del juramento de legalidad de Adolf Hitler ante los tribunales en 1930 en Leizpig. La cita Juan José Linz en su libro La quiebra de la democracia. Y añade también el final de la declaración del futuro Führer: “Penetraremos las organizaciones legítimas y de esta forma haremos de nuestro partido el factor decisivo. Para hacerlo, una vez que tengamos el derecho constitucional, moderaremos naturalmente el Estado según el molde que consideremos adecuado”. Nazis, fascistas y comunistas aprendieron la lección. Todavía perdura en la Venezuela de Maduro y de Rodríguez Zapatero.