Sánchez ya no engaña a nadie

El Informe 2025 sobre el Estado de derecho publicado este martes por la Comisión Europea no puede dejar indiferente a ningún demócrata. Desde que existe este informe, este es, con diferencia, el más duro con España. Y, por desgracia, su resultado nos sitúa a la cola de la UE en respeto al Estado de derecho. 

Sin matices ni cortapisas, el Informe incluye toda la lista de las vergüenzas de este Gobierno: investigación abierta a la amnistía en la justicia europea, control de RTVE, imputación del fiscal general del Estado, amputación de la acción popular, corrupción endémica… la verdad es que no se han dejado ninguna de las denuncias que la oposición y la sociedad civil llevamos ejerciendo todo el año. Y es de agradecer, pues significa que los defensores de la democracia liberal en España contamos con Europa de nuestro lado. 

En perspectiva, el incremento progresivo de recomendaciones a España en lo últimos años revela con claridad cómo nuestro país se está alejando de los estándares europeos de salud institucional. 

En primer lugar, la inclusión en este informe de la imputación del fiscal general del Estado por presuntas filtraciones es algo más que una mancha para nuestra imagen internacional. Es una vergüenza que perfectamente se podría haber evitado. Si García Ortiz hubiera dimitido a tiempo, España se habría ahorrado esta bochornosa mención en un informe europeo que examina nada menos que el funcionamiento básico de nuestras instituciones democráticas. Está mal que Sánchez crea que la Fiscalía depende de él, pero está peor que encima no ejerza esa dependencia de la que presume para hacer dimitir a un señor que debería trabajar para todos los españoles y al que han pillado trabajando ilegalmente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Tampoco hay margen para la ambigüedad en materia judicial. Aunque se logró renovar el Consejo General del Poder Judicial gracias al compromiso del PP con el funcionamiento de la justicia, la reforma para adaptar el sistema de nombramientos a los estándares europeos sigue sin completarse. Y eso es responsabilidad exclusiva del ministro Bolaños. Mientras tanto, el propio CGPJ y las asociaciones de jueces denuncian la deslegitimación del poder judicial, incluyendo las cada vez más habituales declaraciones de miembros del Gobierno contra miembros de la justicia, buscando socavar públicamente su independencia. Así lo dice desde hoy también Europa, no solo el Partido Popular.

En el capítulo de corrupción, el retrato es desolador: España figura entre los países de la UE con peor percepción ciudadana (89%) y empresarial (87%) sobre la integridad pública. Pese a ello, el Gobierno ni siquiera ha iniciado el desarrollo de la Estrategia Nacional Anticorrupción, exigida por ley desde hace casi un año. Bruselas es clara: la ausencia de una estrategia coordinada provoca fragmentación, debilita el control institucional y da oxígeno quienes actúan al margen de la legalidad. Y no, no están pidiendo autoauditorías como ha anunciado Pedro Sánchez.

Por si fuera poco, la controvertida Ley de Amnistía —ya aplicada a más de 300 personas implicadas en el procés sin que todavía sepamos si es compatible con el derecho europeo— está siendo examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su posible vulneración de principios fundamentales del derecho comunitario. Aunque el Gobierno insista en defenderla con entusiasmo, en la Comisión Europa hay preocupación por una norma que ya anteriormente han definido en sus alegaciones en este procedimiento abierto como una «autoamnistía» alejada de los criterios fijados por la Comisión de Venecia para este tipo de medidas de gracia y que puede chocar con el Artículo 2 del Tratado de la UE.

Y qué decir de la libertad de prensa. La politización de RTVE se ha convertido en un clásico dentro de este documento, que también recoge los crecientes ataques a periodistas que no comparten la línea oficial de Pedro Sánchez. En este caso, solo haría falta un poco de educación y de sentido democrático para en España que se dejase de señalar periodistas como nos pide la Comisión. Sin embargo, parece que para ministros como Óscar Puente esta contención y respeto debidos es misión imposible.  

Por último, la Comisión también refleja dentro de sus preocupaciones la llamada Ley Begoña y el proyecto de reforma del sistema de justicia de Bolaños. En el primer caso, por la intención de limitar «una herramienta histórica de los ciudadanos para perseguir la corrupción» como el propio Ejecutivo europeo define nuestra acción popular. Y, en segundo lugar, por las dudas que genera una reforma de la que el Gobierno saca pecho el mismo día que las asociaciones de jueces y fiscales son recibidas por todos los grupos políticos europeos en Estrasburgo, salvo por del que forma parte el Partido Socialista.  

En resumen, en Europa ya nadie duda de quién es Pedro Sánchez. Un presidente en tiempo de descuento cuyo único mérito -el único desde el principio- es resistir a toda costa. Incluso cuando ello implica sobreponer sus intereses a las instituciones españolas y su prestigio internacional. Si esta Comisión alguna vez dudo de las bondades del sanchismo, ahora quedan despejadas todas las dudas: ni la vicepresidencia de Ribera ha logrado ahorrarles este bochorno. 

España merece una democracia fuerte, transparente y con instituciones independientes. No podemos resignarnos a que la Comisión Europea tenga que recordarnos, año tras año, lo que significa el Estado de derecho. Solo hace falta voluntad, respeto institucional y sentido democrático. Pero para este Gobierno, parece ser mucho pedir.