Panfleto de Sánchez contra la corrupción

Después de todo lo que está cayendo y tras siete años de Gobierno, Sánchez acude al Congreso no para dar explicaciones, sino para presentar lo que denomina un plan de lucha para la corrupción. Los planes de Sánchez los carga el diablo, ya que están hechos para conseguir lo contrario de lo que dice. Tras los cinco días de ejercicios espirituales, habló de un plan de acción por la democracia, aunque realmente pretendía lo opuesto. Consistía en coaccionar a los jueces y atacar la división de poderes, amenazar a la prensa y reprimir el derecho de información. Ahora, con toda la cara, ante la ola de corrupción en la que está inmerso, nos viene a decir que cuenta con el bálsamo de Fierabrás para evitarla, que posee la solución, que va a plantear 13 medidas prodigiosas.

El plan es un panfleto, improvisado, sin ninguna consistencia y que no puede por menos que hacernos reír. Se notan la falta de información y el desconocimiento de los que han elaborado el documento. No obstante, haríamos mal en infravalorarlo porque junto a medidas que ya están en vigor y otras que resultan inútiles se encuentran algunas totalmente contraproducentes, es decir, aquellas que el sanchismo pretende utilizar para tener las manos aún más libres.

A fin de dar al papel una pátina de seriedad y una mínima credibilidad, Sánchez se ha refugiado en algunas observaciones de la OCDE. Después del informe muy negativo de la Unión Europea sobre la corrupción en España, ha buscado climas más confortables. La OCDE es una organización que agrupa a 38 países muy heterogéneos; algunos, bastantes, con administraciones más incompetentes y con controles más débiles que los de España. Es absurdo pretender importar de esta organización instituciones, reglas y procedimientos, cuando quizás sean más rudimentarios que los nuestros. La misma organización se ha adelantado a desmentir a Sánchez afirmando que se ha limitado a dar algunos consejos, pero que de ninguna forma es la coautora del plan, tal como Sánchez ha pretendido trasladar.

Instituciones y procedimientos sobran en España. Lo que hace falta es que los políticos no interfieran en ellos, no pongan obstáculos ni pretendan controlarlos. Es decir, precisamente dejar de hacer lo que el sanchismo ha venido realizando durante estos siete años. Y dicho de otra manera, el mejor plan contra la corrupción es andar en dirección contraria a la que hasta ahora ha seguido Sánchez. No se necesita crear ninguna institución, organismo, ni agencia. Lo que se precisa es potenciar los existentes.

Puestos a hacer un plan contra la corrupción, hagamos el nuestro. Comencemos por mejorar la judicatura. Coincidiremos en que, a pesar de los pesares, nuestro sistema es bastante completo, muy garantista y con todo tipo de recursos jurídicos, de modo que hace difícil la parcialidad. Sus defectos, cuando los hay, nacen, por una parte, de la carencia de medios y, por otra, de las injerencias del poder político.

«El sanchismo ha asumido las tesis independentistas sobre el ‘lawfare’ y ha desplegado una ofensiva contra los jueces»

En 1985 se tomaron dos medidas lesivas. La primera, autorizar el acceso a la carrera judicial por el cuarto turno; la segunda, la modificación realizada en la forma de designar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas han colaborado a la posible politización de los jueces. Revertirlas serían dos buenas decisiones para incluir en nuestro plan, pero precisamente las pretensiones del sanchismo se encaminan en dirección opuesta. Buena prueba de ello es la oposición radical que ha mantenido a cambiar el método de elección de los miembros del CGPJ y la ley que pretende aprobar Bolaños, que ha levantado en armas a jueces y a fiscales (quien lo desee puede leer mis artículos publicados en este diario los días 25 de junio de 2024 y 11 de febrero de 2025 titulados respectivamente Abordaje al poder judicial y Jueces por el dedo).

El sanchismo ha asumido las tesis independentistas sobre el lawfare y, al verse inmerso en continuos procesos, no ha dudado en desplegar una ofensiva generalizada contra los jueces acusándoles reiteradamente de parcialidad y prevaricación, a pesar de que una y otra vez todos los recursos y las denuncias fracasaban. Presentar después un plan contra la corrupción no deja de ser el mayor fariseísmo.

Y es pura hipocresía afirmar que se va a combatir la corrupción cuando se ha colocado en el puesto de fiscal general del Estado a uno de los más sectarios, transformando la Fiscalía en un arma política contra el adversario y en abogado defensor en los casos en los que el Gobierno, sus familiares o adláteres se están viendo inmersos.

Hasta ahora, un instrumento eficacísimo frente a los delitos ha sido la Fiscalía Anticorrupción. De momento, los fiscales que la componen se han resistido a las presiones del fiscal general. Pero por eso mismo los sanchistas pretenden neutralizarla. Primero, parece ser que lo han intentado mediante las cloacas de la fontanería de la Moncloa, buscando trapos sucios de sus integrantes con los que chantajearles o desautorizarles; y segundo, creando dos salas nuevas con fiscales jefes, próximos al fiscal general y mucho más complacientes, que van a vaciar de competencias a la Fiscalía Anticorrupción. El culmen de la impostura es que el Gobierno en el plan que presenta, coloca la creación de estas dos salas entre el catálogo de medidas que, según dice, ha tomado en el pasado contra la corrupción.

«Uno de los factores que más pueden contribuir a la corrupción es la composición y la conducta del Tribunal Constitucional»

Quizás en estos momentos uno de los factores que más pueden contribuir a la corrupción es la composición y la conducta del Tribunal Constitucional (TC), órgano político cuyo comportamiento constituye garantía de que en última instancia la mayoría de sus componentes, bajo la batuta de Conde Pumpido, están dispuestos a dejar sin valor las sentencias de los tribunales. Los corruptos, si juegan en el equipo del Gobierno, pueden depositar en ellos sus esperanzas de salir, al final, totalmente liberados. Véase lo que ha ocurrido con los ERE de Andalucía y lo que con toda probabilidad va a suceder con los condenados por malversación en el procés.

Uno de los elementos más grotescos del plan, pero que al mismo tiempo más han publicitado, es la creación de una agencia nueva para la persecución de la corrupción. Se ha dicho siempre que cuando no se quiere resolver un problema se crea una comisión al respecto. Sánchez crea un chiringuito. Que para lo único que sirve es para colocar a los amigos.

Desde hace mucho tiempo, el sector público español ha contado con dos instituciones orientadas al control del gasto público. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas (TdC). La primera acaba de celebrar sus 150 años de historia y la creación del TdC se remonta aún más atrás en el tiempo. Ambas instituciones cuentan con miles de funcionarios y una estructura y procedimientos probados y perfeccionados a lo largo de los años. Pensar que un tingladillo de nueva creación puede sustituirlas es ignorancia o ganas de introducir confusión en el tema, para obtener un resultado contrario al que se pretende. Minimizar -que no erradicar (cosa imposible)- la corrupción pasa por potenciar ambas instituciones, corregir defectos donde los haya y sobre todo incrementar su independencia.

El TdC que, en principio, al ser un control externo tendría que ser el órgano más independiente, se encuentra desde los comienzos de la Transición bastante condicionado, al igual que el TC y el CGPJ, por la forma de elección de los consejeros. En esta institución, los nombramientos vienen repartiéndoselos, seis y seis, entre el PP y el PSOE. Ello ha conducido a que ningún asunto que afecte a alguna de estas dos formaciones políticas pueda salir adelante y también a que su actuación frente a las autonomías, a pesar de tener competencias en todas ellas, haya sido muy reducida. Todas, pero especialmente aquellas que cuentan con movimientos independentistas, son muy reacias a cualquier intromisión. La mayoría de ellas han creado su propio tribunal de cuentas autonómico para manejarlo a su modo. Preguntémonos, por ejemplo, dónde ha estado todo este tiempo la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

«La corrupción ha surgido en mayor medida en aquellas administraciones donde el poder político está más cerca del órgano de control»

Recientemente el Gobierno ha mostrado mucho interés en nombrar consejeros en los puestos que habían quedado vacantes en el TdC. La razón apareció de forma evidente en cuanto Pablo Casado accedió a su nombramiento. Contra toda lógica y sentido común, el tribunal cambió de criterio y aceptó que un organismo público, el Instituto Catalán de Finanzas, avalase a los 34 exaltos cargos de la Generalitat –entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC ,Oriol Junqueras–, a quienes se les reclamaba 5,4 millones de euros por el dinero gastado entre 2011 y 2017 para promocionar el procés en el extranjero. Una institución pública avala la deuda contraída por defraudación, y tiene el respaldo del TdC. Increíble.

Es posible también que el TdC sufra ataques a su ecuanimidad por otro camino, el de su Fiscalía. Esta depende del fiscal general del Estado, que puede presionar para que los procedimientos se informen de una u otra manera. Preguntémonos qué ha sido del expediente contra Illa por los contratos fallidos de mascarillas.

La IGAE tiene en principio una limitación y es que sus funciones se realizan exclusivamente en el ámbito estatal. A la hora de constituir las autonomías, seguramente bajo la presión de los partidos nacionalistas, se optó por que el control interno estuviese descentralizado y que cada comunidad, al igual que las administraciones locales, tuviese su propia Intervención. Según ha ido pasando el tiempo, tal como hemos señalado respecto del TdC, los gobiernos autonómicos se han hecho reacios a cualquier injerencia externa. Resulta absurdo proponer ahora una agencia con competencias en todas las comunidades y ayuntamientos. Su misión sería imposible tanto por el volumen de tareas a realizar como por la oposición de las comunidades o porque su prometida independencia sería una farsa.

Resulta bastante evidente que la corrupción ha surgido en mayor medida en aquellas administraciones donde el poder político está más cerca del órgano de control y, por lo tanto, su influencia es mayor. Sin duda, en este ránking los primeros son los ayuntamientos, en los que la proximidad del interventor al alcalde y al consistorio es casi total y, como consecuencia, su capacidad de autonomía resulta mínima. Es verdad que se ha mantenido la necesidad de la pertenencia a un cuerpo nacional, pero ello deja un gran margen a las autoridades municipales para el nombramiento y la coacción. Incluso Sánchez está dispuesto a eliminar este requisito en cuanto que acaba de transferir, sin que apenas haya tenido repercusión en la opinión pública o publicada, tal competencia al País Vasco.

«Si de verdad se quiere luchar contra la corrupción, dejemos de proyectar agencias fantasmas»

Las siguientes en el escalafón son las comunidades autónomas. Resulta innegable que buena parte de casi todos los escándalos con mayor difusión han surgido en ellas, desde el 3% en Cataluña a los ERE en Andalucía, pasando por Madrid, Navarra o Valencia. Si de verdad se quiere luchar contra la corrupción, dejemos de proyectar agencias fantasmas y legislemos para incrementar la independencia de las intervenciones tanto en las administraciones locales como en las autonómicas.

En la administración central la autonomía de cada interventor es mayor, ya que no depende del órgano al que fiscaliza (ministro, presidente del organismo etc.), sino del interventor general que, a su vez, funcionalmente depende solo del Consejo de Ministros. Ello no quiere decir que no sea preciso incrementar su independencia ni que todos los gobiernos hayan concedido a la IGAE y a sus funciones la misma importancia y autonomía. Como es lógico, su relevancia e influencia han estado en proporción directa con la calidad del Estado de derecho que ha mantenido cada régimen o cada gobierno. (Quien lo desee puede leer mi artículo en este diario del 6 de noviembre de 2024, titulado La IGAE, 150 años de existencia). En esta etapa sanchista la IGAE parece haber desaparecido. Claro que es mejor estar oculto que ser obligado a asumir a menudo el papel de colaborador del régimen, tal como ocurre con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía.

El riesgo mayor que acecha al control del gasto público y por lo tanto a la lucha contra la corrupción en la administración central, pero también en la local y autonómica, es lo que se ha llamado la huida del derecho administrativo, es decir, una tendencia centrífuga que tiende a separar partes de la administración como agencias o entes públicos, libres de los procedimientos y controles impuestos con generalidad a la función pública, y ausentes de una intervención delegada. Es en estas entidades y en las empresas públicas donde el peligro de corrupción es mayor. En este ámbito tiene especial importancia la revisión de la normativa sobre contratos del Estado y sobre subvenciones. Sobre todo, habría que garantizar que no quede excluida de su ámbito de aplicación ninguna entidad, sea cual sea la forma jurídica que adopte.

El culmen de la desvergüenza aparece cuando como segunda medida se introduce en el plan extender a todo el sector público los procedimientos y métodos de control aplicados a los fondos europeos de la Next generation, cuando el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, no solo dejó el reparto de estos recursos sin ningún control político, sino que además minimizó drásticamente los controles administrativos, convirtiendo, por ejemplo, la fiscalización previa en algo puramente testimonial.

El plan de Sánchez es un panfleto y un ejercicio enorme de hipocresía solo comparable al protagonizado por María Jesús Montero cuando va de pueblo en pueblo gritando que mientras en la Moncloa y en el Ministerio de Hacienda haya un socialista no se beneficiará a una autonomía frente a otras. ¿Ignorancia? Seguro. ¿Cinismo? Innegable. Pero la frase hasta cierto punto es verdadera, porque ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Hacienda tienen nada que ver con el socialismo.